Financiar el déficit tarifario

Como cualquier deuda, el déficit tarifario requiere de financiación. Por tanto, si existe una deuda, alguien tiene que financiarla. En el caso de que un inquilino no pague el alquiler, éste estará siendo financiado por el arrendador o casero. Y si el inquilino solicita un préstamo, entonces es el banco el que financia al inquilino para el pago de su deuda, con sus intereses y sus plazos de devolución. Si además, para la concesión de este préstamo se necesita una garantía o aval, la operación de financiación se ‘complejiza’, de forma que aparecerán terceros que respondan de esta deuda.

Recordemos, por otra parte, cómo se forma el déficit tarifario. Se trata de una deuda que aparece por la diferencia entre los precios aplicados a la electricidad (tarifa eléctrica) y el coste total del suministro. Dicha tarifa está regulada-intervenida, por lo que es evidente que lo que impide su ajuste a la realidad es una intervención pública, una decisión administrativa. Por tanto, ya tenemos el escenario para explicar el proceso de financiación y de titulización de dicha deuda.

En un primer momento el déficit tarifario es financiado por las empresas eléctricas en sus balances, hasta que se produce la titulización del mismo. La primera digresión que se puede realizar a esta cuestión es: ¿por qué esta financiación no se realiza o no se ha venido realizando de forma proporcional a los ingresos correspondientes de la tarifa (regulados o no) o por su correlación con las distintas actividades (generación, transporte, distribución o comercialización) o, incluso, por los titulares de los ingresos de las primas renovables? De hecho, dicha financiación se ha concentrado en las empresas titulares de los ingresos derivados de los precios obtenidos en el mercado de generación, con independencia de que el déficit actualmente haya pasado a ser un déficit de las tarifas de acceso.

En segundo lugar, hay que hablar de un proceso de titulización con tres características muy relevantes. La primera es que se realiza a través de la cesión de los derechos a una entidad, FADE, constituida especialmente para la gestión y administración de esta deuda y que se encarga de su colocación. Segundo, que dicha deuda obtuvo una serie de características que la hicieron homologable a la deuda pública (en correspondencia con la naturaleza política y administrativa de la decisión de generar el mismo). Dichas características iban orientadas a que dicha titulización obtuviese unas garantías que permitieran la obtención de dichos recursos en los mercados financieros a menor coste, es decir, a unos menores tipos de interés al tratarse de deuda pública, siendo respaldada por el Estado, por un lado, como una garantía y, por otro, obteniendo una calificación.

Dicha calificación requirió también de un compromiso con las autoridades comunitarias para la extinción del déficit y de su alimentación en un plazo determinado. Ahora, los exégetas de la famosa palabra ‘quita del déficit’ (o ‘sinpa’) dentro de las autoridades institucionales (un poco inconscientes en su verbalidad, eso sí) han sugerido, en varias filtraciones, la amenaza de la retirada de estas garantías públicas para forzar una genuflexión de las empresas a partir de la coacción.

Y en tercer lugar, es preciso hablar del proceso de titulización de esta deuda, que es muy largo y que parte del reconocimiento y certificación de la Comisión Nacional de Energía del mismo. A veces dichos pasos se efectúan con mayor celeridad o no, y eso influye en la agilidad en que se produce esta titulización. El último plazo acumulado y certificado ha tenido una considerable demora en la Comisión Nacional de Energía y, de hecho, ha sido recientemente liberado por el organismo, un poco a regañadientes.

El hecho es que hoy estamos en una situación respecto al déficit tarifario acumulado en la cual de los 24.000 millones de euros de déficit, aproximadamente 12.600 millones están cedidos a FADE y pendientes de amortización/cobro y 9.600 millones de euros quedan pendientes todavía de titulizar en el balance de las compañías eléctricas, aunque parte ya ha iniciado su proceso correspondiente. Es razonable que la marea generada alrededor de la problemática del déficit y sus vías de resolución haya influido en la vacilación de último momento por parte del organismo que preside (hasta su extinción) Alberto Lafuente y que supervisa Antonio Fernández Segura.

Y ahora a desgranar el documento recién aprobado por la Comisión Nacional de Energía en su Consejo de Administración de ayer que, después de todo esto, tiene mucha importancia.