Así lo confirmó el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), Francisco Gil-Ortega, al término de su intervención en la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, donde varios expertos en materia nuclear participaron a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados.

Según especificó, este periodo de unos 24 meses se debe a que el impacto ambiental de las instalaciones precisa de cerca de 12 meses, y es necesario otro año para los permisos del Ministerio de Industria y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); mientras que la parte no-nuclear se estructurará a partir de 2013.

En este sentido, detalló que ya se han comprado las tres parcelas que compondrán el complejo del Almacén de residuos, que se están vallando en la actualidad, a la vez que se está emprendiendo un estudio geológico sobre el suelo de las mismas: una de 55 hectáreas, donde se emplazará esa zona nuclear; después otra más pequeña de 4 hectáreas para el vivero de empresas; aparte de otra de 30 hectáreas que se ha adquirido «por si acaso» hiciera falta más terreno para el proyecto.

De forma inmediata, Gil-Ortega aseguró que saldrá adelante el proyecto de carreteras, en manos actualmente de la Junta de Comunidades, con un convenio con ENRESA por un importe de 18,5 millones de euros.

Igualmente, señaló que se sacó a concurso la ingeniería principal del proyecto, al que se presentaron un total de cinco empresas nacionales (agrupadas 2-2-1), para que a partir de enero se adjudique el plan por un importe de 37 millones de euros, además del proyecto de impacto ambiental, donde se presentaron 25 empresas.

«Nos estamos reuniendo con el CSN porque queremos, en los plazos marcados con el Gobierno, llegar a tiempo para que en 2017 el ATC esté en funcionamiento«, agregó.

Sobre las zonas nucleares desmanteladas, precisó que la instalación de José Cabrera se encuentra al 50% del desmantelamiento, a la vez que se están guardando los residuos nucleares en Almacén Temporal Individualizado o ATI, en espera hasta que el ATC esté en marcha.

De la misma manera, dijo que se está «vigilando» a Vandellós, porque aún falta por desmantelar un reactor y, sobre Santa María de Garoña afirmó que, todavía, ENRESA está a la espera de una decisión firme de Nuclenor. «En cualquiera de los dos escenarios ENRESA está preparada para almacenar los residuos», puntualizó.

AMAC lamenta el cierre de la central de Garoña

Por su parte, el presidente de Asociación Municipios en Zonas Nucleares (AMAC), Alfonso García, lamentó el cierre de la central nuclear Garoña después de que el año pasado parecía que tendría una pervivencia a medio plazo.

En este sentido, destacó que los requisitos impuestos han hecho «inviable» el funcionamiento de la central, a pesar de que la explotación de la instalación es «segura y fiable». «A pesar de ello ha habido un proyecto que no tira adelante y va a dejar en muy mal lugar a la zona porque no se ha hecho un plan de desarrollo local que haya contribuido a generar riqueza y a redistribuir la zona para el día de cierre», alertó.

Sobre los planes de emergencia de las zonas nucleares, García entendió que la Administración del Estado tiene que involucrarse más en el proceso porque ve que no se dan todas las medidas suficientes. «Hacen faltas más medios técnicos para poner en funcionamientos dichos planes», apuntó.

En tercer lugar, reivindicó la puesta en marcha de una orden ministerial que entiende debe contribuir a la diversidad a las zonas nucleares puesto que algunas de las centrales ya tienen fecha caducidad, de cierre a medio plazo.

Mientras, el exdirigente de Greenpeace, Carlos Bravo, resaltó que las centrales nucleares españolas fueron diseñadas con planteamientos «totalmente desfasados», además teniendo en cuenta que, tras Fukushima, los estándares tienen que ser «más elevados».

Bravo consideró que existe un deterioro progresivo de los equipos de las centrales nucleares, así como la degradación de la cultura de la seguridad nuclear. Finalmente, opinó que el propio CSN necesita una revisión de su cultura de seguridad porque, a su juicio, quedó «evidenciado» que «queda lejos de ser neutral, transparente y eficaz».