La olla a presión de la Comisión Nacional de Energía

La Comisión Nacional de Energía (CNE) vive días previos a un estallido interno. La olla a presión a nivel interno del organismo no se rebaja, sino que se ha ido incrementando exponencialmente desde el cambio de Consejo de Administración y el enfrentamiento entre el equipo de profesionales y técnicos del organismo se ha avivado recientemente.

De hecho, ayer en el Consejo de Administración en que se revisaron las tarifas para 2013, la protesta ya habitual durante la sesión de los jueves, la cacerolada interna, obligó a parar al menos por una hora las deliberaciones del Consejo, valorando en el seno del mismo, su continuación en un hotel.

Por una parte, el organismo viene comportándose como un ‘zombie’ desde el aviso de que está en circulación el nuevo proyecto de modelo de órganos reguladores, que en realidad, se trata de la configuración del único órgano de competencia, mercados con un único regulador de sectores disminuido en sus funciones. A partir de ese momento, y aunque el proyecto es criticado fuertemente por la Comisión Europea (vapuleado en realidad), ya se habían empezado a dar pasos bajo cuerda para anticipar sus resultados y consecuencias, organizándose el traslado de varias aéreas internas de la CNE al Ministerio de Industria.

Por otra, la ruptura en el seno del Consejo también es patente, entre los Consejeros y el Presidente, certificada desde el mes de septiembre. Una entrevista en el diario El Mundo, decidida por Alberto Lafuente, fue la gota que colmó el vaso y las pocas ligazones y apoyos que tenía él mismo a nivel de Consejo se consumieron de golpe. Ni siquiera, Marina Serrano, quien era considerada la «lideresa» con mayores «chances» de continuidad ante el nuevo escenario por su cercanía al Partido Popular y al influyente grupo corporativo de los abogados del Estado ha disimulado su fuerte malestar.

El declive del organismo ha pasado por muchas etapas, con un punto de inflexión y de aceleración sin retorno desde la etapa de Maite Costa: primeros intentos a nivel de Consejo con Fernández Segura como Secretario General de Energía; después, asaltos bajo cuerda en comandita entre Costa y el también catalán Ignasi Nieto en la Secretaria General de Energía tanto a nivel Consejo, como a directivos y profesionales. Control presidencial, modalidad creación de direcciones, subdirecciones y estructura organizativa y organigrama extendido y expandido.

Después, la envolvente italiana, catenaccio, con Pedro Marín como Secretario de Estado de Energía y su esposa, Mónica Gandolfi, cuestionada abiertamente por afectar esta relación conyugal a la independencia del organismo con el Gobierno. Y, ahora, práctica bunkerización actual de Presidente y del Gerente con una figura que emerge como Rasputin, la de Antonio Fernández Segura. Todo ello con la CNE con visos de irrelevancia desde el Ministerio de Industria.

Y, finalmente, el clima interno, cada vez más convulso. El conflicto colectivo está cada vez más enquistado por las fuertes diferencias internas, la asfixia presupuestaria, la interpretación selectiva y arbitraria de las instrucciones de la CECIR o la utilización del organismo para instrumentar favores internos, incluyendo los nombramientos como directivos del organismo, las denuncias por las indemnizaciones, la forma en que se han articulado los traslados y coberturas de puestos a personas que requirieron con posterioridad formación propia de los puestos para los que fueron designados y que tuvo que ser sufragada por fondos de la CNE, desbordan los límites del organismo. Dichas situaciones, aseguran, han empezado a ser moneda común, y en especial con quienes tienen alguna vinculación por razón de su procedencia o relaciones políticas, incluso familiares.

La gestión de Antonio Fernández Segura, fuertemente atrincherado con el presidente, Alberto Lafuente, al frente de la Gerencia y la del propio Comité de Empresa están cada vez más contestadas a nivel interno. Periódicamente, y ahora de forma mucho más intensa y frecuente, en Energía Diario, recibimos denuncias, documentación e información muy precisa de la situación y hechos internos del organismo que acreditan este estado.

Por tanto, parece que las cosas van más allá de las cuestiones que están afectando a los empleados de la función pública por las restricciones presupuestarias, aumento de productividad y reducción de sus retribuciones. Desde el seno de la CNE aseguran que afectan a otros derechos básicos de los profesionales del organismo.

El estallido del organismo puede ser cuestión de tiempo y las costuras y el urbanismo que el personal de la CNE (niveles muy altos de la administración y altas cualificaciones) siempre ha conservado y demostrado, se puede quedar en el alero y que empiece a aflorar públicamente el conflicto.