Chomsky, los «riesgos» del déficit tarifario y la campaña política

Tomemos como ejemplo de esta maniobra el caso que nos ocupa: el Ejecutivo está aireando el problema del déficit tarifario eléctrico y preparando el escenario para posibles soluciones (nada ortodoxas, por otra parte, como la utilización de la palabra quita, la invención de tasas o impuestos, la elusión de la responsabilidad política en la generación del déficit, por incapacidad tarifaria, excesos públicos de determinación retributiva e intervencionismo). Soluciones que tienen un alto coste y un alto riesgo en términos de consecuencias para la seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y, en definitiva, para la economía española, los mercados, la inversión futura y su financiación, incluyendo la afectación a la prima de riesgo. Es un problema cuyas caras principales no estarán en la opinión pública.

A tal efecto, el Ejecutivo está articulando conforme a las teorías de Chomsky y su segunda recomendación una campaña de comunicación política. Los vértices de la campaña son tres: aprovechamiento del atavismo antiempresarial español y del precio de la electricidad (azuzado por la crisis, aunque poco objetivado desde el punto de vista económico con respecto a otros precios energéticos), el miedo, aireando de forma inaudita el riesgo de impago de los vencimientos del déficit tarifario titulizado y, por tanto, de la eventual necesidad de ejecutar los avales públicos (derivado de la incapacidad política previa en el ámbito económico y tarifario) y tercero, insinuar la palabra perfidia por la voluntad de requerir el funcionamiento del Estado de Derecho, de las garantías y amparos judiciales, españoles y europeos, tanto de los agentes económicos por denunciar, como de las instancias jurídicas por aplicar la Ley.

Todo ello indica, dado el alcance político de esta campaña, que la operación se orquesta desde la Oficina Económica del Presidente en Moncloa con Álvaro Nadal a la cabeza, y que, probablemente, el ministro recién entrado y el secretario de Estado incorporan pocos grados de libertad en su actuación en las posibles soluciones que esté barajando Moncloa, lo que eleva el temor de soluciones temerarias. Analizaremos en este artículo dos de los riesgos que están en la agenda pública en torno al déficit tarifario y la política de la avestruz que nos ha traído al problema, en lo que se refiere a los precios de la electricidad: el impago de sus vencimientos y la judicialización.

El impago

La primera de las cuestiones se deriva de la amenaza de impago de los vencimientos del déficit tarifario, que incluso insinuó el propio José Manuel Soria en su comida-coloquio-admonición del pasado 16 de febrero (y que podemos leer hoy en el diario Expansión: «El descontrol del déficit tarifario amenaza las cuentas del Gobierno». Para ello se hace una aplicación de las formas «indefinidas del lenguaje», con un argumento saduceo de las siguientes características: si el sistema eléctrico no es capaz de equilibrar el coste del suministro, ¿cómo puede atender los vencimientos de la deuda eléctrica titulizados?

En realidad, habría que intentar introducir los sujetos omitidos de ese argumento de la siguiente forma: por una parte, las tarifas eléctricas, fijadas administrativamente y controladas políticamente se mantienen fijas por decisión del Gobierno y por temor a las consecuencias políticas y, supeditadas, al resto de actuaciones del Ejecutivo. Por otra parte, se quiere mantener el esquema de costes regulados y de costes impropios en la tarifa incluyendo renovables, subvenciones al carbón nacional, transporte y distribución. Por tanto, la solución que emerge es el impago de uno de esos costes, que son los vencimientos de la deuda tarifaria anterior. Expresado así, es más claro, y da cuenta de la catadura de la propuesta y de la mezquindad del globo sonda.

La judicialización

En segundo lugar, trataremos la crítica a la judicialización del problema, por la vía de que las soluciones al déficit tarifario no pueden ir ni contra la normativa española (liberalización aprobada por los populares), ni contra las Directivas Europeas. Preámbulo: uno de los elementos más relevantes de las sociedades occidentales avanzadas es el Estado de Derecho como mecanismo que regula las relaciones humanas y económicas. Impide el abuso de poder, la arbitrariedad y la extralimitación, partiendo de un conjunto de reglas que hemos convenido en cada sociedad. En Teoría del Estado, el pensador Kelsen, identificaba la relación entre Derecho y Estado de una fuerte forma unívoca de forma que el Estado es el Derecho y el Derecho y es el Estado.

A cuenta del «run run» de las posibles chapuzas jurídicas para resolver el problema del déficit tarifario y de la advertencia de un posible conflicto judicial para que la solución pudiera contravenir el ordenamiento jurídico español y europeo, empiezan a extenderse suspicacias con respecto a esa tutela judicial que es mayor cuanto más grandes son las ‘ganas’ de violar el espacio público regulado o la naturaleza de la misma es más grave. En suma, se trata de pervertir los instrumentos normativos previamente acordados por sus representantes políticos, y ahí nos iríamos, seguramente, a cuestiones derivadas y de mayor enjundia, como sería la legitimidad de la representación democrática o la capacidad de la representación de tomar decisiones ilegales por motivos demagógicos.

Lo curioso es que dicha suspicacia en los tiempos que corren parte de la propia Administración o del Gobierno que elabora las leyes y las aprueba. Y con toda seguridad es así en el caso en que nos referimos, teniendo en cuenta que el gobierno en el poder es del mismo signo que el que aprobó la actual liberalización y legislación energética, lo cual resulta más paradójico, habida cuenta del peso importante que un cuerpo como el de Abogados del Estado tiene en este Ejecutivo. De hecho, desde las estructuras políticas se cuestiona la vigilancia judicial y la reclamación de los agentes económicos de sus derechos relativos a las propias leyes aprobadas y aceptadas en las esferas parlamentarias o representativas.

Estas suspicacias pueden ir contra el Tribunal Supremo, en la medida que dictamina que la tarifa debe ser suficiente para atender el coste del suministro (y que no valen los atajos políticos) o contra el Tribunal de Defensa Europeo, en la medida que sostiene una doctrina sobre las denominadas ayudas de Estado. La judicialización de una actividad económica no es algo deseable, el «default» tampoco, renegar del modelo de mercado tampoco y el pensamiento mágico de tratar un problema de la economía española como un problema político, tampoco (no subir las tarifas y sofocar el mismo por vía coactiva o por soluciones iluminadas).

Apuntamos una posibilidad más plausible y valiente, por prudente: estudiar el problema del déficit en su complejidad, determinar los costes que soporta la tarifa que no deben estar incorporados en la misma, garantizar el funcionamiento del mercado de forma liberalizada para asegurar su eficiencia, controlar de forma efectiva los costes regulados y adecuar la evolución de las tarifas al coste total del suministro eléctrico. Y abordar el problema por la vía de la gestión y de la economía. No por Chomsky.