El Parlamento Europeo debate alargar hasta 2018 las ayudas públicas al carbón

El ponente del informe del Parlamento Europeo sobre esta cuestión, el socialdemócrata alemán Bernhard Rapkay, dijo que propondrá pasar el final de estas ayudas del 1 de julio de 2014 propuesto por la Comisión Europea al 1 de enero de 2018.

Rapkay recordó, durante un debate en la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, propuso inicialmente a la Comisión Europea la fecha de 2018, aunque Bruselas finalmente optó por acortarla en tres años y medio.

«Comparto con él (Almunia) esa fecha. Se necesita un período no excesivo, sino adecuado, para proceder a una reducción progresiva de estas ayudas estatales para la minería del carbón«, añadió el eurodiputado.

La extensión del final de esos subsidios «nos ayudaría a reducir las tensiones sociales, el impacto social que acarrearía», recalcó.

El final de esas ayudas afectará a unos 100.000 trabajadores en la Unión Europea, sobre todo en España, Alemania, Rumanía.

Rapkay advirtió de que si se produce un «abandono rápido de las ayudas en 2014, vamos a grandes tensiones sociales, despidos masivos».

Explicó que la Comisión utilizó un «estupendo» estudio de evaluación del impacto de la medida, pero cuando el colegio de comisarios tomó su decisión «hizo todo lo contrario».

Rapkay avanzó que el pleno de la Eurocámara podría votar su propuesta en su reunión de la cuarta semana de noviembre en Estrasburgo (Francia).

El también alemán Werner Langen (PPE), destacó que si las minas europeas cierran no significará un mix energético más limpio, ya que «lo vamos a sustituir por otro carbón», con un «efecto cero» sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Por ello, dijo que «lo más razonable» es que la Comisión Europea olvide la propuesta de 2014 y vuelva a la propuesta inicial de Almunia de 2018, ya que «él es el comisario de la Competencia».

Langen insistió en que la decisión de la Comisión Europea del 20 de julio fue «insólita», ya que el comisario responsable de Competencia quedó en minoría, algo que «tendría que hacer recapacitar la Comisión».

Por parte del grupo Verde, el belga Philippe Lamberts, manifestó la preferencia por «dar prioridad a la inversión en industrias de futuro».

La propuesta de la Comisión Europea tendrá que ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Gobiernos de los Ventisiete, y luego conciliada con la postura que adopte el Parlamento.

Bruselas exigirá que no haya subvenciones después de 2014

Según fuentes comunitarias, la Comisión Europea aprobará el plan español de ayuda al sector del carbón pero exigirá como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.

La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.

El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. «Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial», alegó WWF.

Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo.