Al menos así se desprende del informe aprobado por la CNE, a petición de la Secretaría de Estado de Energía, sobre la modificación del procedimiento de operación que regula la liquidación de los servicios de ajuste del sistema para incluir al nuevo servicio de reserva de potencia adicional.

El regulador energético explicó que el procedimiento de operación propuesto por la Secretaría de Estado, en marcha desde el mes de mayo, establece que el 98% de los costes de respaldo correrán a cargo de la demanda, es decir, de los propios consumidores, y el 2% a a los desvíos de la generación, es decir, a las empresas de renovables.

Sin embargo, la CNE, teniendo en cuenta el principio regulatorio de asignación de los costes de los agentes que los provocan, aseguró que los costes deberían asignarse «en función de los requerimientos reales» de utilización de la herramienta, de manera que, según datos de 2010, un 65% lo pagarían los consumidores y el 35% restante, las empresas renovables.

No obstante, la CNE puntualizó que, de aprobarse esta medida, no tendrá carácter retroactivo, ya que los agentes implicados no van a conocer el el reparto propuesto hasta la aprobación del procedimiento, por lo que mantendrá las liquidaciones pasadas.

El procedimiento de operación puesto en marcha creó un sistema de reservas con el que asegurar un respaldo seguro de las renovables no gestionables, que cada vez tienen un mayor peso en la cobertura de la demanda nacional.

Las renovables, eólica y fotovoltaica fundamentalmente, son más complejas de gestionar en el sistema eléctrico que otro tipo de centrales, ya que su evolución depende de las condiciones meteorológicas del día y es más difícil programar su aportación exacta con antelación.

De esta manera, si las centrales renovables producen menos de lo que estaba previsto, el hueco será cubierto por las térmicas inscritas en el fondo de reserva.

Además, el regulador energético aprobó un informe en respuesta a una solicitud de información del Defensor del Pueblo, sobre las dificultades para contratar el suministro de electricidad con comercializadores libres.

A este respecto, la CNE señaló que sigue pendiente la adaptación de la regulación relativa al suministro de electricidad al nuevo entorno de mercado libre y el suministro de último recurso.

No obstante, afirmó que se realizó la transposición a la normativa española de la Directiva 2009/72/CE en materia de suministro al consumidor, se recogieron las disposiciones incluidas en materia de protección al consumidor, y se reforzaron sus funciones en materia de supervisión del mercado minorista.