UGT solicita un convenio para el sector eléctrico y amenaza con movilizaciones si se produce «un nuevo ataque» regulatorio

El sindicato «rechaza cualquier medida adicional» que dañe la actividad eléctrica y se mostró dispuesto a «realizar las movilizaciones que sean necesarias para hacer frente a un nuevo ataque al sector energético».

«Ante la intención de las diferentes empresas de intentar aplicar la reforma laboral de la forma más negativa», la sección de energía acordó «elaborar una posición común» acerca de la negociación colectiva y se marcó como objetivo lograr un convenio sectorial estatal de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Además, rechazó «cualquier intento por parte de las empresas propietarias de implantar políticas de pérdida de empleo y modificar negativamente las condiciones de trabajo».

UGT también indicó que, en caso de que las eventuales nuevas medidas afecten a las condiciones laborales de los trabajadores del sector, estudiará «medidas de actuación» como respuesta.

Esta posición del sindicato se fijó después de que su sección del sector energético se reuniera con las secciones sindicales del subsector eléctrico, entre las que figuraban representantes de Endesa, Iberdrola, E.ON, Hidrocantábrico, Gas Natural Fenosa, Enresa, El Cabril, Enusa, Almaraz-Trillo, Ascó, Vandellós, Garoña, y Cofrentes.

En el encuentro se analizó la situación del subsector eléctrico, que quedó afectado durante 2012 de forma «convulsa» por «los constantes cambios normativos», entre los que figuran varios decretos ley y la nueva fiscalidad eléctrica.

«Las distintas normas aprobadas no sirvieron ni para regular el sector ni para corregir el déficit tarifario, que en el pasado año se incrementó en 2.000 millones de euros», lamentó el sindicato.

UGT consideró además que la nueva fiscalidad tiene un objetivo «recaudatorio» ante la caída de actividad económica que está provocando «la política presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy».

Los impuestos los tendrán que costear en un primer momento las empresas del sector y, posteriormente, provocarán «incrementos de precios a los consumidores y el empeoramiento de las condiciones de trabajo».

UGT advirtió de que, como la normativa no ha sido capaz de resolver el problema, el Gobierno sigue preparando nuevas medidas. Por este motivo, el sindicato «rechaza cualquier medida adicional».