De esta forma, señaló la asociación, se reducirían los «cuantiosos ‘beneficios sobrevenidos’ que tanto tienen que ver con el déficit eléctrico» y se avanzaría hacia un ‘mix’ «rentable y responsable» en el que progresivamente se fueran sustituyendo megavatios «sucios por limpios».

El mecanismo propuesto contempla el establecimiento de cupos o máximos de energía a casar en el mercado para cada tecnología en régimen ordinario, que se revisarían periódicamente y que «deberían tender a la sustitución progresiva de megavatios «sucios», generados por energías de origen fósil o nuclear, por megavatios «limpios», procedente de la generación de mediante tecnologías renovables».

Anpier aseguró que de este nuevo mecanismo «surgiría un precio final único a pagar por los consumidores» en el que «cada tecnología percibiría su correspondiente y justa retribución», al tiempo que se facilita un «marco regulado o de libre competencia, según cada caso».

El actual mecanismo de fijación de precios retribuye todos los megavatios consumidos al mismo precio, pero toma como referencia la tecnología de producción más costosa, según recordó la asociación.

De esta manera, en 2012 los españoles pagaron 57,56 euros por el megavatio hora (MWh), cuando la producción de un MWh de origen nuclear cuesta 44,37 euros, esto es, 13,19 euros menos, y uno de energía hidroeléctrica tiene un coste de 39 euros, 18,56 euros menos.

«Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la energía consumida en nuestro país es de tecnología nuclear o hidroeléctrica, resulta evidente que se está generando una enorme deuda virtual, en línea con lo señalado por la Unión Europea», indicó Anpier.

En concreto, la asociación aludió al dictamen del Consejo Europeo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, en el que se aseguró que «una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas.»

Anpier consideró que con su modelo de retribución por costes reales aparecerían «grandes ahorros tanto en energía nuclear como en hidráulica, así como ajustes en las térmicas tradicionales, lo que liberaría liquidez para remunerar las producciones renovables y alcanzar un ahorro sensible en las primas, y todo ello sin provocar aumento en el precio final».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, consideró que el sistema propuesto «está orientado al interés general en su doble plano: el de la rentabilidad, fomentando una economía competitiva, que genere riqueza y empleo, y el de la responsabilidad: procurando un consumo energético seguro para la sociedad y el medioambiente».

Además, su puesta en práctica «alinearía» a España «con los objetivos de la Unión Europea, que aspira a que en el año 2020 el 20% de la energía consumida sea de origen renovable».

AEE y UNEF piden al regulador que analice los objetivos «a largo plazo»

Por otra parte, los representantes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) pidieron al Ministerio de Industria que analice los objetivos para el sector energético «a largo plazo» y no solo en función de las necesidades económicas más urgentes.

En una jornada organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, las renovables insistieron en la necesidad de contar con estabilidad regulatoria y subrayaron los efectos positivos en términos medioambientales y de independencia energética que ofrecen estas tecnologías.

El director de Políticas Energéticas de la AEE, Heikki Willstedt, señaló que el sector eólico necesita «que haya una planificación a largo plazo», en la que el país fije una serie de objetivos energéticos tecnológicamente posibles y lo más eficientes posibles.

Willstedt reconoció que en la actual situación no se puede pedir que los incentivos sean elevados, pero apuntó que el mercado eléctrico debería dar señales para desincentivar las tecnologías más contaminantes y que las renovables «son el único futuro» que tiene España para mejorar su independencia energética.

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, pidió «estabilidad jurídica» porque «a veces hace más daño una frase» de un portavoz del Gobierno «que una publicación en el BOE», al tiempo que criticó que Industria ya esté preparando una nueva reforma energética cuando todavía no se ha aprobado el proyecto de medidas fiscales.

Donoso insistió en que las primas a las renovables no son subvenciones, sino una vía para compensar la aportación de estas tecnologías en términos ambientales y de independencia energética, y, por ello, apostó por la regulación del autoconsumo como la forma más rentable de mejorar la eficiencia energética.