La CNC multa con 10,6 millones a Iberdrola por traspaso de clientes
La multa se produjo a raíz de una denuncia presentada en 2009 por Gas Natural Servicios y Unión Fenosa contra Iberdrola por estos comportamientos.
En julio de 2010, Competencia inició las investigaciones y concluyó que, desde agosto de 2009 a marzo de 2010, Iberdrola procedió a traspasar clientes sin su consentimiento desde la comercializadora de último recurso de su grupo, donde están los consumidores acogidos a tarifas reguladas, hasta la comercializadora en mercado libre.
El Consejo de la CNC destacó que dicha infracción se produjo en un momento en el que la liberalización del mercado minorista de suministro de electricidad «iba a desplegar todos sus efectos», ya que los comercializadores libres podían competir por los consumidores y se abría la posibilidad de encontrar mejores alternativas de suministro.
Desde junio de 2009, los consumidores pueden acudir al mercado libre y elegir quién le suministra electricidad, aunque los que tienen potencia contratada por debajo de 10 kilovatios (kW), lo más común en los domicilios, pueden acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), la única fijada por el Gobierno.
Para adaptarse a estos cambios, las empresas tuvieron que separar la gestión de los negocios de distribución y comercialización de electricidad. Sin embargo, y de acuerdo con la normativa sectorial, «es necesario el consentimiento expreso del cliente para el cambio de suministrador de energía eléctrica».
Según Competencia, el suministro de electricidad es un input básico de la economía y «no resulta aventurado» afirmar que fueron mayoritariamente pequeñas y medianas empresas las destinatarias de estas acciones de Iberdrola.
Por lo tanto, añadieron, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico, el colectivo al que se dirigió y el servicio afectado, «no hay duda de que la conducta de Iberdrola ha afectado al interés publico», teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se produjo, el colectivo al que se dirigió (pymes) y el servicio afectado (básico para las empresas y un servicio de primera necesidad para los consumidores domésticos).
Desde la liberalización del mercado de gas y electricidad, Competencia impuso diversas sanciones al sector por obstaculizar los cambios.


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