Así, el texto acordado entre las tres fuerzas políticas, y que fue apoyado por unanimidad, precisó que los Presupuestos Generales del Estado «destinarán cada año un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual del Estado derivada de los tributos y cánones incluidos» en la ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética con el objetivo de financiar los costes del sistema eléctrico.

Además, el Grupo Popular retiró la enmienda por la que proponía que el 38,3% de las primas al régimen especial (renovables y cogeneración) corrieran a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, algo que, según algunos grupos y el propio sector, politizaba y restaba visibilidad a la cuantía de las ayudas.

Por otra parte, el PP aceptó una enmienda del PNV de carácter técnico, pero no recogió ninguna otra propuesta de las más de 130 de la oposición, que ahora deberá llevar sus iniciativas al Senado, donde los el grupo popular insiste que está abierto a negociar.

José Segura, del PSOE, consideró que la ley tiene un carácter «disparatado y exclusivamente recaudatorio» para combatir el déficit, que a su juicio se debe atajar modificando la Ley del Sector Eléctrico para crear un nuevo «marco normativo» de futuro. Tras rechazar que se cree un impuesto «que ya todos estamos pagando» y que «podría ser inconstitucional», el diputado alertó de que las medidas del proyecto repercutirán en los consumidores y en la competitividad de las zonas industriales.

También rechazó que el reparto de la carga tributaria no sea «equitativa», por lo que propuso una nueva escala de gravámenes, y que se retiren todos los apoyos a las energías renovables, «que han generado actividad económica, empleo y una energía exportable» además de que reducen la dependencia energética y ayudan a combatir la contaminación.

Segura aseguró además que la ley «contraviene» los objetivos ambientales europeos y «vulnera principios de justicia tributaria» establecidos constitucionalmente.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), reprochó que, pese al título de la ley, la «sostenibilidad energética brilla por su ausencia». «Este proyecto ni es verde ni resuelve los problemas de fondo de nuestro sistema eléctrico y el déficit tarifario», añadió, defendiendo el texto alternativo redactado por su grupo y que pasa por «avanzar en la fiscalidad verde» con el doble objetivo de «cambiar hábitos y penalizar los comportamientos más nocivos» a la par que se consiguen nuevos ingresos.

Además, apostó por defender el sector de las renovables, que tiene un gran potencial de crecimiento y aportan independencia energética y empleo, ante el riesgo de «hundimiento» que representa la nueva tasa. Por último, pidió que se grave la importación de energía y no el autoconsumo, y que no se deje «a la arbitrariedad del Gobierno» la decisión sobre si se fomentan las energías limpias.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, dijo sentirse «decepcionado» tanto por la tramitación como por la propia ley que, a su juicio, es «puramente recaudatoria, únicamente fiscal» y que, «lejos de aprovechar la oportunidad que la crisis ofrece para una reforma a fondo del sector y atacar las raíces del déficit tarifario, se limita a consagrar algunas de las reglas de juego que han llevado a esta situación e introduce sólo parches».

«La opinión pública debería estar preocupada por la aprobación de leyes como ésta, que perjudicará a la salida de la crisis económica porque afectará a la competitividad industrial, son muy injustas y no corrige abusos que se han cometido (como el de la suspensión de las primas a renovables). Además, pese a sus argumentos de preocupación medioambiental, no discrimina en absoluto (entre fuentes de energía) y acabará perjudicando a los consumidores«, añadió Gorriarán.

Josep Sánchez Llibre, de CiU, lamentó que se haya «perdido una gran oportunidad para plantear una reforma global para conseguir un sistema más competitivo» y mayor eficiencia energética, dado que la mayor parte de los grupos coinciden en la necesidad de revisar el sector. Además, alertó de que el proyecto de ley «representará un hachazo muy importante a la competitividad de nuestro tejido industrial, que conllevará graves perjuicios a la economía productiva española» y perjudicará a los consumidores con una subida de la factura.

«La voracidad impositiva, la voracidad fiscal confiscatoria de esta ley, conllevará graves perjuicios a la economía productiva, a la política industrial y, si no lo remediamos en el Senado, retrocederemos a los años 50», pronosticó el diputado, reclamando por ello cambios como bonificaciones para la cogeneración, exenciones fiscales para el autoconsumo o eliminar el gravamen sobre productos energéticos cuando sean utilizados para la cogeneración.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, calificó de «prioritario» el problema del déficit tarifario, pero consideró que la solución «no será adecuada si no sirve para establecer un nuevo modelo energético a medio y largo plazo» que dé «confianza y seguridad» a empresas y consumidores. «A nuestro pesar, desgraciadamente éste no es el caso», apostilló, declarándose «decepcionado» con el texto.

Así, defendió las enmiendas de su grupo, que buscan evitar un grave perjuicio al sector industrial, especialmente al vasco, que verá mermada su capacidad competitiva dado que utiliza de forma intensiva la cogeneración. Por eso, pidió al PP que reconsidere su propuesta de reducir el gravamen al gas en los sectores de cogeneración y tratamiento de residuos. «Reconsideren, señores del PP, porque de lo contrario cometerán un grave error y una grave tropelía con el sector industrial», añadió el diputado, criticando que la ley «prime la recaudación frente a la apuesta por un modelo competitivo».

El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, alertó de que la subida impositiva que recoge el proyecto supone «un atentado claro» a la viabilidad de la industria y «puede suponer el cierre de empresas, más paro y deslocalizaciones». «Con este nuevo recorte de ingresos, los pequeños productores de fotovoltaica se verán abocados a cerrar o a que el banco se quede con sus instalaciones», añadió.

Rosana Pérez, del BNG, subrayó que la norma no acabará con el déficit de tarifa, porque no ataca a la raíz del problema, que es el procedimiento de fijación de precios por subasta. Además, criticó que se grave igual a todas las energías, sin discriminar a las fuentes más limpias, obviando «el principio de que quien contamina paga».

El portavoz de UPN, Carlos Salvador, recordó que la energía es «un tema de estado» y señaló que, pese a los «esfuerzos del Gobierno por afrontar el difícil puzzle energético, sigue pendiente un gran acuerdo» de los partidos mayoritarios para «gastar mejor y solucionar la excesiva dependencia energética» del país. «Mi mayor crítica es que al final se receta aceite de ricino para todos los damnificados, estén sanos o estén enfermos«, añadió, por lo que pidió «más sosiego» para su análisis.

El portavoz del Partido Popular de Industria, Antonio Erías, defendió que este proyecto intenta resolver una dificultad obvia de la economía española y del sector eléctrico «heredado» del Gobierno anterior: el déficit tarifario, que con el tiempo podría convertirse en déficit público. «La economía y los sectores productivos reclaman una mejora de la competitividad», dijo, subrayando que éste es el proyecto de ley que mejor defiende los intereses de los diferentes sectores industriales.

«Ciertamente el proyecto de ley tiene un componente recaudatorio, pero es para evitar que se siga incrementando el déficit de tarifa«, aseguró el diputado, señalando que sin tomar medidas las tarifas que pagan los consumidores subirían «sí o sí». Además, recordó que éste es sólo un primer paso que busca «asentar la estabilidad presupuestaria» pero que estará continuado por otras normas para que el sistema energético sea más eficiente.

El proyecto de ley prevé la creación de un impuesto genérico del 6% para la producción eléctrica y de «céntimos verdes» para la generación con gas natural, carbón, fuel oil y gasóleo. También recoge nuevos gravámenes para la generación y almacenamiento de residuos nucleares, así como para la utilización de aguas continentales para generar electricidad, entre otras medidas.

El déficit de tarifa se genera porque los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir todos los costes y en lo que va de año superan los 3.900 millones de euros, cuando se supone que en el conjunto de 2012 estaba limitado a 1.500 millones de euros.