Así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con ello se traspone la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales, y que además se simplifica el procedimientoadministrativo, «mejorando la protección de medio ambiente».

La vicepresidenta aseguró que se trata de una «política más atractiva y ambiciosa» mediante un tratamiento integrado de prevención y control de contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo; la gestión de los residuos; la prevención de accidentes y la eficiencia energética.

«Es lo que se llama autorización medioambiental integrada«, precisó la vicepresidenta, que añadió que el proyecto reduce el plazo para otorgar o denegar la correspondiente autorización a nueve meses.

Sáez de Santamaría agregó que esto permite una mayor simplificación administrativa porque se redujeron muchos trámites en el procedimiento, «sin merma de las garantías y que, fundamentalmente, permite agilidad en sectores como el industrial».

Al mismo tiempo, añadió que incluye una legislación «más exigente» desde el punto de vista de la protección medioambiental mientras se introducen mecanismos que agilizarán la concesión o denegación de la correspondiente autorización a las empresas.

Concretamente, indicó que la nueva ley afectará a 6.100 instalaciones industriales, más que la normativa anterior, como refinerías, cementeras o siderúrgicas. Para alcanzar un «elevado nivel de protección del medio ambiente», se supedita la puesta en marcha de estas a la obtención de un permiso escrito, la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Por otro lado, se suprime la necesidad de aportar la documentación que ya está en poder de la administración en los procesos de revisión y se suprime el deber de renovar la autorización cada 8 años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.

La principal novedad derivada del nuevo marco comunitario sobre emisiones industriales es el reforzamiento de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles.

La norma no solo mantiene los estándares de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.

Todas las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) existentes deben adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva. Para ello, se establece en una disposición transitoria el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.

Por último, se introdujeron mejoras en la información y en la comunicación de datos entre las administraciones y los titulares de las instalaciones y se mejoró la información pública.

Antes de su remisión a las Cortes Generales, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación recibió el informe favorable del Consejo de Estado.

Finalmente, fue sometido a participación pública, a la consulta de las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios.