El texto, pactado por PP y PSOE y aprobado por unanimidad, pide que estos sistemas se implanten también de forma paulatina en los hogares ya existentes, de conformidad con un plan que establezca el Gobierno en coordinación con las Comunidades Autónomas.

La iniciativa añade que las distribuidoras de gas podrán interrumpir el suministro a los clientes que no faciliten la ejecución de las revisiones.

En la proposición se insta a un control más eficaz, por parte de los organismos públicos competentes, de las inspecciones periódicas de todas las instalaciones de gas que realizan las empresas distribuidoras, comprobando, especialmente, que se hacen en los plazos reglamentarios.

Respecto a las redes de distribución urbanas, se pide mejorar los sistemas de control de posibles fugas y continuar ampliando el espectro de seguridad en las redes de tuberías de las ciudades para evitar, por ejemplo, roturas durante la realización de obras.

En cuanto a las redes de distribución en edificios, la proposición no de ley insta a apoyar y fomentar su instalación en el exterior de los inmuebles, tanto nuevos como antiguos, y establecer un programa de revisiones de las zonas comunes, de la misma manera que existen ya para las redes individuales.

Estas actuaciones para la mejora de la seguridad deberán ser incluidas en el plan de ayudas aprobado por el Gobierno para la rehabilitación de viviendas.

En el texto también se pide aumentar la eficacia y, en su caso, la periodicidad de las revisiones de gas, de forma consensuada con autonomías, empresas y asociaciones de usuarios; así como apoyar iniciativas que fomente la formación y actualización profesional de los instaladores y revisores de las instalaciones de gas.