El PSOE solicita al Gobierno que estudie los márgenes comerciales en los combustibles y medidas para fomentar la bajada de los precios

Así lo expresó la secretaria de Economía y Empleo socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero, tras reunirse con representantes de la Asociación de Grandes Superficies (ANGED), de la Unión de Petroleros Independientes, de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEES).

Según informó posteriormente el PSOE, los datos apuntan que el precio que se paga en España por los carburantes es superior a la media comunitaria pese a mantener una presión fiscal inferior, así como que el margen comercial de las empresas es también superior a la de los socios europeos, habiendo experimentado su mayor crecimiento durante los años de crisis.

«Es necesario analizar las causas que permiten esta situación», dijo la diputada, que abogó por aprobar medidas para conseguir una mayor competencia en el mercado del combustible. «El efecto de la falta de competencia en los bolsillos de los ciudadanos es reseñable. Si en nuestro país se aplicasen precios antes de impuestos similares a los de Francia, la factura de los carburantes sería de 2.000 millones de euros menos«, aseguró.

Además, para Rodríguez-Piñero también son «curiosas» las circunstancias como el «efecto lunes», que consiste en que el primer día de la semana, cuando se envían a Bruselas los datos para hacer las estadísticas, bajan los precios para incrementarse el resto de los días; o como que los precios aumenten en las jornadas previas a épocas de muchos desplazamientos independientemente de lo que haga el precio del petróleo.

«Lo que queremos es que se lleguen a establecer unas reglas que permitan que los precios guarden relación con los costes y que los ciudadanos no tengan que transferir rentas a las grandes empresas distribuidoras, que son las que obtienen unos pingües beneficios porque el mercado no funciona de forma competitiva», subrayó la diputada valenciana.

De hecho, ella misma presentó a finales del año pasado una proposición no de ley en la que pedía medidas para acabar con la «alta concentración» del sector en torno a tres compañías suministradoras y la «fuerte concertación de precios», y propuso por ejemplo facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio en hipermercados –que tienen un precio medio inferior a las de los operadores tradicionales– y «revisar las concesiones y autorizaciones en carreteras y autopistas» así como reducir la duración de los contratos.

También sugirió «limitar las recomendaciones de precios de venta al público y los incentivos a la coordinación entre empresas» para evitar la confluencia de «intereses comerciales entre empresas, debilitar las posibilidades de alineamiento de estrategias y fomentar la competencia» entre gasolineras abanderadas por un mismo operador pero no gestionadas por él.

Para mejorar la transparencia, el PSOE apostó por publicar periódicamente un ranking oficial por parte del Ministerio de Industria de las estaciones periódicas más baratas. Junto a esta iniciativa, también se registraron una serie de preguntas al ministro del ramo, José Manuel Soria, acerca de las causas de la evolución reciente de los precios de los carburantes en España.

Por su parte, la Unión de Petroleros Independientes pidió «resituar» la cuestión, al considerar que los datos ofrecidos por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) «no reflejan la realidad» y, por tanto, «no se pueden tomar como referencia».

Así apostó por aplicar «medidas concretas» de fomento de la competencia con las que intentar superar la «herencia histórica» de «concentración del mercado» de distribución de carburantes en España que, en su opinión, es el resultado de un proceso de «desmonopolización cuestionable».

Sin embargo, advirtió que algunas de las propuestas del Gobierno, como facilitar la instalación de gasolineras en grandes superficies, pueden tener efectos no deseados, ya que si no se les exigen los mismos criterios de calidad y transparencia, el sector tradicional «podría llegar a desaparecer», con la consiguiente pérdida de tejido productivo y empleo.