Argentina expropia YPF a Repsol

El anuncio de la nacionalización de YPF, cuya cotización en la Bolsa de Buenos Aires fue suspendida, se produjo después de cuatro meses de presiones del Gobierno argentino contra la petrolera, a la que acusó de una caída en la producción por falta de inversión y que se tradujo en la retirada de hasta una quincena de licencias a la empresa en seis de las diez provincias petroleras del país.

En un acto que no figuraba en la agenda oficial del día y que se convocó formalmente con apenas media hora de margen, la presidenta argentina aseguró que, de haber proseguido esta política de «vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales», subrayó Fernández antes de señalar que «la curva de la desinversión de Repsol se parece mucho a la trompa de un elefante».

Según afirmó, YPF invirtió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas. YPF, que negó reiteradamente las acusaciones de la presidenta argentina , anunció que este año invertiría en Argentina un récord de 3.400 millones de dólares, cifra que supera los 3.000 millones de dólares invertidos en 2011.

Además, justificó también su decisión al subrayar que en 2011 el país registró «por primera vez en 17 años» un saldo comercial negativo de combustibles.

En su discurso, que duró más de una hora y durante el cual permaneció acompañada por varios miembros de su Gobierno y una imagen de Eva Perón a su espalda, Fernández de Kirchner aseguró que «el modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación, por parte del Estado, de la soberanía y control de un instrumento fundamental: los hidrocarburos», pero «manteniendo la estructura de sociedad anónima». De este modo, prometió que llevará a cabo una «conducción de la empresa absolutamente profesionalizada».

Del total expropiado, el 51% será propiedad del Estado nacional, o un 26,01% del total del accionariado, mientras que el 49% restante, o un 24,99% del total, se distribuirá entre las provincias petroleras. Ambas partes establecerán un pacto de sindicación de acciones en el que votarán «siempre en la misma forma», de acuerdo con el proyecto de ley, que consta de 19 artículos, «con 50 páginas de fundamentos claros y precisos».

«Durante muchos años, en distintos sectores de la economía manejados por el Estado se aplicó un criterio partidario, que siguió dando argumento a que el Estado era inútil y que solo los privados podían manejar recursos del Estado», añadió. La presidenta dijo que «Argentina es el único país latinoamericano, y diría del mundo, que no maneja sus recursos naturales».

Fernández de Kirchner, que en 1992 ya defendió la privatización de la petrolera cuando era diputada en el Congreso nacional por la provincia de Santa Cruz, aseguró que esta decisión no es un «hecho inédito» y subrayó que los recursos pueden «ser administrados correctamente también» por el Estado, poniendo como ejemplo los casos de Arabia Saudí, Rusia (Gazprom, Rosneft), Irán, China (Sinopec), México (Pemex), Brasil (Petrobras) o Noruega, entre otros, donde el Gobierno controla estos recursos.

«No estamos inventando absolutamente nada y charlando con importantes ejecutivos de compañías petroleras de otros lugares me contaban que hace un tiempo las empresas han empezado a estudiar nuevos modelos de negocio, porque han aprendido que los países son absolutamente contrarios a desprenderse del manejo de un recurso que siempre fue estratégico«, afirmó.

Proceso de la normativa aprobada por el Gobierno argentino

Para esta operación, la presidenta señaló que será necesaria la autorización del Congreso con las dos terceras partes, al igual que para realizar una reforma de la Constitución. «¿Qué les puede cambiar la vida la reforma de la Constitución o qué no tengamos combustible y energía?», preguntó.

La norma elaborada por el Gobierno, y que el Parlamento deberá verificar en las próximas semanas, contempla que el proceso de nacionalización se active al día siguiente de la aprobación del texto por parte del poder legislativo. En ese momento, Comisión Nacional del Valores (CNV) convocará una junta general de accionistas en la que se destituirá a la totalidad de los actuales directivos de la filial de Repsol.

Además, como parte del proceso de nacionalización, el Tribunal argentino de Tasaciones deberá determinar el precio que pagará el Estado por el 51% de YPF. Este tribunal faculta al poder ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a «adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A. a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos».

En este sentido, y aunque Fernández de Kirchner no quiso arrojar ninguna cifra al respecto, el 51% de YPF que el Gobierno tiene previsto expropiar tiene un valor de mercado de 3.525 millones de euros, tras las últimas caídas experimentadas en las últimas semanas por la filial de Repsol al abrigo de los rumores de nacionalización.

YPF, que costó a Repsol a finales de los años noventa 13.000 millones de euros, tiene un valor tras las últimas caídas de 6.918 millones de euros. No obstante, la expropiación de YPF no se realizará a precio de mercado.

Dentro del decreto de nacionalización, el Gobierno argentino creó un Consejo Federal de Hidrocarburos, en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria, y cuya función será la de coordinar las actuaciones del Estado y las provincias.

Kirchner advierte a las empresas extranjeras y se niega a contestar «exabruptos»

Asimismo, la presidenta de Argentina advirtió a las empresas extranjeras con intereses en el país, como «las telefónicas o bancos», sobre la «necesidad» de que reinviertan en el país austral y aseguró que no se trata de un problema de «rentabilidades, sino de reinversiones». Según Fernández de Kirchner «tenemos problemas con la necesidad de que inviertan en el país».

Entre las principales empresas españolas con intereses en el país destacan, además de la petrolera presidida por Antonio Brufau, otras empresas energéticas, como Gas Natural Fenosa y Endesa, entidades financieras y de seguros, como Santander, BBVA y Mapfre, operadoras de telecomunicaciones, como Telefónica, grupos constructores, como ACS y OHL, empresas pertenecientes al sector turismo, como NH y Sol Melia, y textil, como Inditex.

Y añadió que toda empresa argentina cuyos accionistas sean extranjeros pueden tener la «certeza» de que, en la medida que acompañen el crecimiento del país, «vamos a seguir trabajando codo a codo», insistió.

Por otra parte, la presidenta argentina advirtió que no va a «contestar a ninguna amenaza» de las recibidas por su país y recordó algunos de los titulares publicados por los medios de comunicación desde que se conoció la intención del país sudamericano de llevar a cabo esta operación.

«No voy a responder a ningún exabrupto», sostuvo Fernández, quien agregó que «no se va a hacer eco de frases insolentes que algunos dijeron», en referencia a las advertencias recibidas en los últimos días desde el Gobierno español y organismos internacionales. «Represento a los argentinos y soy una jefa de Estado, los que esperen que responda pierden el tiempo», aseveró.

Fernández de Kirchner, que incluso llegó a mostrar en su intervención un tubo que contenía el primer petróleo argentino procedente de un pozo descubierto el 13 de diciembre de 1907, indicó que esta historia termina «con el nacimiento de una empresa nacional y profundamente federal».

Mientras que el «kirchnerismo» se mostró ampliamente favorable al paso dado por la presidenta, diputados de la Coalición Civica o la Unión Cívica Radical ya se posicionaron en contra y anunciaron que presentarán un texto alternativo al proyecto de ley.

Por su parte, el ministro de Trabajo argentino, Carlos Tomada aseguró que el Gobierno de su país no tiene «hostilidad contra el Gobierno de España. La empresa no invirtió como debía hacerlo», dijo Tomada en la red social Twitter y sostuvo que la decisión adoptada por la presidenta argentina es parte del «eje de la defensa de la soberanía» nacional.

«Con este proyecto sobre YPF ponemos fin a la desinversión y la segmentación de un mercado que excluía a los sectores productivos argentinos. Importar gas y petróleo es inadmisible para un país con nuestros recursos«, dijo Tomada.

Por otro lado, unos 200 militantes de grupos favorables al gobierno de Fernández de Kirchner se manifestaron en la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires para apoyar la intervención de YPF. Apoyados por algunos diputados del gubernamental Frente para la Victoria, las kirchneristas levantaron pancartas con mensajes como «YPF, pública y argentina», «YPF de los argentinos», o «Gracias Presidenta. Soberanía, justicia social y energía».

«Ningún país puede desarrollar modelo económico industrial sin poder sobre sus recursos», aseguró el diputado nacional del Frente para la Victoria Leonardo Grosso.

Para manifestantes como Andrea, del Movimiento Evita, no se trata de una expropiación sino de «recuperar» lo que era de los argentinos. «Es algo positivo porque el recurso es nuestro», coincidió Mauro, del área juvenil de Juventud Peronista.

En la actualidad, YPF está participada en un 57,43% por Repsol y en un 25,46% por el Grupo Petersen, de la familia de Enrique Eskenazi, mientras que el «free float» ronda el 17%. El Estado argentino tiene una participación residual de apenas el 0,02%, pero capacidad para pronunciarse sobre algunas cuestiones estratégicas.

Los directivos españoles expulsados de la sede de YPF

Poco después de que Fernández de Kirchner pronunciara el discurso en el que anunciaba la expropiación de un 51% de YPF, una delegación del Gobierno argentino se presentó en su sede, expulsó de las dependencias a varios directivos españoles, entre ellos el español Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina, y ordenó cambios en los sistemas de seguridad del edificio empresarial, según comentaron fuentes de la petrolera argentina.

La delegación estaba encabezada por el representante del Estado argentino en el directorio de YPF y subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

El actual ministro argentino de Planificación Fenderal, Julio de Vido, será el «interventor» de YPF durante el proceso de nacionalización de la filial de Repsol, según explicó la presidenta del país.

De Vido, que fue uno de los encargados de supervisar en los últimos años las relaciones con Repsol, estará acompañado en la gestión de YPF del actual viceministro de Economía, Axel Kicillof, y asumirá sus funciones un día después de la entrada en vigor de la norma.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *