Las instituciones gubernamentales canarias coordinan las acciones contra las prospecciones en las islas

Así, estas acciones serán coordinadas de manera conjunta desde distintos ámbitos, jurídico e institucional –desde el plano local hasta el internacional–, y también teniendo en cuenta a la ciudadanía y a la comunidad científica en las acciones divulgativas, comunicativas y de movilización social.

Según informó la Corporación insular, el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, presentó el borrador de un plan de trabajo elaborado desde la institución insular en este sentido.

«El objetivo es mantener una coordinación permanente en materia de acciones judiciales entre todas las administraciones, designando personas responsables que desde cada parte se ocupen de intercambiar toda la documentación necesaria antes de tomar cualquier medida. También animamos a todos los ayuntamientos a que se sumen o se adhieran a estas acciones judiciales en los correspondientes recursos», dijo.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció la presentación esta misma semana de sendas acciones judiciales contra el decreto, por un lado solicitando la ejecución de la sentencia que en 2004 anuló un decreto anterior que igualmente autorizaba las prospecciones petrolíferas en Canarias, y por otro presentando un nuevo contencioso ante el Tribunal Supremo.

En su intervención, Rivero insistió en que el Gobierno de Canarias «va a utilizar todos los instrumentos que le da el estado de derecho para impedir que quienes hoy nos niega lo que nos pertenece hipoteque nuestro futuro».

El presidente de Canarias apuntó que la autorización del Consejo de Ministros «puede hipotecar el futuro de Canarias porque tiene en sus recursos naturales los principales valores con los que desarrollar una economía más competitiva, de más calidad, más diversificada y sostenible en el tiempo».

Este modelo, según el presidente canario, «apuesta por la calidad, la excelencia y por que Canarias sea un territorio libre de emisiones», por lo que quiso dejar claro que es «absolutamente incompatible» con llevar a cabo prospecciones en el entorno de las aguas del archipiélago.

«Los estudios realizados –apuntó Rivero– nos indican que en Fuerteventura y en Lanzarote, en torno al 50% de su PIB y de su población activa depende directamente del turismo. Por lo tanto mantenemos una posición firme en cuanto a que no podemos permitir que se ponga en riesgo nuestra principal actividad económica para favorecer una industria cuyos beneficios para la economía canaria no están constatados».

Mientras, todos los asistentes coincidieron en que todo este asunto gira a en torno a un modelo económico que funciona y que es beneficioso para Canarias, y que únicamente vale la pena modificar en la línea de potenciar las energías renovables en el archipiélago para reducir la dependencia energética del exterior, en lugar de favorecer la industria petrolera.

Junto a los presidentes regional e insular, acudieron a esta reunió los alcaldes de La Oliva, Claudina Morales; Puerto del Rosario, Marcial Morales; Antigua, Genara Ruiz; Tuineje, Salvador Delgado; Betancuria, Marcelino Cerdeña; y Pájara, Rafael Perdomo.

Además intervinieron los consejeros del Cabildo Natalia Évora, Juan Jiménez y Edilia Pérez, y asistieron a presenciar el encuentro representantes de la asamblea ciudadana contra el petróleo en Fuerteventura.

Finalmente, en el borrador del plan de trabajo presentado por el Cabildo se recogen acciones específicas a nivel europeo.

Los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote ya presentaron una denuncia ante la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que fue aceptada, y cuya aceptación a trámite se encuentra a la espera de aportar información complementaria sobre valores ambientales de Canarias, especies protegidas en la zona y su relación con la Directiva de Hábitats de la Unión Europea (cetáceos, tortugas, etc.).