En una respuesta escrita al Congreso planteada por UPyD, el Gobierno recordó que en 2011 Garoña aportó el 1,3% de la generación eléctrica de España y que actualmente hay un exceso de capacidad de producción instalada.

Teniendo en cuenta ambos factores, «el cese de explotación de esta central podrá compensarse con otras fuentes disponibles», indicó.

En julio de 2009 el gobierno socialista decidió otorgar dos años más de operación a Garoña y ordenó su cierre en julio de 2013 alegando varios motivos, entre los que también figuraban su escasa aportación al sistema eléctrico español y la existencia de sobrecapacidad de generación.

En enero de 2012, el titular de Industria, José Manuel Soria, mostró su disposición a revocar esta decisión y encargó un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para prolongar la vida útil de Garoña.

Sin embargo, tras la decisión del Gobierno de implantar una nueva tasa a la producción eléctrica, la sociedad propietaria de Garoña, Nuclenor (controlada por Endesa e Iberdrola), decidió cerrar la planta alegando que la nueva fiscalidad le acarrearía pérdidas económicas.

El Gobierno recordó asimismo en su respuesta a UPyD que el CSN es el organismo encargado de establecer las condiciones en las que se desarrollará el desmantelamiento de la instalación y de supervisar el proceso.

El Ejecutivo aseguró que está realizando una revisión de la planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020, en concreto de la parte indicativa y no vinculante para la puesta en marcha de nuevas centrales. La parte vinculante y de obligado cumplimiento se refiere a la construcción de infraestructuras de red (líneas eléctricas, gasoductos, almacenamientos de gas, etc).

En marzo de 2012 el Ejecutivo paralizó la aplicación de la planificación energética al considerar que debía adecuarla al nuevo escenario económico.