El Congreso pide al Gobierno que impulse un modelo mixto público-privado para las inversiones en eficiencia energética de edificios

El diputado del PP Teodoro García Egea defendió la iniciativa de su grupo, asegurando que supone la «primera piedra para hacer palanca» en el impulso de la eficiencia energética, que requerirá de la colaboración de lo público y lo privado para conseguir los resultados buscados. Así, instó a ambas partes a «ponerse manos a la obra» para «generar inversiones para la administración pública sin que ésta tenga que acudir al endeudamiento» y de paso eliminar las barreras existentes en el ámbito de los servicios energéticos.

Entre estas barreras figura una inversión inicial alta y que «en muchas ocasiones los usuarios finales no suelen creer que los resultados simulados previamente» vayan a materializarse, a pesar de que la rentabilidad fue demostrada.

Además, García Egea aseguró que las empresas privadas, industrias o comunidades de vecinos pueden luego beneficiarse de una mayor eficiencia energética sin tener que arriesgar grandes inversiones. «No hay recetas mágicas, pero si logramos implementar la totalidad de la estrategia 20-20-20 podemos conseguir a medio plazo aumentar la generación de renovables, abaratar la factura energética, aumentar la competitividad, ahorrar energía y crear empleo cualificado», añadió el diputado.

Además, consideró el impulso de estas medidas para «activar el mercado de los servicios energéticos en toda su cadena de valor, desde la fabricación de los componentes hasta el mantenimiento».

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, anunció que apoyarán la propuesta por compartir sus objetivos, aunque alertó de que las propuestas son «demasiado vagas, demasiado fiadas y que pretenden que las cosas salgan solas». Además, lamentó que la propuesta no haga referencia a aspectos clave como el autoconsumo.

La diputada de CiU Inmaculada Riera expresó la coincidencia de su grupo con que «hace falta impulsar una más y mejor colaboración público-privada, y no sólo en este sector». «Y no sólo porque la crisis obligue, sino porque es un modelo adecuado en muchos casos», dijo, pidiendo que se impulse también en otros sectores y proyectos, y expresando su voto a favor.

Riera estimó que el papel de las empresas de servicios energéticos es «clave» para lograr los objetivos de eficiencia y, por ello, abogó por dar una cobertura legal más amplia a esta actividad.

El responsable de Energía del PSOE, José Segura, recordó que la colaboración público-privada «está consolidada en todos los ámbitos desde que se aprobó la Constitución» y además subrayó que la propuesta sólo se refiere a la mejora de la eficiencia en los edificios públicos. «Sinceramente, el contenido de su proposición, sin negarle la buena voluntad, plantea algo que nadie impide, y no hay ninguna aportación de política energética. Es humo que se lleva el viento y que no aporta nada«, añadió, justificando así que no apoyen la iniciativa.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), reconoció que le «maravilla» que al PP «le preocupe tanto el ahorro» cuando las políticas del Gobierno no lo demuestran, y además alertó de que la propuesta «confunde la herramienta –la colaboración público-privada– con el propio objetivo», que debería ser el ahorro energético, lo que le genera «escepticismo y desconfianza». Además, subrayó que aunque la colaboración es positiva y necesaria en este ámbito, no apoyará la propuesta porque «obvia toda la parte que es responsabilidad del Estado».