El propio Consejo de Estado, al que el Gobierno remitió este segundo Real Decreto antes del verano, ya señaló en su dictamen del pasado 2 de junio «que la solución más adecuada desde la protección del interés general y más coherente con el ordenamiento jurídico consiste en no aprobar la disposición en el momento actual, sino en esperar a la conclusión del proceso de notificación a la Unión Europea«.

En su opinión, ello permitiría, además, concluir la tramitación de la norma proyectada de forma «más reflexiva«. El organismo constató entonces que «esta provisionalidad y falta de certeza del régimen vigente, en una cuestión además tan sensible y que afecta de forma tan intensa al mercado y a la competencia, no resultan compatibles con la exigencia de seguridad jurídica y de claridad normativa que garantiza el art. 9.3 de la Constitución, ni desde luego permite dotar al marco jurídico del mercado de la energía de la claridad y previsibilidad normativa necesaria para su adecuado funcionamiento».

Asimismo, el Consejo se mostró crítico en su informe con esta segunda propuesta, indicando que «la norma que ahora se propone ha sido tramitada con urgencia e incluso con cierta precipitación -como revela la omisión de algunos trámites preceptivos como es la consulta a la Comisión Nacional de la Competencia-«.

De este modo, dejó claro en su dictamen que en el presente caso resultaba preceptivo el informe del organismo que preside Luis Berenguer, según establece el artículo 25.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Fuentes del sector eléctrico destacaron que la medida adoptada por el Gobierno y aprobada por Bruselas, que se adopta en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables, viene a «distorsionar» el funcionamiento del mercado liberalizado español de generación, contribuirá a incrementar las emisiones a la atmósfera y a disparar los costes del sistema.

Los ciclos combinados, «desplazados y desamparados»

En este sentido, las eléctricas consideran que la nueva propuesta deja «desamparadas» a las centrales de ciclo combinado de gas, construidas a instancias de la planificación energética del Gobierno «y que corren el riesgo de no poder ni siquiera cubrir sus costes, al poder ser desplazadas por mucho más viejas y contaminantes plantas de carbón».

Todas estas consideraciones fueron expuestas en su día tanto por las patronales sectoriales Sedigas y Unesa como por sendos y críticos dictámenes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al primero y segundo Real Decreto y la CNC sólo al primero.

«En cualquier caso, parece claro que la disparatada propuesta, cuya entrada en vigor se ha demorado ya un año, es sólo una muestra más del imposible encaje de bolillos que pretende hacer el Gobierno con el sector eléctrico español, que a ratos parece contar además con la complicidad irresponsable e incomprensible del principal partido de la oposición», informaron las mismas fuentes del sector eléctrico.

Por último, recuerdan que el Gobierno español tuvo que modificar el Real Decreto que aprobó en 2009 tras las consultas informales realizadas ante la Comisión Europea, que no vio con buenos ojos el pago del lucro cesante a las centrales que, habiendo sido casadas en el ‘pool’, se vieran desplazadas posteriormente por las plantas de carbón nacional.