La CNE critica que con la fusión de los reguladores el Gobierno asuma el veto a operaciones corporativas

Entre las funciones que pasarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo figura la actual capacidad de la CNE para emitir dictámenes vinculantes y vetar operaciones empresariales y corporativas que afectan a actividades reguladas, conocida como Función 14, según consta en el informe elaborado por el regulador acerca del anteproyecto de creación de la CNMC, que agrupará a ocho organismos reguladores.

Esta Función 14 fue utilizada en 131 ocasiones por el regulador, 56 de ellas en 2011, si bien cobró importancia cada vez que se estudiaron importantes operaciones corporativas, entre ellas las adquisiciones de Endesa o de Unión Fenosa.

Su objetivo, prosiguió, es determinar si existen riesgos significativos «para la seguridad y calidad de suministro energético» y ese control debe entenderse «como una función de supervisión» que debería quedar incluida dentro del futuro CNMC.

La CNE se opone a esta pérdida de competencia porque la Función 14 supone un mecanismo ‘ex ante’ de supervisión de operaciones empresariales «orientado a garantizar el suministro energético y salvaguardar el equilibrio patrimonial de las sociedades con actividades reguladas».

En torno a esta función, señaló el regulador, se fue creando una fuente de precedentes administrativos a menudo invocados por las propias empresas o por la propia CNE a la hora de elaborar sus resoluciones. El mecanismo permitió «garantizar la previsibilidad en la actuación administrativa» y consolidar la «confianza y la seguridad jurídica», señaló.

En su informe, la CNE se muestra también crítica con la pérdida de independencia que puede provocar la nueva norma y hace énfasis en la gran cantidad de funciones que no podrá desempeñar la nueva CNMC y que pasarán a Industria.

Entre ellas figuran las funciones inspectoras y de incoación de expedientes sancionadores, así como otras incluidas en las directivas europeas y relacionadas con aspectos como la calidad del suministro o las revisiones de retribuciones.

También señaló entre esas funciones las actividades reguladas del sector eléctrico y gasista. Unas liquidaciones, añadió la CNE, de una «importancia crítica», cuyo traspaso conllevaría importantes dificultades por el personal y medios que requiere y que dan al organismo regulador información «indispensable» para el ejercicio de sus funciones de supervisión. Por ello, recomendó que se queden en el organismo regulador o que el personal de la CNE que desempeña estos trabajos pase a Industria.

Lo mismo recomendó para las funciones de inspección del sector eléctrico y gasista, a la vez que reclamó que el conjunto de competencias en materia de protección al consumidor pasen a la futura CNMC.

El organismo también lamentó que Industria asuma su actual capacidad para ejercer acciones legales para el control de las limitaciones accionariales en REE y Enagás. Con la nueva norma, el Gobierno podría pronunciarse sobre derechos de voto en empresas participadas en un 20%, en el caso de REE, y en un 5%, en el de Enagás.

Asimismo, el organismo presidido por Alberto Lafuente pidió además que la CNMC mantenga un servicio jurídico propio y los actuales consejos consultivos, y advirtió además de que «el control de eficacia» que el Ministerio de Economía y Competitividad podría aplicar sobre el regulador «podría no resultar compatible con la normativa de la Unión Europea» y debería suprimirse.

El regulador recordó que la legislación comunitaria apela a la existencia de organismos independientes del Gobierno con potestades ejecutivas, de inspección, de requerir información, de sancionar o de resolver conflictos.

Junto a esto, advirtió al Gobierno de que la Unión Europea promovió en sus directivas la existencia de reguladores «independientes» capaces de desarrollar su trabajo «con imparcialidad y transparencia», y de tener una naturaleza «jurídicamente distinta» y «funcionalmente independiente».

Asimismo, señaló que el esquema de financiación del nuevo organismo que se plantea en el informe podría «no resultar suficiente» para lograr la suficiencia de ingresos si no se articulan otros medios complementarios.

En un amplío y técnico informe, la CNE también apuntó en diversas ocasiones a la «multitud, complejidad y especificidad de funciones» que el nuevo organismo deberá ejercer y que la integración en una misma autoridad de las funciones de competencia con el resto de funciones sectoriales será otro factor de complejidad añadida, aunque no entró a valorar estos aspectos.