El Defensor del Pueblo mediará entre Industria y las 11.500 reclamaciones de los fotovoltaicos

Anpier indicó además que Fernández Marugán se mostró partidario de la apertura de una negociación directa entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Asociación Nacional de Productores e Inversionres de Energías Renovables (Anpier).

No obstante, reclamó a la asociación de renovables que tramite una queja formal ante el Defensor del Pueblo para poder intervenir, ante lo que Anpier responderá presentando esta reclamación la próxima semana, ante el retraso en la respuesta a esas reclamaciones por parte de Industria.

La queja formal de los productores fotovoltaicos deberá ir acompañada de un anexo en el que se detalle la identidad de afectados y los números de expediente que tramita el Ministerio de Industria.

En la reunión, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, trasladó a la institución su «indignación» por el «evidente hostigamiento que sufren los productores fotovoltaicos españoles por parte de los últimos gobiernos».

Además, denunció la «vulneración» que padecen estos productores de principios esenciales, entre ellos los de «la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima».

Anpier informó de la situación de más de 55.000 familias españolas con inversiones en instalaciones fotovoltaicas «gravemente afectadas» por el real decreto 1565/2010 y el real decreto ley 14/2010.

Los recortes aplicados desde 20120 suponen una pérdida media de hasta un 30% de sus ingresos, que se suma al impuesto del 7% a la producción eléctrica aplicado desde el 1 de enero.

Un 80% de estas familias, o más de 44.000 familias «sufren tensiones de tesorería que pone en riesgo de quiebra inminente su actividad y con ella su propio patrimonio», señaló la asociación.

«Son instalaciones de pequeñas dimensión, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación por parte de la banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas», afirmó.