Según apuntaron fuentes del Gobierno español, Rodriguez Zapatero tuvo ocasión de mostrar su preocupación por esta cuestión a Barroso, en el marco del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas, y analizaron el retraso de la Comisión para dar luz verde a esas ayudas, mientras en España se suceden las movilizaciones de mineros.

El Gobierno, según estas fuentes, no tiene dudas de que el decreto aprobado con las ayudas para el sector será autorizado por la Comisión y subraya el apoyo de Barroso.

No obstante, las fuentes reconocen también que hay división de opiniones entre los miembros del Ejecutivo europeo sobre la continuidad de ese respaldo a un sector deficitario y contaminante.

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, avanzó que el trámite del decreto español sobre el carbón, para ver si es compatible con la normativa comunitaria, va por buen camino y que España recibirá una respuesta «en las próximas semanas».

El contenido de la norma fue notificado hace cuatro meses a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea y recoge ayudas a las centrales térmicas que por obligación de servicio público tienen que consumir carbón, en un momento en el que sector vive un clima de conflictos laborales por el impago de nóminas.

Almunia recordó que aún está pendiente de aprobación por parte de los Estados miembros de la Unión Europea la prórroga definitiva para la eliminación de las ayudas a la extracción del carbón, de acuerdo con la normativa vigente del tratado europeo.

El último plazo aprobado termina en diciembre de 2010, con lo que los ministros de Industria europeos deben ponerse de acuerdo antes de esa fecha. Los principales interesados son los países que aún no han eliminado estas ayudas: Alemania, Rumanía y, sobre todo, España.

Alemania tiene un plan previsto de retirada de las ayudas en 2018. Sin embargo, España no tiene plan ninguno y hasta la fecha, el órgano colegiado de Competencia ha propuesto que el plazo se extienda hasta 2014.

Territorios mineros europeos apoyan el decreto del carbón español

Asimismo, representantes institucionales de territorios mineros de ocho países europeos se adhirieron en Gijón a un documento de la Asociación de Comarcas Mineras de España (Acom) en el que piden que la Comisión Europea autorice el decreto de ayudas al consumo de carbón autóctono previsto por el Gobierno español.

Fue suscrito por representantes del condado británico de Wigan, del municipio alemán de Gelsenkirchen, de la región francesa de Nord-Pas-de-Calais, de la Asociación de Comarcas Mineras de Francia y de la Fundación Laboral de Eslovenia.

También por la Asociación de las Comarcas Mineras de Polonia, el municipio húngaro de Tatabanya, la región checa de Karvina, el municipio belga de Houthalen-Helchteren y la Asociación de Comarcas Mineras de Bélgica.

Asturias demanda que Bruselas «convalide» este mes el real decreto

Por su parte, el consejero de Industria y Empleo de Asturias, Graciano Torre, manifestó que espera y demanda que la Comisión Europea debata y «convalide» antes de que finalice este mes el real decreto español que declara el carbón nacional como reserva estratégica.

El consejero apuntó que «será difícil» que la Comisión Europea debata la validez del real decreto en la próxima reunión del día 22, pero subrayó que lo importante no es que se lleve cuanto antes ante este organismo sino que cuando lo estudie, «haya una mayoría de comisarios que lo apruebe.

«No va a entrar en principio para la reunión del día 22, que se iba a celebrar el 15, pero confío en que sea para el 29, no sólo confío, si no que lo demando», recalcó y agregó que si no entra en la reunión del día 22 es porque «no hay mayoría suficiente» y dijo que espera que ésta se pueda conseguir a «la mayor brevedad posible».

«Esto exige contactos y argumentaciones para convencerles», afirmó Torre, que apuntó que el próximo día 24 asistirá a una reunión con el secretario de Estado de la Energía, Pedro Marín.

En este sentido, indicó que los gobiernos central y autonómicos están «presionando» al conjunto de los comisarios ofreciéndoles «argumentación más que suficiente para que no se opongan al decreto».

Aseveró que la validez de este decreto supone «una necesidad y una urgencia extrema», ya que sin él la minería estaría en «una situación crítica».