Fundación Renovables reclama un «cierre ordenado» de centrales eléctricas térmicas y nucleares

«Las primeras que tendrían que ir retirándose son el carbón y el fuel», las más contaminantes y, a la larga, las menos eficientes económicamente, debido a la necesidad de comprar derechos de emisión.

Tras ellas, habría que estudiar las plantas de ciclo combinado -por su impacto en la balanza exterior, debido a las importaciones, y por las inversiones necesarias para reducir sus emisiones- y las nucleares, una tecnología que la Fundación consideró «inviable económicamente» a no ser que el sector público se ocupe de la «responsabilidad civil» de los residuos y posibles incidentes.

Eso sí, García Breva advirtió que estas centrales «no pueden cerrarse de forma caprichosa», para evitar que suban sus precios de venta, lo que encarecerá el recibo de la luz de los consumidores.

Esta medida rebajaría la sobrecapacidad del parque eléctrico y permitiría adaptarlo a la demanda actual, que cayó a niveles de 2005 por culpa de la crisis y que ha provocado que el sistema deje de ingresar unos 10.000 millones de euros en términos acumulados en los últimos años. «Este dinero va al déficit de tarifa», advirtió García Breva.

El cierre de centrales, que se debería aplicar «en dos o tres décadas», también contribuiría a acabar con una «paradoja» actual en el sistema eléctrico, consistente en que la crisis y la menor demanda elevaron los costes energéticos, las emisiones de CO2 y la intensidad energética, además de haber inducido al Gobierno a rechazar las políticas de ahorro y eficiencia, cuando el sentido común recomienda lo contrario.

García Breva inscribió la medida en una «necesaria transición hacia un modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia», e hizo énfasis en la situación de las centrales de gas y nucleares. «El propio sector gasista, donde se realizó una desastrosa planificación, ya está diciendo que no va a poder asumir sus inversiones», al tiempo que, en el negocio nuclear, «se ha demostrado que las centrales son inviables tras Fukushima».

Como parte de la propuesta de cierre de centrales, la Fundación Renovables no especificó cuántos megavatios fósiles es necesario suprimir, ya que esta cuestión debe ser fruto de una «planificación estratégica y consensuada», si bien su secretario general, Sergio de Otto, dudó de que el respaldo necesario de los ciclos combinados sea de la magnitud que defiende el sector del gas.

Red Eléctrica de España (REE) calculó que «la pendiente más grave» de caída de renovables y requerimiento de entrada de gas es de «entre 1.200 y 1.500 megavatios (MW)», al tiempo que la máxima utilización de centrales de gas se situó en torno a los 16.000 MW, indicó De Otto.

Según la memoria estadística de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) de 2011, el parque eléctrico cuenta con 105.205 MW, de los que 68.977 MW son de régimen especial, y dentro de esta cifra 25.175 MW corresponden a ciclos de gas, 17.059 MW a hidráulica, 11.851 MW a carbón y 7.849 MW a nuclear. El carbón produjo el 16% de la electricidad en 2011.

Medidas contra la «política miope» del Gobierno

La Fundación Renovables presentó esta medida y otras cinco para evitar que el modelo energético «agrave la crisis» y acabe gestando «una nueva crisis». «La falta de política energética está agravando la crisis, y dentro de esta crisis se está gestando otra provocada por el aumento de las importaciones fósiles de carácter inflacionista», afirmó su presidente.

García Breva arremetió además contra la actual «política miope» del Gobierno en energía y contra sus medidas para acabar con el déficit de tarifa, en la que se han dado episodios de «surrealismo presupuestario y político», al diseñarse órdenes ministeriales en las que se imputan costes a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la propia Ley de Presupuestos rechaza.

Además, defendió la capacidad de las renovables para reducir el precio del «pool» y calificó de «alucinante» que, gracias a la nueva fiscalidad eléctrica, los ciudadanos se hayan «podido enterar ahora» de que el gasóleo, el fuel y el gas «disfrutaban de exenciones fiscales desde hace años».

Dentro de su catálogo de propuestas, la Fundación Renovables también defendió el impulso a la generación distribuida y al autoconsumo energético, así como una rápida y correcta transposición de la nueva directiva comunitaria sobre el ahorro y la eficiencia, y la derogación del real decreto ley 1/2012 en el que se incluye la moratoria a las renovables.

Junto a esto, pidió la prohibición de la exploración y producción de gas y petróleo no convencional en España («shale gas») y se pregunta «cómo hay comunidades autónomas que defienden con uñas y dientes su patrimonio cultural y al mismo tiempo aprueban por nada exploraciones que suponen abrir en canal su territorio».

La Fundación abogó también por un modelo de «corresponsabilidad fiscal» en el que otros consumidores de energía, como los automovilistas, también paguen el coste de una electricidad más verde, así como un plan especial de estímulo a las renovables en Canarias y Baleares, donde su uso se demostró más competitivo que el gas u otras fuentes convencionales.

En su planificación energética para los próximos años, también figuró el fomento del ahorro y la eficiencia energética, sobre todo, en lo que respecta a la rehabilitación de edificios, que consideraron «vinculado al crecimiento económico y a la creación de empleo».

García Breva subrayó que esta sería una normativa de «transición» desde un modelo de «dependencia» de las importaciones fósiles y consumo creciente o otro basado en las «energías autóctonas», es decir, las renovables, en línea con los objetivos europeos.

En ese sentido, indicó que diversos estudios demuestran que en los últimos años la rentabilidad económica de las renovables «está mejorando», al tiempo que se reduce la de tecnologías basadas en combustibles fósiles, una «tendencia global» que indica cual será la prioridad de inversiones en los próximos años.