El decreto del carbón costó casi 400 millones de euros en 2011 y disparó en un 35% las emisiones de CO2

Estas cifras aparecieron recogidas en el «Informe anual de supervisión del mercado eléctrico« de 2011 elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en el que además se identificaron prácticas y sobrecostes que encarecerán adicionalmente en 438 millones de euros el sistema eléctrico durante 2012.

En el informe, el regulador indicó que las centrales térmicas quemaron un 79% del volumen máximo de carbón nacional recogido en el decreto del carbón. Para 2012, el volumen máximo anual incluirá 4.866 gigavatios hora (GWh) no producidos en 2011, y solo en enero ya se produjo un 9,3% del total.

El decreto del carbón tuvo tres efectos. En primer lugar, provocó un aplanamiento de precios, esto es, una menor diferencia entre los precios de las horas punta y horas valle. «El efecto negativo de este hecho es la desaparición de la señal de precio que fomenta un consumo eficiente por parte del consumidor», afirmó la CNE.

El segundo efecto es que la entrada «forzada» del carbón en el sistema eléctrico «alteró» el funcionamiento de otras tecnologías como el carbón importado o los ciclos combinados de gas, que se vieron desplazadas. En el caso del gas, esta circunstancia se suma a las tensiones en los mercados durante 2011 e hizo que esta tecnología registrara la mayor caída.

El tercer impacto tiene que ver con las emisiones de CO2. «Se esperaba que no tuviera impacto por sustituir un carbón (nacional) por otro (importado) pero no fue así», afirmó el regulador en alusión al decreto del carbón, antes de lamentar que no se haya cumplido esta previsión.

«Las centrales de carbón importado reducidas por las restricciones recuperan posteriormente gran parte de su programa participando en los mercados de ajuste o reemplazando en intradiarios a otras tecnologías no contaminantes pero más caras», señaló.

Esta circunstancia y el hecho de que las centrales de carbón autóctono hayan desplazado a los ciclos combinados de gas, junto a la reducción de producción hidráulica y eólica, «producjo en 2011 un incremento de las emisiones de CO2 del régimen ordinario peninsular en un 35%», aseguró.

Por otro lado, el decreto identificó sobrecostes adicionales por valor de 438 millones de euros. En primer lugar, señaló que la normativa vigente desde julio de 2009 provoca un descuadre entre la energía programada y la finalmente producida cuyo coste ronda los 100 millones de euros.

En segundo lugar, señaló que la orden ministerial de noviembre del año pasado que revisa los incentivo a la inversión y a la disponibilidad de centrales provocó un incremento en 2012 de esta partida de 338 millonesde euros, que eleva a 846 millones de euros el coste de los pagos por capacidad.