La reforma Nadal-Telefónica de los órganos reguladores en España

La reforma (y achatarramiento) de los órganos reguladores anunciada por la vicepresidenta del Gobierno tras el último Consejo de Ministros no tiene quien le escriba en el seno del Ejecutivo. Ninguna de las áreas ministeriales se atribuye la autoría y, lo que es peor, no hay acuerdo sobre el contenido de la propuesta que es fuertemente criticada. Las fuentes consultadas por este medio en Economía, Hacienda o Industria, o bien se desentienden del texto o han mostrado su frontal disconformidad con el modelo anunciado.

Incluso, esas mismas fuentes esperan que el trámite parlamentario y la oposición ‘sorda’ en el seno de las autoridades económicas del gobierno surta efecto contra la ya denominada «Reforma Nadal», siendo más favorables las áreas ministeriales a un ajuste de la Ley de Economía Sostenible que al modelo propuesto. En todo caso, no parece que la reforma pueda ver la luz a corto plazo y los más optimistas, dado el trámite parlamentario que conlleva el Proyecto de Ley, trasladan su aprobación definitiva para después del verano.

Pero es más, indagando en las estructuras de la Moncloa, fuentes solventes han confirmado que tampoco está detrás del proyecto la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fuertemente avalada por los Abogados del Estado.

Por tanto, ¿quién queda al frente de la propuesta? Todas las fuentes consultadas atribuyen la misma, como decíamos, a Álvaro Nadal, el jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y elefante blanco de la política económica, bajo el influjo de Telefónica, multinacional que ha perseguido un modelo de autoridad regulatoria supervisora en lugar de ‘regulador independiente’ y este modelo le viene como anillo al dedo. El hecho es que el modelo propuesto no es ni esencialmente regulador, ni esencialmente independiente, y casi tampoco es supervisor.

Una reforma de power point

De hecho, la reforma presentada es un calco de la propuesta elaborada por Pricewaterhouse Coopers para Telefónica España fechado el pasado 14 de febrero, en un informe denominado «Modelo organizativo de autoridades nacionales de regulación y competencia en España«. Esta identidad es algo que ha indignado al sector de las telecomunicaciones (excluyendo a Telefónica) y también al resto de sectores afectados por la reforma, además de a los propios responsables de los Ministerios. De hecho, ya es vox populi esta ‘inspiración’ tan casual. Luego están, evidentemente, los propios afectados, responsables de estos organismos, que se me mueven entre la expresión atónita, en el caso de la Comisión Nacional de Energía, y el enfado, en especial, en la Comisión Nacional de Competencia.

El informe trataba de encontrar ‘parecidos razonables’ en reguladores integrados a nivel internacional, de forma que la consultora encontró este modelo integrado en Alemania (aunque hay autoridad de competencia por un lado y reguladores sectoriales integrados por otros), Holanda y Nueva Zelanda (en proyecto), aunque tienen matices. El informe, además, se ventila con que el modelo presentado cumple formalmente y, por el hecho de enunciarlo, con las directivas europeas en términos de «independencia frente al Gobierno y otros entes públicos y privados; derecho de recurso ante organismos independientes, que en última instancia tienen carácter jurisdiccional e imparcialidad y transparencia».

Así, el Informe de Pricewaterhouse Coopers formula una propuesta para crear una Comisión de Supervisión de Mercados, con cámaras sectoriales de entre 7 y 9 consejeros, que coincide con el formato (nueve consejeros) y la exposición de motivos anunciada por la vicepresidenta en su comparecencia de prensa y con la reseña del Consejo de Ministros, y que además, coincidía con lo contenido en forma genérica en el programa electoral de los populares. Se puede leer en el mismo informe los siguientes logros de la propuesta: «A su vez, reducir el número de reguladores, y simplificar su estructura y funcionamiento, mediante la consolidación de los organismos existentes y previstos, racionalizando el coste al máximo posible. Clarificar y reordenar las competencias de los diferentes organismos mediante un modelo integrado que asegure una aplicación coherente y la reducción de la incertidumbre regulatoria. Garantizar su profesionalidad, neutralidad e independencia, minimizando el riesgo de captura del regulador e introduciendo mecanismos de nombramiento de sus miembros con aprobación del Parlamento«. (sic).

Por tanto, a la luz de la propuesta de Pricewaterhouse Coopers para Telefónica que el Gobierno ha asumido en su proyecto, arrobando a todos los sectores productivos concernidos, ¿hay captura o no hay captura del regulador con el nuevo modelo?.