Protermosolar decide recurrir ante el Supremo el recorte de las primas

En concreto, la asociación denunció ante el alto tribunal esta orden ministerial de 14 de febrero por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

Protermosolar afirmó que «los continuos cambios regulatorios» a los que estuvo sometido el sector termosolar, en referencia a la Ley 15/2012 y al Real Decreto Ley 2/2013, recortó sus ingresos un 37%.

Además, lamentó que las decisiones adoptadas por el Gobierno partan de unas «previsiones erróneas» de la potencia instalada para 2013. Mientras la Administración estimó que el sector contará con 2.521 megavatios (MW) a cierre de 2013, la asociación aseguró que «sólo» se alcanzarán 2.300 MW, según sus datos.

Esta sobreestimación, argumentó, afecta al cálculo de la previsión de primas para este año y supone una diferencia de 300 millones de euros, cantidad que habría hecho innecesaria la adopción de las medidas recogidas tanto en los reales decretos como en la orden ministerial.

Ahora, las medidas adoptadas serán «inasumibles» para el sector, indicó Protermosolar, antes de asegurar que la solución al déficit de tarifa «no pasa por un recorte a los ingresos de las renovables», puesto que «no ha sido generado por el sistema de las renovables o las primas de régimen especial.

El déficit de tarifa procede de «no trasladar la totalidad de los costes regulados a los consumidores finales, de los que las primas a las renovables representan sólo la tercera parte», y una parte del mismo se debe al «continuo aumento de los costes de distribución, los de la moratoria nuclear o las subvenciones a los ciclos combinados», así como de las extrapeninsulares y las «ayudas directas» a las grandes empresas.

La asociación denunció además la inseguridad jurídica en la que se encuentran las inversiones en termosolar, de las que el 35%, o cerca de 15.000 millones de euros, procede de capital extranjero.

Este recurso se suma al presentado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) contra la decisión del Gobierno de que la revisión de las primas al régimen especial (renovables y cogeneración) se realice conforme a la inflación subyacente a precios constantes.

La norma implica también que las plantas acogidas al régimen especial tengan que elegir entre cobrar una tarifa fija o acudir al mercado, lo que suprime la opción de cobrar el precio de mercado más una prima, a la que estaban acogidos la mayoría de los productores.