España responderá a la «arbitraria» expropiación de YPF con «medidas contundentes» hacia Argentina

Además, el Ejecutivo, que contará con el apoyo y la colaboración de sus socios europeos en este asunto, pidió que «por vía de urgencia se discuta esta medida en el pleno que tiene lugar en Estrasburgo».

Por lo pronto, Margallo volvió a convocar para este martes al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, para abordar la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso una Ley para nacionalizar el 51% de la filial de Repsol. Bettini ya fue convocado el pasado viernes para expresarle su queja ante los rumores que ahora se materializaron. La reunión tendrá lugar mañana al mediodía en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

García-Margallo y el titular de Industria y Energía, José Manuel Soria, comparecieron en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para valorar una decisión del Ejecutivo Kirchner que calificaron de «arbitraria, extravagante y sin precedentes entre unos países con unas relaciones tan antiguas como España y Argentina», algo que rompe el «clima de cordialidad y amistad» que presidía las relaciones entre ambos países. De hecho, el ministro recordó que España siempre acudió en ayuda de Argentina «en sus peores momentos».

La comparecencia de los ministros se produjo tras la reunión de urgencia que mantuvieron en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En dicha comparecencia, Margallo manifestó en tono solemne y a modo de resumen, que la decisión del país sudamericano es «una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica entre los países amigos».

Sáenz de Santamaría ya apuntó el viernes que el gabinete de Rajoy contemplaba varias medidas de respuesta si Argentina decidía nacionalizar la filial española YPF y desveló que el Ejecutivo tenía desplegada una acción internacional para recabar apoyos y evitó dar pistas sobre las medidas al considerar que «no se anuncian, sino que directamente se adoptan».

Soria, encargado de las negociaciones directas en las últimas semanas con el Gobierno de Fernández de Kirchner, aseguró que se rompió un acuerdo verbal suscrito el pasado 28 de febrero cuando las representaciones de ambos gobiernos se reunieron y acordaron que cualquier tipo de diferencia en relación a la empresa YPF debía ser resuelta amistaosamente por los grupos de trabajo que ambos gobiernos constituyeron. Sin embargo, cuando el ministro contactó de nuevo con el Gobierno de Argentina para pedir que se fijara día y hora para el comienzo de las conversaciones, «nunca hubo respuesta».

«Es una decisión hostil contra Repsol y por tanto contra España, y el Gobierno de España actuará en consecuencia», explicó el titular de Industria, que añadió que «trabaja desde esta tarde en medidas que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días». En este sentido, fuentes diplomáticas aseguraron que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja para responder a Argentina con medidas que afectarán previsiblemente al volumen de importaciones desde Argentina.

Precisamente, Rajoy afirmó por la mañana que el Ejecutivo defenderá «como propios» los intereses de las empresas españolas allí donde operen, sin hacer referencia explícita a Repsol, y que «el Gobierno va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de nuestro país».

De esta forma, los ministros explicaron que la decisión «conjunta» que tome el Gobierno de Mariano Rajoy para responder a Argentina se llevará a cabo sabiendo que hay otras empresas en el sector financiero, de las telecomunicaciones y energético que tienen intereses e inversiones en el país sudamericano. «Esperemos que este clarísimo gesto de hostilidad hacia una empresa española no sea el principio de una escalada que solo contribuiría a agravar más una situación ya gravísima», reconoció Soria.

«Es una medida extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino y quiebra el clima de confianza necesario para traer los ahorros e inversiones hacia Argentina», el ministro de Asuntos Exteriores.

Margallo reconoció que no recuerda un precedente de estas características en su «larga experiencia» en la política exterior y censuró a Argentina al entender que la expropiación de YPF es una «medida extravagante» que se llevó a cabo con «manu militari».

A continuación, el titular de Exteriores acusó a Argentina de perjudicar a millones de pequeños accionistas e inversores independientes y recordó que el 32% de los casos de conflicto llevados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) «corresponden al actual Gobierno de Argentina». «Cuando se rompen las reglas del diálogo y la negociación cualquier temor es fundado», enfatizó.

Soria también detalló la cronología de las últimas semanas en relación a la expropiación de YPF desde que en la cumbre bilateral entre España y Polonia, el pasado 12 de abril, España supiera de la «inminente» decisión del Gobierno de Kirchner.

El titular de Industria justificó sus declaraciones posteriores de que el conflicto se estaba encauzando a tenor de lo que le expusieron las autoridades del país sudamericano para solucionar «cualquier diferencia» por la vía del diálogo. «Queríamos creer que se estaban encauzando, pero solo 36 horas después hemos visto que la decisión era otra», lamentó Soria, que reiteró que «habrá consecuencias y que se van a traducir a lo largo de los próximas días».

El anuncio de nacionalización de YPF cogió por sorpresa al Gobierno español. De hecho, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, que intercedió por Repsol ante las autoridades argentinas, recibió la noticia durante una comparecencia en el Parlamento e indicó que se trata de «una decisión muy personal del Gobierno argentino» y que el Ejecutivo español no se va a quedar de brazos cruzados ante una decisión que fuentes diplomáticas califican de «impresentable» tanto por el fondo de la cuestión como por las formas en que se anunció.

Después de reunirse con Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, adelantó que la respuesta que prepara el Gobierno de España a la decisión del Ejecutivo argentino sobre YPF contará con el apoyo de sus socios en la Unión Europea.

Cospedal manifestó su convencimiento de que la respuesta de España «será la más adecuada para defender los intereses nacionales y los de las empresas españolas en el extranjero».

Agregó al respecto que en la iniciativa que adopte el Gobierno español «vamos a estar acompañados, como ya lo estamos, de nuestros socios europeos«, así como que será una respuesta que va a recibir no solo el apoyo de nuestros socios sino también de socios a otros niveles».

En su opinión, «el comportamiento de los gobiernos tiene que ser el más acorde con las convenciones internacionales y, en este sentido, el Gobierno de España dará la correspondiente contestación».

Rubalcaba apoya al Gobierno y a Repsol ante la situación de YPF

Asimismo, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó su apoyo al Gobierno ante las decisiones que adopte tras la intervención de YPF por parte de Argentina y habló con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para trasladar también su apoyo a esta compañía.

«Como ya ha dejado claro en los últimos días, el PSOE respalda al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas«, añadieron las mismas fuentes.

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, garantizó el apoyo de su partido al Gobierno para que tome medidas «enérgicas, prudentes, responsables e inteligentes» en relación con la crisis generada por la nacionalización de YPF en Argentina.

«El PSOE», dijo Rodríguez, «apoya al Gobierno en la defensa de las empresas españolas que invierten fuera de España» y ha estado desde el inicio de la crisis en contacto tanto con el Ejecutivo como con la dirección de Repsol.

Los socialistas destacaron que las relaciones entre España y Argentina son «profundas» y están basadas en «relaciones de amistad entre ambos pueblos» que el PSPE confía en preservar y en utilizar para «dar una repuesta y solución satisfactoria a la grave crisis que ha generado el Gobierno argentino».

La nacionalización, dijo Rodríguez, «no es buena para Repsol, no es buena para los argentinos, deteriora la seguridad necesaria para atraer inversiones y tampoco es buena para España».

Desde el PSOE también habló su presidente, que aademás lo es de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró que si Argentina no se somete al Estado de Derecho, se le podrán exigir «internacionalmente las responsabilidades correspondientes».

Tras asegurar que los principios jurídicos hay que mantenerlos «siempre» en la comunidad internacional y que Argentina forma parte «importante» de esa comunidad, el presidente del PSOE también destacó que cualquier nacionalización «exige indemnizaciones y contraprestaciones si se hace».

Asimismo, el secretario de Relaciones Institucionales, Políticas y Autonómicas del PSOE, Antonio Hernando garantizó la «colaboración por anticipado» de su partido al Gobierno de Mariano Rajoy «en todas las acciones legales, diplomáticas y de diálogo que vaya a emprender» contra Argentina.

Hernando señaló que Repsol «ha dado mucha riqueza a aquel país y muchos puestos de trabajo, con lo que las medidas de Argentina son muy perjudiciales para los propios argentinos». Además, criticó la decisión de la presidenta argentina por implicar que «la seguridad jurídica desaparezca y que las empresas se lo piensen cuando vayan a invertir en este país».

Hernando recordó que Repsol es «una importantísima empresa española» y que Argentina es «un país donde España tiene muchas inversiones económicas», ya que allí radica «una parte de nuestro Ibex». Por ese motivo, confió en que el Gobierno de Rajoy «actúe con inteligencia, dimensionando el conflicto» a la hora de tomar represalias» dado que es «razonable» defender a Repsol.

Por su parte, el expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono, criticó duramente la «demagogia populista aldeana» demostrada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, al nacionalizar YPF, está cometiendo un «atropello a la legalidad internacional».

Bono se preguntó si este «expolio» no tendrá algo que ver con que a la familia Kirchner le queden sólo tres años en el poder, y destacó que fue también un Kirchner el que «privatizó» antes la empresa entre rumores de irregularidades.

El expresidente del Congreso separó claramente al pueblo argentino y sus intereses de los de su Ejecutivo y se preguntó «¿que no hará un gobierno así con sus ciudadanos?» cuando es capaz de semejantes «tropelías internacionales».

Ahora toca «mirar a Europa» y que nuestros socios respalden decisiones que hagan comprender al Gobierno argentino su error, porque si este conflicto se considera «bilateral» habrá que preguntarse «¿para que nos vale Europa?», agregó Bono.

«Una agresión así exige apoyo de la comunidad internacional y de la Unión Europea», que deben ser los encargados de hacer notar a Argentina que sus exportaciones de soja y carne se pueden ver en peligro.

IU considera la decisión «legítima», mientras CiU, PNV, UPyD opinan lo contrario

El diputado de IU Gaspar Llamazares manifestó que la decisión del Gobierno argentino de proceder a la nacionalización de la petrolera española YPF «es legítima con sus recursos naturales». A su juicio, «la posición beligerante del Gobierno no ha servido» para resolver la situación o, más bien, «ha sido contraproducente».

Para Gregorio Gordo, portavoz de IU de la Asamblea de Madrid, «no sería bueno considerar esta decisión soberana de un país un gesto de hostilidad a España» y acusó al Gobierno del PP de «defender sólo los intereses de los accionistas».

«Es bueno no confundir los intereses de España con los de algunos españoles que están en el Consejo de Administración de Repsol», explicó Gordó, quien dijo que «algunos patriotas sólo llevan la bandera en la billetera».

También el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, manifestó que «ponerse la camiseta de Repsol no nos parece lo más adecuado» y que le «sorprende que se confundan los intereses de una empresa con los intereses de España».

Recordó que más del 50% de YPF es propiedad extranjera y que solamente declara en España el 25% de sus beneficios totales a lo que hay que añadir que, cuando sus «beneficios contables crecieron el 11,9%, sus empleados solamente recibieron un crecimiento del 1,7%».

Mientras, para Joan Coscubiela, portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, no hay que «caer en un falso debate de defensa de intereses nacionales» puesto que «no es creíble ni ético identificar los intereses de las multinacionales (…) con los intereses del país donde tienen domiciliada su sede», sobre todo «cuando, además, ni tan siquiera revierten una parte importante de sus beneficios fiscales en ese país».

A su juicio, el caso de YPF es «un conflicto de intereses privados entre grupos de intereses económicos que nunca han demostrado ningún tipo de sensibilidad hacia los ciudadanos de los países en los que actúan».

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, tachó de «ilegal y discriminatoria contra una empresa española» la decisión del Gobierno argentino y que, además, evidencia una «falta de seguridad» para las inversiones privadas en Argentina.

Para Duran, el Gobierno argentino cambia «por interés propio» un artículo de la ley que en su día estableció «de cara a las OPAs que pudieran hacerse a YPF».

Tras señalar que Argentina está utilizando a YPF como «chivo expiatorio», Duran agregó que con esta decisión el Gobierno de Kirchner «se alinea con los países, política y económicamente, del populismo y de la izquierda radical».

El líder del Grupo Parlamentario Catalán en la Cámara Baja se mostró convencido de que el Gobierno de Mariano Rajoy defenderá los intereses españoles en Argentina. «Y tendrá el apoyo de CiU en esta tarea», aseguró Duran.

También el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, dijo que la decisión del Gobierno argentino es «impropia e injustificada» y añadió que su grupo parlamentario «va a dar total soporte a las actuaciones y a los planteamientos que pueda hacer» el Ejecutivo de Mariano Rajoy «para defender los intereses españoles en Argentina».

En su opinión, las medidas que adopte el Gobierno español deben ir acompañadas de los «mecanismos europeos» para que se pueda dar una «solución digna a este procedimiento que es impropio del siglo XXI».

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, manifestó que la decisión de Argentina sobre YPF «constituye un pésimo precedente que deja muy mal a Argentina como territorio para hacer inversiones en el futuro» y para quien el paso dado «requiere una respuesta contundente» por parte del Ejecutivo de Rajoy.

En su opinión, el Gobierno español «ha de saber implicar en este tema a la Unión Europea», pues su colaboración para resolver esta situación «es imprescindible».

«Por de pronto, habrá que pedir aclaraciones. Que el Gobierno explique hasta los últimos detalles, qué es exactamente lo que ha ocurrido para, a partir de ahí, diseñar una estrategia de decisiones firmes y contundentes con implicación, insisto, de la Unión Europea».

También el diputado del PNV Pedro Azpiazu calificó de «mala noticia» el paso dado por Cristina Fernández de Kirchner y dijo que sienta un «preocupante» precedente de «inseguridad jurídica» tanto para las empresas que ya están en aquel país como para las futuras inversiones que se planeen en él. También señaló que el Gobierno debe explicar qué gestiones ha hecho para defender los intereses de YPF.

Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, expresó la preocupación del Ejecutivo que preside Patxi López por las consecuencias que puede tener la decisión del Gobierno argentino sobre YPF en aquel país, sobre Petronor, empresa «emblemática de Euskadi».

Mendia agregó que el Gobierno vasco ha «hablado con algunos responsables de Repsol para transmitirles nuestro apoyo y colaboración y conocer su opinión de primera mano».

La líder de UPyD, Rosa Díez, pidió una respuesta «enérgica» tanto del Gobierno como de la Unión Europea, «que realizó una apuesta fuerte por Mercorsur» y pidió al Gobierno que refuerce la seguridad jurídica de las empresas que actúan en el exterior y, por tanto, de las inversiones españolas.

«No puede consentirse que un país modifique las reglas del juego a mitad del partido y no cumpla, por tanto, los compromisos asumidos», dijo Díez.

Para Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que dar una «respuesta política de Estado y europea» a la decisión de Argentina de expropiar YPF, al tiempo que manifestó el apoyo de su partido a las medidas que adopte el Ejecutivo.

Además, emplazó al PSOE a que sea «responsable» en este caso al entender que «no es el momento de salir con la escopeta cargada» contra Mariano Rajoy, dado que la nacionalización de YPF es culpa «cien por cien del Gobierno argentino».

Martínez Gorriarán atribuyó la expropiación a una «decisión de puro nacionalismo económico y muy despectiva a la seguridad jurídica» por parte de Argentina y aseguró que «es fundamental involucrar a la Unión Europea en la resolución de este conflicto porque Repsol es una multinacional europea» que requiere una «respuesta mucho más firme» por parte de las instituciones comunitarias.

Los sindicatos piden una respuesta «contundente» del Gobierno

Mientras, el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (Fitag-UGT), Antonio Deusa, reclamó una respuesta «contundente» al Gobierno que preside Mariano Rajoy ante la decisión de Argentina.

Deusa afirmó que el sindicato está «totalmente en contra» de la decisión del Ejecutivo argentino y advirtió de que el peligro es que esta medida tenga un «efecto contagio» en el resto de compañías españolas que operan en el país sudamericano.

Para evitar este contagio, el dirigente sindical exigió al Gobierno español que mantenga una postura «contundente» contra Argentina ya que, si no, «el resto de compañías españolas en el país pueden ser las siguientes».

También advirtió de que esta situación se podría extender a otros países sudamericanos en los que la propia Repsol u otras compañías españolas están presentes.

Por otro lado, señaló que la decisión del Gobierno argentino supone «un atentado contra la soberanía nacional» y confió en que «la presión internacional y del Gobierno español» puedan hacer cambiar de opinión a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para el coordinador de CCOO en Repsol, Alfredo Orella, que mostró el rechazo del sindicato a la decisión de Argentina de expropiar el 51% de YPF, la operación es una «chapuza».

El responsable sindical indicó que se trata de un acontecimiento que responde «más a un tema de campaña política que a una necesidad» de Argentina. Además, aseguró que se trata de un «expolio a los intereses» de Repsol, de sus accionistas y de los trabajadores del grupo en todo el mundo y destacó la importancia de ver la reacción del Gobierno españo, porque «tendrá algo que decir».

Por otro lado, la patronal CEOE manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno argentino al afirmar que afecta de manera «significativa» a los intereses del proyecto empresarial hispano-argentino, así como a las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, además de afectar al marco de inversiones entre estos países así como y a la seguridad jurídica en el país.

La CEOE quiso «mostrar nuestro especial apoyo a Repsol y a su equipo directivo, que han mantenido en estos últimos meses una intensa actividad negociadora para evitar esta situación, que perjudica seriamente los intereses de la empresa española».

Además, la patronal explicó que respalda al Gobierno español y a la Unión Europea, a través de su pertenencia a la Organización europea, Business Europe «en todas aquellas gestiones políticas que puedan reconducir este proceso expropiatorio y restablecer el clima de confianza imprescindible para seguir impulsando y potenciando las relaciones empresariales entre ambos países».

Greenpeace y Ecologistas en acción ven con buenos ojos la expropiación

Por su parte, Greenpeace lamentó que «a pesar de las evidencias del cambio climático y la demostrada viabilidad de las alternativas energéticas limpias, los gobiernos argentino y español se enfrenten a causa de unos recursos energéticos obsoletos, caros y contaminantes como los combustibles fósiles».

La organización ecologista pidió a ambos gobiernos que dediquen sus esfuerzos inversores y diplomáticos a lograr un acuerdo de cooperación para el fomento de un modelo energético 100% renovable, eficiente e inteligente en ambos países.

Teniendo en cuenta que la quema de los combustibles fósiles es la mayor causa de cambio climático, la organización instó a ambos gobiernos a promover políticas que incorporen a las renovables en la planificación energética de cada país.

Además, consideró «inadmisible» que la política energética de España y de Argentina se supedite a los intereses de Repsol-YPF, que es una empresa privada cuyos intereses no son los de los ciudadanos de estos países.

En este sentido, también se manifestó Ecologistas en Acción que consideró «una buena noticia» el anuncio de nacionalización de YPF, puesto que ve como un paso necesario para avanzar hacia una era «post-petróleo» más justa desde el punto de vista social y medioambiental la recuperación por parte de los países del control y gestión de sus propios recursos energéticos.

Para Ecologistas en Acción, es necesario aclarar que Repsol no es una empresa «española». «Repsol dejó de ser una empresa española tras su liberalización a finales de los noventa. Desde entonces Repsol es una empresa de sus accionistas», indicó.

Según la organización, «defender los intereses de Repsol por parte del Ejecutivo español no es defender los intereses de España, significa en todo caso defender los intereses de sus accionistas privados, que pueden ser de cualquier parte del mundo».

En este sentido, Ecologistas en Acción pidió al Gobierno español que abandone su «actitud colonialista» ante este proceso y respete la decisión del Estado argentino.