Sanchez Galán presentó los resultados de 2006, se manifestó sobre la retribución de las renovables y sobre la posible resolución de la CNE sobre los derechos que pueda ejercer ACS por encima del 3%

Iberdrola, la segunda eléctrica española, obtuvo el pasado año un beneficio neto de 1.660,3 millones de euros, cifra que representa el 20,1 por ciento más que en 2005 y supera el objetivo de alcanzar los 1.600 millones, fijado en el Plan Estratégico que ha culminado en 2006. Según comunicó hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación (EBITDA) aumentó el 15,2 por ciento, hasta los 3.889,7 millones, mientras que el resultado neto de explotación (EBIT) alcanzó los 2.654,5 millones, el 17,3 por ciento más.

La cifra de ventas fue de 11.017,4 millones, lo que supone el 6,1 por ciento menos que los 11.738,3 millones obtenidos en 2005, debido al menor volumen de comercialización de energía en España.

La eléctrica ha calculado que le corresponden 565,3 millones de euros por el déficit de tarifa (35,01 por ciento del total del sector) y, como en ejercicios anteriores, los ha contabilizado como efectivamente ingresados. Si no se tuviera en cuenta esta cantidad, el beneficio neto descendería hasta 1.292,8 millones de euros y el EBITDA a 2.089,1 millones, lo que supondría un 6,5 por ciento y un 7,7 por ciento menos que en 2005, respectivamente. Además, según indica la eléctrica, parte de la normativa del sector aprobada en 2006 ha tenido un impacto negativo en sus cuentas de 622 millones de euros, 161 millones en la distribución y 220 millones en derechos de CO2, debidos al real decreto aprobado en marzo de 2005, y 241 millones menos en distribución por el impacto derivado de los desvíos. A 31 de diciembre pasado, la deuda financiera neta ascendía a 12.547 millones, mientras que el ratio de apalancamiento -relación entre deuda financiera y fondos propios- se situaba en el 55,4 por ciento, frente al 56,5 por ciento de diciembre de 2005.

La producción eléctrica de la compañía ha crecido el 10,8 por ciento, hasta alcanzar los 91.991 gigavatios hora (GWh), de los que 68.348 GWh se generaron en España, gracias a la nueva potencia instalada a lo largo de los últimos años. Iberdrola ha alcanzado una potencia total instalada de 30.384 MW a 31 de diciembre pasado (25.966 MW en España), cifra que representa un crecimiento del 83 por ciento respecto a los 16.569 MW del año 2000. En los últimos doce meses la eléctrica ha incorporado 624 MW de potencia renovable, hasta alcanzar los 4.434 MW, el 14,5 por ciento de su potencia total instalada.

Por áreas de negocio, el EBITDA de Generación en España aumentó el 40,5 por ciento, hasta los 2.035 millones, gracias al crecimiento de la eólica y la minihidráulica, que aumentaron su producción el 11,4 por ciento, y a la actividad comercial y en gas. En Internacional, el EBITDA se situó en 709,6 millones de euros, un 27,7 por ciento más que en 2005, y ya representa el 18 por ciento del EBITDA total del grupo. Iberdrola aprobó en octubre pasado un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2007-2009 que prevé destinar 9.000 millones de euros a inversiones en los negocios energéticos en España y el extranjero.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la misma conferencia de prensa, criticó el cambio que planea introducir el Gobierno en la nueva normativa sobre la retribución de las energías renovables y anunció que la eléctrica defenderá «hasta el final» sus intereses, si se atenta contra la seguridad jurídica.

Sánchez Galán advirtió de que las empresas dejarán de invertir y producir en España si la nueva regulación hace que el negocio deje de ser atractivo. «Cuando tú haces inversiones en un marco jurídico las haces con el objetivo de que se mantenga», afirmó. Asimismo, señaló que los objetivos en energías renovables marcados por el Gobierno podrían dejar de cumplirse si la regulación «no es la adecuada».

Sánchez Galán indicó que para los inversores es «absolutamente fundamental» la seguridad jurídica y recordó que la normativa vigente (RD 436) dice «hasta tres veces» que el régimen retributivo debe mantenerse para las instalaciones puestas en marcha hasta 2008. No obstante, tras recordar la «apuesta decidida» del Gobierno por las renovables, confió en que «al final haya una situación de sentido común».

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha elaborado un nuevo decreto, todavía en fase de trámite, que rebaja las primas que reciben los productores eólicos (las del resto de las tecnologías renovables suben) al que se ha opuesto el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Industria considera que el nuevo decreto en su redacción actual es legal, ya que se limita a cambiar las expectativas y da un plazo transitorio a las instalaciones existentes para adaptarse, y recuerda que los servicios jurídicos del regulador energético avalan sus tesis, a pesar de la recomendación hecha por el Consejo del organismo. Según los datos de los servicios técnicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con el sistema vigente (RD 436), en 2007 el coste de las primas será de unos 1.880, cifra que se reduciría a 1.550 millones de aplicarse el decreto previsto por Industria.

El coste total de los incentivos a las renovables ascendió en 2006 a 1.830,6 millones de euros, de los que el 45 por ciento del total (922 millones) correspondieron a la energía eólica, debido al alto precio del petróleo y la sequía. En 2010 la eólica recibiría 1.701 millones de euros, el 45 por ciento de las primas totales del régimen especial (3.819 millones). Si la retribución continúa así «estamos ante una bomba de relojería», dijo ayer el secretario de Energía, Ignasi Nieto.

Asimismo, Ignacio Sánchez Galán, reiteró que, por ahora, la compañía no se plantea una eventual fusión con Unión Fenosa, ambas participadas por el grupo constructor y de servicios ACS, ya que la legislación actual impide una integración de este tipo. «Trabajamos sobre la base de lo que es posible, y hoy por hoy, según la regulación vigente, no es factible una concentración (entre ambas eléctricas). No vamos a hacer futuribles sobre algo que no se puede dar», dijo Sánchez Galán en la conferencia de prensa de presentación de los resultados de 2006. El directivo recordó que en el sector energético ya ha habido «demasiados fiascos en operaciones de concentración como para intentarlo» con la legislación actual y pospuso cualquier decisión a un eventual cambio normativo.

La posición de Ignacio Sánchez Galán difiere de la expresada ayer por Carlos March, presidente del grupo Banca March, uno de los principales accionistas de ACS, quien afirmó que la fusión entre estas dos compañías sería «conveniente» en el marco de la reordenación del sector eléctrico, aunque puntualizó que se trataría de una operación «difícil y compleja». El grupo constructor que preside Florentino Pérez es el principal accionista de Unión Fenosa e Iberdrola, donde controla el 40,5 por ciento y el 12,44 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, Sánchez Galán negó que exista «confrontación» con ACS por el poder que pretende desempeñar dentro de la eléctrica y se refirió a su primer accionista como «un socio amigo», aunque Iberdrola se ha opuesto a que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) le permitiera ejercer derechos políticos por encima de la limitación legal del 3 por ciento.

El presidente de la eléctrica recordó que él mismo, «personalmente», ayudó a la empresa presidida por Florentino Pérez «convenciendo a algunos fondos de inversión para que le vendieran acciones», cuando sólo había conseguido un 4 por ciento de Iberdrola. Sánchez Galán argumentó que Iberdrola se opuso a que la CNE diera plenos poderes a ACS, tal como solicitaba la constructora, porque su «obligación» es que se cumpla la ley.

La semana pasada el regulador energético permitió a ACS ejercer derechos en la eléctrica por encima del tres por ciento, excepto en cuestiones que afecten a la estrategia competitiva de la empresa en el sector eléctrico español, pero le impidió designar consejeros. Según dijo Sánchez Galán, la eléctrica todavía no ha recibido la resolución de la CNE y desconoce los detalles de la misma, por lo que aún eludió anticipar si la eléctrica presentará un recurso de alzada contra la misma.

Iberdrola había pedido a la CNE, en sus alegaciones, que aplicara la ley y tuviera en cuenta los casos precedentes del BBVA y La Caixa, a los que impidió estar en dos sociedades consideradas operadores principales del sector energético para evitar «inseguridad jurídica».

Según el Real Decreto 6/2000, una sociedad que participe en dos empresas consideradas operadores principales en el sector energético, circunstancia que se da en el caso ACS, tendrá sus derechos políticos limitados al 3 por ciento, al margen del número de acciones que tenga.