La cabeza caliente y los pies fríos

El informe de la CNE centra el problema en los costes regulados y en la convergencia a un plazo mayor de las cuentas del déficit, aunque las medidas para resolver el déficit tarifario acumulado están muy diluidas en la propuesta finalmente aprobada por este organismo. Hay que tener en cuenta que el informe tenía que responder a la doble paradoja de que España es uno de los países en que su mercado mayorista se sitúa en la banda baja de precios en la generación de electricidad, pero los precios de la electricidad han escalado notablemente merced a los costes regulados. Algo que es muy parecido en lo que se refiere a los precios del aprovisionamiento gasista.

El informe era una papeleta difícil que el Consejo de Administración de la CNE soluciona con un conjunto de propuestas de un marcado ‘low profile’ mediático. Las medidas más relevantes consisten en el aplazamiento de inversiones en activos regulados, fundamentalmente de transporte tanto en el sector gasista como en el eléctrico, revisión del método de cálculo de las mismas, revisión de la tasa de rentabilidad asociada y su vinculación con la demanda, revisión del modelo de retribución de la distribución (aunque su correlación con la demanda y su instrumentación tardía matizan esta propuesta), la fijación de un incremento en los impuestos aplicados a los hidrocarburos, el traslado de los costes impropios de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado, la laminación de las primas a la termosolar, el cambio del sistema de titulización para reducir costes financieros y la elevación del horizonte temporal a la resolución del déficit tarifario hasta 2016.

Por su parte, en este caso, el verso suelto es el voto particular del Presidente del organismo. Insólito, contradictorio con el Consejo, pero por lo menos, Lafuente introduce su voto en las tesis industrialistas que relacionan precio de la energía y competitividad y se centra en señalar que llevar determinadas partidas a los Presupuestos Generales del Estado es crear déficit público sin entrar a valorar dónde deben estar dichas partidas por su naturaleza, cuando lo que debe hacer es colocar cada cosa en su sitio. En segundo lugar, Lafuente construye un voto particular para discrepar ‘amablemente’ (en las formas escritas de su posición) y reclamar mayor fiscalidad y, a la vez, para incorporar la pregunta peronista del partido justicialista de rigor: ¿quién debe pagar el déficit tarifario? Expresada en otros términos, la pregunta es, ¿es justo y necesario que los consumidores paguen ahora por la electricidad consumida del pasado, a precios artificialmente rebajados, cuando nosotros como clase política les hemos ido colocando tarifas-espejismo y, desde estas mismas instancias públicas, hemos ido decidiendo engrosar los costes regulados con el fin de distribuir el capitalismo popular de los últimos años y financiar burbujas?

A la pregunta, ¿quién debe pagar el déficit?, la respuesta es clara: es quien no pagó la factura en su momento, aunque el encarecimiento por su aplazamiento tenga múltiples responsabilidades. Realmente la cuestión es por qué se decidió en ese momento generar ese torrente de costes en la tarifa y no se fue más mirado, y por qué por parte de las mismas instancias en esos mismos instantes se decidió controlar los precios de la energía. Pero, fuera de este mohín, el informe de Lafuente es relativamente comedido.

En todo caso, el presidente se queda atrapado en su razonamiento. De hecho, si Lafuente efectúa el aserto de que el problema han sido los costes regulados (y los mecanismos de decisión que los promovían) y que la electricidad, por otro lado, para los ciudadanos empieza a situarse en la banda alta de precios de Europa por estos costes, la solución no es gravar “lo barato” para seguir dejando margen al crecimiento de los costes derivados de la discrecionalidad. Lo que no se explica, tras la lectura de su voto particular, y con estos matices sobre la posición general, es cómo el Presidente del organismo tenía que sacar las patas por alto y no se podría haber conformado con una explicación de voto, en lugar de una posición contraria de tales proporciones a la vista de la discrepancia. Lafuente es un estilo en sí, quizá está ahí toda la explicación.

Por otra parte, el informe es un gran varapalo a los que aspiraban a que la CNE se pronunciara de forma sucinta o de forma ‘elíptica’ a favor de la palabra “quita”, sea por vía directa o por vía de la imposición o gravamen a la generación eléctrica (o, en concreto, a las tecnologías hidráulica y nuclear). Los partidarios, difusores y promotores de la ‘quita’ hacían inciso de la reacción al Informe de los mercados bursátiles corrigiendo a la baja las cotizaciones de Enagás y Red Eléctrica de España, operadores de transporte y gestores de los sistemas gasista y eléctrico, cuyas inversiones sin demanda se han precipitado sobre las tarifas eléctricas y gasista, en forma de costes regulados, sobre todo porque el informe destapa su impacto y su desconexión respecto a la demanda (o el interés en la inflación de las cifras de la misma) a la hora de maximizar su beneficio. Recordemos que, hasta el momento, gracias a sus resultados encabezaban el Ibex 35.

En línea con estos argumentos de los mercados bursátiles, y volviendo al voto particular de Lafuente, este esgrimía de forma omitida como razón para legitimar la fijación de impuestos a la generación hidráulica y nuclear que los mercados bursátiles y financieros ya habían descontado este correctivo sobre las empresas eléctricas, dado el clima de opinión en España y la insistente campaña a favor de la “quita” desatada por los partidarios de las soluciones fáciles. Se trata de una afirmación discutible que contiene una justificación reprobable, que revela el verdadero propósito del presidente del Organismo.

Y, siguiendo con las reacciones, en Industria no ha sentado nada bien el informe del organismo, dado que esperaba otra cosa según los antecedentes ideológicos en que se movía la Comisión Nacional de Energía. Dos han sido los argumentos de cobertura de esta posición en el departamento que dirige José Manuel Soria: que el informe no debía haberse hecho público y que no comparten algunas de las medidas que propone. En todo caso, hubiera sido más lógico que Industria hubiera mostrado su malestar por el procedimiento empleado para llegar al Informe consistente en una consulta pública desmadrada y desinstitucionalizada en plan Fuenteovejuna.

Rompamos por una vez en todo este proceso, una lanza por la Comisión Nacional de Energía, por el hecho de que se haya hecho público este informe y con esta celeridad, inusual por cierto. En todo caso, si el Gobierno buscaba algún tipo de legitimación de corte retroprogresivo para tomar medidas “fiscales”, esto es, la fantasiosa idea de la quita y la imposición de fiscalidad a la generación, los resultados no han sido los previsibles. En todo caso, hay que reconocer que el informe no ayuda al Gobierno y que ahora no le queda nada donde agarrarse para propalar medidas que formaban parte del imaginario colectivo, incluyendo el de la Oficina Económica del Presidente y su laboratorio de macroeconomía.

Conclusión: el informe pone el foco en los costes regulados, sin ninguna duda, lo que complica más las soluciones fiscales a la generación, al aprovisionamiento o a los mercados mayoristas. Y, en segundo lugar, convicción o tacticismo, el Gobierno, contra todo pronóstico, se queda con la cabeza caliente y los pies fríos a la hora de abordar este problema, sin poder acudir a la chapuza o al atajo. No es poco.