El sector termosolar defiende sus primas ante las medidas del ejecutivo

Hoy en todos los medios de comunicación se especula con una solución populista para la subida de tarifas del segundo trimestre, debido al revés electoral del Partido Popular en Andalucía y a la necesidad de compensar la subida con una medida contra las «empresas», tal y como hemos venido informando.

En esa tarea, la pregunta es, ¿qué es lo populista aquí? Lo populista, evidentemente, consiste en instalar que el precio de la electricidad es caro y que los responsables del déficit y del alza en el precio de la misma son las «empresas» en un país donde los procesos económicos están todavía vistos desde el falangismo y el tardofranquismo. Empresas que, por otra parte, vienen financiando el déficit tarifario del que se benefician el resto de operadores del sector eléctrico.

En efecto, lo populista es, directamente, afectar en las medidas que desarrolle el ejecutivo a las actividades eléctricas, sin mucha reflexión, nada más que los costes políticos, sin modificar los costes regulados que han causado su desequilibrio: aumento de primas en las renovables (por sobrerretribución y por sobrecapacidad, con tecnologías que reventaron todas las previsiones en precio y cantidad, como la termosolar o la fotovoltaica), el déficit tarifario pasado, el coste del carbón nacional o el transporte de electricidad. Lo populista, en términos electorales, es lo que conocíamos ayer: atacar la distribución y no tocar los sobrecostes enunciados anteriormente.

A ese populismo incita Valeriano Ruiz, presidente de Protermosolar en sus declaraciones, en las que, curiosamente, no hace alusión a los crecientes costes regulados del recibo de la luz, como componente principal de su escalada (de hecho, sin el fuerte incremento de estos costes regulados en los últimos años, se podría hasta deflactar el mismo sin efecto para los ciudadanos). Evidentemente, el presidente de Protermosolar trata de hacer de la necesidad virtud y elabora una estrategia para conjurar el fantasma de una moratoria termosolar, de forma que se mantengan esos 1.200 MW de nueva capacidad fuertemente primados y pagados contra el recibo de la luz sin mácula. Una tecnología que, impulsada por las empresas constructoras, está avalada con importantes incentivos y primas asignadas y que irrumpió con fuerza gracias a su capacidad de penetración en las capas más permeables de la Administración energética autonómica y del Ministerio de Industria.

En su argumentación, el presidente de Protermosolar utilizó unos gráficos semejantes a los que había utilizado el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Alberto Lafuente, en su voto particular al Informe sobre el Sector Energético de la CNE, aunque con conclusiones más castristas todavía que las de Lafuente. De forma elíptica, Lafuente afirmaba que las eléctricas habían sufrido supuestamente ya en bolsa y en los mercados financieros por los rumores que provienen de las banderías ideadas en relación al déficit tarifario por los retroprogresivos (la famosa quita), y proponía un hágase, un invocar a que se materialicen esos riesgos, con independencia del origen del déficit, su financiación, de los efectos sobre la inversión, la seguridad jurídica, los mercados, las empresas o la economía española. Al menos, el informe de la CNE partía del hecho objetivo de que el crecimiento del recibo nacía del crecimiento de los costes regulados, como decíamos antes: primas a las renovables, déficit tarifario pasado, contraprestaciones para la garantía de producción de carbón…. Se precisaba una argumentación alambicada y cínica para justificar el desmán, pasando del origen del déficit a propuestas expropiatorias y fiscales para su resolución.

Ruiz, como representante empresarial de la tecnología termosolar, se permite ser más demagógico todavía que Lafuente y así, directamente, acusaba a las empresas eléctricas (seguramente que pensando en Red Eléctrica de España, una de las empresas más rentables del Ibex 35, frente a las castigadas utilities españolas) de ser responsables de la subida del precio de la luz, sin mencionar los componentes del mismo, ni las empresas beneficiarias de la generosa política de primas y potencia subvencionada.

De todas formas, a primera vista, no parece inteligente promover este ejercicio de distracción de atención desde las huestes termosolares (véase cómo es mucho más inteligente la posición fotovoltaica buscando la paridad con el mercado o la investigación del fraude), dado que esta contestación sirve para volver a atraer la vista sobre los propios costes, potencia, primas y empresas interesadas en la promoción de la tecnología termosolar en un momento de evidente encarecimiento necesario del recibo (por decisiones políticas), de medidas de ajuste del sector eléctrico y de debate de los costes que forman el déficit tarifario y su financiación por empresas y mercados. Mucho riesgo es el lanzar una granada de mano de estas características a los medios, aunque proviene de la tranquilidad aparente de que están a salvo de lo que planea el ejecutivo y estando muy interesados en el crecimiento del recibo, por motivos evidentes.

En todo caso, y escapando de esta guerra de guerrillas, el riesgo de una batería de medidas «populistas», «electoralistas» con la electricidad es altamente perjudicial para el Ejecutivo, si está tentado de ello en el corto, medio y largo plazo. Y el ministro puede acabar sobreexpuesto a la demagogia.