Los socialistas denuncian en la UE que ya se hacen catas petrolíferas en Canarias y luego se retractan

López Aguilar, presidente de la delegación socialista española en la Eurocámara, y García Hierro, miembro de la Comisión de Pesca, hicieron esta denuncia en una pregunta que presentaron a la Comisión Europea, a la que el año pasado ya pidieron que investigara si España estaba aplicando correctamente la legislación comunitaria en los permisos de prospección concedidos a Repsol.

La pregunta a la Comisión Europea que ambos diputados registraron en el Parlamento Europeo, comienza con este párrafo: «Estos diputados tienen conocimiento de que se están llevando a cabo catas de exploración, y posible futura explotación, de hidrocarburos, en el canal canario, situado entre las islas orientales canarias (Lanzarote y Fuerteventura) y el continente africano». Además, aseguraron que la zona potencialmente afectada incluye a doce zonas de especial conservación (ZEC) y a una reserva marina.

«Su impacto podría extenderse a otras 11 ZEC y un área marina designada para su protección y que cuenta con financiación de la Comisión Europea, a través del proyecto Life, para su estudio y declaración como parte de la Red Natura 2000«, añadieron.

Como es conocido, la multinacional española, en unión con otras dos compañías de Alemania y Australia, fue autorizada por el Gobierno de España a realizar prospecciones petrolíferas en el Atlántico, en una zona situada entre Lanzarote y Fuerteventura y la mediana imaginaria que separa las aguas territoriales españolas de las marroquíes.

Ese proyecto suscitó el rechazo del Gobierno de Canarias, de su Parlamento y de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que alegan que los sondeos petrolíferos pueden dañar el patrimonio natural del archipiélago y su principal industria, el turismo. De hecho, los han intentado frenar, sin éxito, ante el Tribunal Supremo, que hasta la fecha ha desestimado todas las peticiones de paralización por no encontrarlas fundadas, y pidieron la implicación de instancias internacionales como la Unión Europea y la ONU.

Además, el Gobierno español recalcó que los permisos aún están condicionados a que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de su visto bueno a la estimación de impacto ambiental.

Sin embargo, la delegación socialista española en la Eurocámara precisó más tarde que, en realidad, «no tienen constancia de que se estén realizando catas de exploración» y que el sentido de la pregunta de López Aguilar y García-Hierro era «verificar el seguimiento que se está haciendo desde la UE del impacto medioambiental de las prospecciones petrolíferas en Canarias».

López Aguilar y García-Hierro reclamaron a la Comisión que les informe de las conclusiones de la investigación que el pasado 7 de julio les dijo que había abierto para conocer «cómo aplican a las actividades de prospección en las Islas Canarias el Derecho de la Unión Europea en materia de medio ambiente».

El objetivo de esa investigación, precisaba la Comisión Europea, consistió en conocer si se aplican correctamente la Directiva 2011/92/EU sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna.

Los eurodiputados socialistas pidieron también que se les entregue la evaluación inicial del medio marino que España -como el resto de estados miembros de la Unión Europea- debió presentar en Bruselas antes del 15 de octubre de 2012.