Una quita en el déficit tarifario es un “sinpa”

Irse ‘sin pagar’ de una cafetería o escaparse de un establecimiento sin abonar la cuenta tiene en su versión lingüística de argot el gracioso y ocurrente término de ‘sinpa’. Hacer un ‘sinpa’ es escaparse gamberramente de una tienda sin que los titulares de la misma puedan cobrar lo consumido o gastado por el fugado. Y, a estas alturas del campeonato, es conveniente hablar del término ‘sinpa’ en el caso de la electricidad y del déficit tarifario, en particular cuando se habla de quita, cosa que, por recurrente, no puede ser más extemporánea y no debería dejar de responder.

Ayer se presentó el estudio «La situación económico financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2010» en la sede de Unesa. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE) celebrará dos consejos para estudiar el informe derivado de la consulta solicitada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la Comisión Nacional de Energía y resuelta de forma estrambótica con una consulta pública.

Y, empieza a ser recurrente en las comparecencias públicas y ruedas de prensa la alusión recurrente a la palabra “quita” en relación al déficit tarifario o deuda eléctrica. Incluso hay manifestaciones gestuales importantes por parte de los intervinientes en defensa de una solución política consistente en una minoración de dicha deuda por procedimientos políticos o la fijación de una tasa a la generación de energía (un día hablaremos de la fijación de este tipo de impuestos que elevarían el precio de la generación, volviendo al círculo vicioso).

Incluso hay una ofensiva mediática que considera normal esa supuesta ‘solución’, con independencia de sus efectos sobre la solvencia, la credibilidad de la economía, la seguridad jurídica, regulatoria e institucional de nuestro país y su percepción en los mercados financieros y de inversión. Es un ‘sinpa’ del déficit tarifario, una solución a la griega, con todas las consecuencias que se derivan de una posible actuación de esas características de tal grado de inconsciencia.

Algo que es peligrosísimo. Ha empezado a verse con cierta simpatía al movimiento “Yo no pago” ejercido por las Administraciones Públicas en su condición de detentores de la soberanía popular (ese latiguillo de “para eso nos han elegido”). Por ejemplo, el Plan de Proveedores impulsado por el Ministerio de Hacienda es un ‘sinpa’ municipal que castiga a los ortodoxos y a los buenos gestores. Del mismo modo, la quita del déficit tarifario es un ‘sinpa’ que compromete la credibilidad y la capacidad de quien lo promueva.

Imaginemos que un anunciante en un medio de comunicación no pagase sus facturas. O que el Gobierno decidiera no pagar los plazos de la construcción de infraestructuras, las autopistas o del tendido de la red de alta velocidad. O que su arrendatario no pagase el alquiler. O que su empresa no pague su nómina. Son ejemplos de ‘sinpas’ equivalentes al que nos estamos refiriendo con la propuesta de ’quita’ de déficit tarifario promovida desde varias esferas del actual ejecutivo y que ya Industria empieza a ver con preocupación, dada su irrealidad.

Ese tipo de proposiciones demagógicas encajan bien dentro de la escasa convicción existente en nuestro país en el subconsciente sociológico por lo empresarial, que es visto siempre con recelo e intrínsecamente malo. Y, en esa visión, también se pueden inscribir determinadas posiciones mediáticas inspiradas en el buenismo social. Pero, si esa visión social se combina con la existencia de responsables políticos o de la Administración partidarios de este tipo de soluciones, el problema es otro, es la convicción de que los mecanismos empresariales se someten a procesos volitivos derivados de la política de partido.

Que existan ministros o que el propio responsable de la Oficina Económica del Presidente vean determinados sectores empresariales como objeto de un posible latrocinio o de un ‘tour de force’ con ellos es mucho más grave. Que las autoridades institucionales promuevan un ‘sinpa institucional’ o se apunten al “Yo no pago” en el caso del déficit tarifario es escalofriante, en un problema de estas dimensiones (24.000 millones de euros), consecuencias y atención internacional. Por eso, el lenguaje del moroso acaba pervirtiéndose y creyéndose su falacia, tratando de invertir el razonamiento para preguntar “¿Qué aportan las empresas en esto?”, en un ejercicio de cinismo y dado que se observan simpatías por ese movimiento del “Yo no pago”, aunque dicha propuesta suponga una corrosión de la sociedad.

En todo caso, dicha propuesta significa elevar el comportamiento político por encima del derecho, de la regulación y de los mercados. Si un gobierno, un ministro, una Administración o una Comisión Nacional de Energía dan cobertura a un modelo de ‘sinpa’ en el déficit tarifario acumulado (fruto de decisiones e indecisiones políticas para adecuar el precio del suministro a su coste global y a las decisiones de manguerazo y subvención en primas), estaremos ante un comportamiento muy preocupante, peligroso y enfermizo, aunque demagógicamente presentable.

Qué simpático es esto del ‘sinpa’.