El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo que citarán, en una fecha que no precisó, a las autoridades del sector eléctrico para conocer detalles al respecto.

El objetivo de esa cita es «garantizar un tránsito de lo más natural posible de la venta de acciones que se está efectuando de (la filial nicaragüense de) Gas Natural (Fenosa) a un tercer agente», explicó el legislador.

La distribuidora de la energía en Nicaragua y filial de la española Gas Natural Fenosa confirmó la semana pasada que mantiene negociaciones con tres empresas, incluidas dos españolas, sobre la venta parcial o total de sus acciones en este país centroamericano.

La compañía confirmó esas negociaciones después de que Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciara a los periodistas que la filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa decidió «venderle todo el negocio a otra empresa».

La filial de la compañía española es dueña del 84% de las acciones de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde el 2000 y por un período de 30 años.

La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16% de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 8,6 millones de euros.

El Gobierno de Managua y la filial de la eléctrica española mantienen una disputa por el problema de la evasión en el pago del consumo de electricidad.

La filial nicaragüense de Gas Natural Fenosa demanda al Gobierno sandinista una solución al problema de las pérdidas por fraude en el servicio, de hasta 37,5 millones de euros anuales que dejan de percibir en facturación, incluido la sustracción de energía.

El Estado nicaragüense ofrece un subsidio para amortiguar parte de las pérdidas por fraude, aunque pide más inversión a la filial de la compañía española, que incluya operar de manera apropiada, asuma costes, invierta más y dé buena atención a los clientes.