El sistema propuesto por Industria, todavía en revisión, fija unas medias de consumo por escalones de potencia contratada «con el fin de obtener unas medias acordes a los patrones de consumo de los hogares y no penalizar a aquellos suministros que han optado por sistemas de climatización basados en energía eléctrica».

A esta media de cada tramo se le sumará un 10% y ese será el punto de consumo a partir del cual se empezará a aplicar una penalización, según Industria. Por tanto, su aplicación «tendrá un impacto nulo en todos aquellos consumidores que consuman por debajo de la media e incluso para aquellos que consuman un 10 % más que la media», aseguraron desde Industria.

En concreto, una vez superado este consumo, se aplicará un peaje cada vez más elevado. Los aumentos se aplicarán en tramos: dependiendo de lo que se supere el punto de inicio de penalización, se aplicará un peaje más caro. En la propuesta enviada a la CNE los tramos de aumentos de los peajes van del 2% al 16% con respecto al peaje normal cuando el consumo supere la media en una banda que va del 10% a más de un 110%.

Superado el punto de penalización, el alza de peajes se aplica a todo el consumo de la factura, mientras que en el caso de los usuarios con discriminación horaria, el cálculo del consumo medio se hará sobre las horas puntas para incentivar la gestión de la demanda.

Sobre el efecto que tendrá esta penalización en la factura, fuentes de Industria detallaron que el impacto dependerá de lo que se exceda en el consumo. Según los tramos de recargo planteados, suponiendo que los peajes (parte regulada de la factura) suponen alrededor un 50% de la misma, la factura eléctrica podría incrementarse entre el 1% y el 8%.

En este último caso (+8%), Industria recordó que esta subida se aplicaría a un consumo que superase en más de un 110% la media de consumo de su potencia contratada.

Esta medida recaerá principalmente sobre los usuarios acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y que resulta de la suma de los peajes y del precio de la energía que arrojan las subastas de energía denominadas Cesur.

La medida afecta a los consumidores de baja tensión con una potencia contratada mayor de 3 kW y menor de 10 kW, que no estén acogidos al bono social, que supone pagar los precios que había en enero de 2009. Actualmente, hay unos 20 millones de hogares y pymes acogidos a la TUR y más de 3,3 millones de beneficiarios del bono social, que son los usuarios con potencias inferiores a los 3 KW y los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y los pensionistas mínimos que lo soliciten.

Este nuevo sistema se incluyó en la propuesta de orden de peajes para el primer trimestre de 2013 que está estudiando la CNE. El regulador emitirá su informe y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras estudiarlo, aprobará el sistema definitivo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013 y con ella se prevé ingresar unos 280 millones de euros en un año.

Con la introducción de la progresividad en los peajes se persigue impulsar un consumo energético «más responsable» y reducir las emisiones de CO2 mediante la penalización de los excesos, según las fuentes de Industria.

Facua dice que la tarifa progresiva es ilegal y vulnera la Constitución

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró que la nueva tarifa progresiva de electricidad es «ilegal», al vulnerar principios constitucionales como el de igualdad y el de seguridad jurídica. En concreto, la vulneración de los principios constitucionales se produce desde el momento en el que se penaliza el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos.

Para Facua, el nuevo modelo de peajes progresivos en la factura eléctrica no tiene como objetivo penalizar consumos excesivos, sino que es una «subida encubierta» de la luz, ya que la «inmensa mayoría» de usuarios asumirá encarecimientos en el precio de la energía consumida.

La asociación advirtió que el Ministerio de Industria ha diseñado ochenta y cuatro modalidades tarifarias, frente a las dos que tiene la actual Tarifa de Último Recurso (TUR), con y sin discriminación horaria, para encarecer de forma encubierta el consumo de luz hasta un 7,4% a partir del próximo enero.

De esta forma, señaló, a la nueva subida de tarifas que previsiblemente entrará en vigor en enero se sumaría un segundo incremento «que pretende presentarse disfrazado de medidas para incentivar el ahorro energético y con el que el ministro José Manuel Soria sembrará el caos entre los usuarios para beneficiar una vez más a las eléctricas».

La asociación calificó el nuevo peaje de «disparate tarifario» y aseguró que su aplicación servirá para «penalizar a usuarios con un consumo muy reducido de electricidad».

Para los que tienen la potencia contratada más baja, de 3,3 kilovarios (kW), el encarecimiento ya se producirá con sólo consumir 190 kilovatios hora (kWh) mensuales, o 73 kWh si tienen la TUR con discriminación horaria.

«Ni siquiera los tramos de consumo con las penalizaciones más altas responden necesariamente a perfiles de usuarios despilfarradores, al no tener en cuenta el número de personas que residen en la vivienda, la zona del país o la época del año».

Según un análisis realizado por Facua sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el consumo medio en España es de 366 kWh mensuales, mientras que el precio del kWh vigente en la actualidad es de 14,9198 céntimos más impuestos indirectos.

Sobre esta base, la asociación calculó que las penalizaciones elevarían el coste del kilovatio hora a entre 15,0578 y 16,0238 céntimos, lo que representa subidas que oscilan entre un 0,9 y un 7,4%.

La organización recordó además que la anulación por parte de los tribunales de este tipo de tarifas tiene precedentes. En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya eliminó una tarifa similar aprobada por la Junta de Andalucía a una suministradora de agua.

Anpier: «El peaje progresivo es una subida encubierta de la luz»

La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) consideró que el nuevo peaje progresivo en la tarifa de la luz supondrá una «subida encubierta» de la tarifa y añadirá «oscurantismo y confusión» a los «crecientes importes que abona el ciudadano» en su recibo eléctrico.

Además, la asociación lamentó que al consumidor se le transmita «torticeramente desde el propio Gobierno de la nación que la electricidad resulta cara porque hay que soportar el elevado déficit de tarifa que están generando las energías renovables».

Para la asociación, las eléctricas están recibiendo un «trato de favor en perjuicio de las renovables y de la ciudadanía», por lo que es necesario reconducir la política energética y exigir al Gobierno un «ejercicio de transparencia hacia el ciudadano».

En concreto, Anpier reclamó una auditoría de costes que aclare cuánto supone producir un megavatio de energía en función de las distintas tecnologías empleadas, con el objetivo de que a los ciudadanos no se les repercuta unos «sobrecostes inexistentes, que han generado una colosal deuda virtual y que se tendrán que abonar durante lo que resta de siglo».

La asociación denunció además el mecanismo de subastas Cesur, en el que se añaden también «costes virtuales, puesto que las eléctricas, que controlan el grueso de la oferta y de la demanda de energía, pueden condicionar ambas curvas en momentos puntuales para establecer precios más elevados«.

Junto a esto, arremetió contra la alta retribución en los mercados mayoristas recibida por las energía nuclear e hidráulica, y denunció el alto número de políticos con contratos o asientos en los consejos de administración de las eléctricas.