Soria apuntó que aunque la central haya anunciado el cierre definitivo, lo que ha empezado a hacer es «el vaciamiento del núcleo del reactor», un procedimiento que se realiza «a veces, como parada técnica». De este modo, Industria va a esperar para comprobar que Garoña «cierra antes de julio de 2013» y, en ese caso, comenzará un procedimiento de investigación para conocer las causas del cese, «antes de la fecha establecida», y comprobar si se incurre en algún tipo de incumplimiento.

«No estoy hablando de una sanción, pero si la fecha de cierre para un reactor nuclear está establecida en una fecha no se puede cerrar gratuitamente y decir seis meses antes ‘esto se ha terminado'», señaló el ministro en los desayunos informativos de Europa Press.

El ministro, que no confirmó si el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, presidirá el Consejo de Seguridad Nuclear, dijo comprender que a las compañías eléctricas no les gusten los nuevos gravámenes sobre su actividad, pero, a su juicio, hay que compaginar los «legítimos» intereses privados con el interés general.

Además, añadió que su departamento no puede actuar por la decisión de las operadoras de Garoña de no prorrogar el uso de la central más allá de 2013.

Soria recordó la aprobación en la Cámara Baja de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad del Sistema Energético, una norma con «fines recaudatorios», de alrededor de 3.000 millones de euros, con la que se pretende atajar el déficit de tarifa y que impone tasas al combustible nuclear y a la generación eléctrica.

Este ley es la razón que adujo la propietaria de Garoña, Nuclenor, (participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa), para parar su reactor el pasado domingo y no solicitar la prórroga de funcionamiento hasta 2019, ya que haría inviable su negocio, según afirmó la empresa.

En este sentido, Soria criticó que la operadora interpusiera un recurso ante la Audiencia Nacional, para mantenerse abierta hasta 2019, argumentando que el lucro cesal entre 2013 y 2019 suponían unos 400 millones de euros y, posteriormente no solicite la prórroga de actividad porque el impuesto sobre la generación de residuos radioactivos «puede condicionarles el futuro».

Este argumento fue cuestionado por el ministro, que afirmó que la propia central habló de un lucro cesante de 395 millones si no seguía operando hasta 2019, por tanto, descontados los 120 millones de euros de inversión para adaptarse a los requisitos postFukushima y los 153 millones de euros de la nueva tasa, aún le quedan «125 millones de euros».

«Yo creo que no es el Ministerio, sino la empresa, quien tiene que dar explicaciones de porqué se renuncia a una actividad economica«, apuntó el ministro de Industria, quien aseguró que él «no hubiese tomado esa decisión».

El pasado domingo, la central se desconectó de la red eléctrica española y comenzó el vaciado del combustible (uranio) del reactor y su traslado a la piscina.