Así lo ha exigido el presidente de Carbunión, Victorino Alonso, quien se ha reunido en Gijón con la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y el director general de Minería de Asturias, Isaac Pola.

Alonso ha anunciado que el primer pago de Hunosa permitirá abonar a los mineros el cincuenta por ciento de los salarios de julio y en cuanto se reciba el segundo ingreso -a lo largo de la próxima semana si la empresa no utiliza alguna «trampa, ha dicho- se pagará el resto de la nómina del citado mes.

El presidente de la patronal ha aclarado que los empresarios no pueden pagar porque no reciben ni el dinero del Gobierno ni la ayuda y ha cifrado en 175 millones de euros la deuda del «almacén energético».

Ha advertido de que, aunque el decreto del carbón se desbloquee en septiembre, hasta noviembre no se realizarán las primeras operaciones, que se cobrarían en diciembre, y ha exigido que el Gobierno pague mientras tanto un mes y medio por cada mes de nóminas.

ACOM ha redactado en su reunión una carta dirigida a los miembros del Colegio de Comisarios de Europa con el objetivo de impulsar la aprobación del citado decreto.

«El retraso por parte del Colegio de Comisarios, en la decisión de evaluar la conformidad con las Leyes de la Unión Europea del Real Decreto134/2010, produciría el colapso de las empresas mineras y el cierre del sector, con terribles consecuencias a añadir a la ya difícil situación socio-económica de las regiones mineras», advierte.

El documento subraya que las empresas españolas productoras de carbón están ante una «situación límite» como resultado de la falta del marco estable que permite el consumo de carbón autóctono para la producción de electricidad.

La asociación recuerda que, a pesar de su desarrollo, el campo de las energías renovables «no es completamente gestionable, programable» y está sometido a las variaciones climáticas, por lo que requiere un apoyo adicional de energías térmicas convencionales.

Isaac Pola ha reivindicado el carácter «urgente» de la aprobación de la norma ante la situación «francamente difícil» del sector.

Por su parte, el presidente de ACOM, Gabriel Pérez Villalta, ha considerado también fundamental aprobar un reglamento del sector y ha insistido en que sin el decreto no tendría sentido puesto que el sector estaría abocado al cierre.

La organización ha solicitado una entrevista con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, para expresarle sus reivindicaciones y desea conocer la postura del resto de países.

Pérez Villalta ha reconocido que aquellos que carecen de industria del carbón son «lo que están generando mayores problemas».

Por último, el vicepresidente de ACOM y alcalde del municipio leonés de Páramo del Sil, Ángel Calvo, ha recordado la situación que viven los mineros encerrados en defensa de sus intereses luchando por el pago de sus salarios.

Sebastián denuncia que algunas empresas incumplen los acuerdos

Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró en los pasillos del Senado que algunas empresas de la minería del carbón incumplen lo acuerdos adoptados en la comisión de seguimiento respecto al pago de nóminas a los empleados y calificó esta actitud de inaceptable.

Sebastián pidió a la patronal del sector, Carbunión, que denuncie los comportamientos de estas empresas y añadió que su departamento «está tomando buena nota de ello».

Sin estos desmarques empresariales de los acuerdos, para Sebastián, «la situación se calmaría y volvería a su cauce».

El ministro recordó que dentro de la Comisión de Seguimiento del Plan General de la Minería del Carbón prima un acuerdo con Carbunión y con los sindicatos del sector, que dotaba de liquidez a las empresas mineras para pagar las nóminas a los empleados a la espera del decreto que va a aprobar la Comisión Europea.

Sebastián dijo que confía en que este mes se pueda aprobar el decreto en Bruselas y, con ello, se acabe esta situación de incertidumbre.

Hunosa atribuye el conflicto a la estrategia empresarial desde 2007

Asimismo, el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, ha atribuido el conflicto en la minería privada derivado del impago de las nóminas por parte de varias compañías del sector a una estrategia empresarial que arranca en 2007.

En una rueda de prensa, Secades ha incidido en que en esta situación «todo el mundo tiene culpa y disculpa», tanto las eléctricas, incapaces de consumir la producción acumulada por las empresas mineras, como las compañías productoras de carbón.

No obstante, ha subrayado que también Hunosa ha sufrido problemas similares con su principal cliente, HC Energía, y lo ha «resuelto» lo que le ha permitido mantener las entregas de carbón y que la empresa eléctrica siguiera pagando por el mineral adquirido.

«Y ahora no me gustaría oír el chiste fácil de que como somos una empresa pública hacemos lo que sea», ha advertido Secades tras recordar que desde el pasado 31 de agosto estaban a disposición de los grupos Victorino Alonso y Viloria los contratos para que Hunosa les comprase la producción correspondiente a quince días de producción.

A su juicio, es «evidente» que si, ambas empresas hubiesen suscrito al igual que el resto los contratos correspondientes con la compañía pública, que reportarán 7,4 millones de euros al Grupo Victorino Alonso y 0,7 millones a Viloria, «parece evidente que podrían haber pagado parte de los salarios».

En este sentido, ha reiterado que Hunosa se ha limitado a cumplir con el mandato del Consejo de Ministros de adquirir quince días de producción correspondiente a marzo y que era el Instituto del Carbón el encargado de determinar las cantidades que correspondía adquirir a cada empresa privada.

Secades ha lamentado además el «ruido» en torno a este conflicto y ha subrayado que «el más legítimo es que el que generan los trabajadores que no cobran sus salarios» y ha lamentado además el retraso en la aprobación por parte de la Unión Europea del Real Decreto que obliga a las eléctricas a consumir las cantidades de carbón nacional pactadas en el plan del sector vigente hasta 2012.

Este retraso, ha admitido, «dificulta» la situación del sector y ha considerado que si el texto fue remitido a Bruselas el pasado mes de febrero «a estas alturas habría que saber si sí, o si no» y ha cuestionado si «alguien» no debería haber sido «un poco más diligente» a la hora de tramitarlo ante los organismos comunitarios.