El sector del biodiésel denuncia que Argentina presiona a Industria para impedir un sistema de cuotas

APPA afirmó que el Ejecutivo está retrasando esta orden, elaborada por el anterior Gobierno y que está lista para su publicación en el BOE, debido a «las fuertes presiones en contra que viene ejerciendo el Gobierno argentino, que amenaza con represalias económicas».

Esta norma permitiría acabar con las «importaciones desleales» de biodiésel, que se situaron en el 89% en el cuarto trimestre del año pasado y agravaron aún más la situación de un sector que se encuentra en fase «terminal», afirmó APPA.

El retraso que acumula la aprobación de la regulación, señaló, «pone en serio peligro de desaparición definitiva a todo un sector productivo, que ha invertido 1.400 millones de euros y aún mantiene cerca de 1.000 puestos de trabajo directos de media y alta cualificación». La medida que reclamó la asociación es similar, según dice, a las aplicadas en Francia, Bélgica, Portugal o Grecia.

La producción nacional de biodiésel bajó en 2011 por primera vez en su historia, al sufrir un «derrumbe» del 50%, señaló la asociación, que advirtió de la «desaparición del sector» si el Gobierno no publica antes y «sin demora» la orden ministerial con cuotas para este producto.

«La magnitud de la tragedia es evidente», señaló APPA, que cifró en un 14% el grado de uso de las plantas españolas y que citó a Argentina e Indonesia como los dos países de los que proceden las «importaciones desleales».

«Desgraciadamente, el sector del biodiésel está en las últimas», aseguró el presidente de APPA Biocarburantes, Alfonso Ausín, para quien «sólo una actuación rápida y decidida del nuevo Gobierno puede ya salvar este tejido productivo y sus puestos de trabajo».

La asociación indicó que Argentina e Indonesia aplican un sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) mediante las que gravan en menor medida el biodiésel que las materias primas utilizadas para su fabricación.

Esta circunstancia, aseguró la asociación, otorga a ambos países una ventaja competitiva artificial que puede estimarse en más de 100 euros por tonelada de biodiésel, lo que condujo a la «parálisis» a la gran mayoría de las cincuenta plantas existentes en España.

Estas instalaciones sufren ahora concursos de acreedores y procesos de regulación de empleo, sin que ni siquiera las fábricas más grandes estén en condiciones de aguantar esta situación por mucho más tiempo, afirmó APPA.