España es el séptimo país de la Unión Europea donde la electricidad para los hogares es más cara (alrededor de 20 céntimos/kWh), y es el tercer Estado miembro donde más subió el precio de la electricidad entre 2010 y 2011 (casi el 15%), sólo superado por Letonia y Chipre, según un informe del Ejecutivo comunitario sobre el mercado energético europeo.

Los consumidores españoles, destacó el estudio, dan a su mercado eléctrico la tercera puntuación más baja de toda la Unión Europea, con baja confianza en los proveedores y alto nivel de quejas y ocurre lo mismo con el mercado del gas. «Esto está muy probablemente vinculado a las prácticas de venta agresivas (y a veces fraudulentas) denunciadas por las asociaciones de consumidores», señaló.

Para resolver los problemas detectados y completar la liberalización del sector, la Comisión recomendó en primer lugar acabar definitivamente con el déficit de tarifa. Los nuevos impuestos aprobados en septiembre «deben ir seguidos por más reformas del sector de la energía para mejorar la rentabilidad de la generación de electricidad y de las actividades de suministro y crear un marco legal estable y seguro para los inversores».

«La reforma del sector de la electricidad debería incluir la gradual eliminación del sistema de tarifas reguladas», reclamó Bruselas, «teniendo en cuenta la obligación de servicio universal y la protección de los clientes vulnerables».

Pese a que todos los consumidores españoles pueden elegir proveedor libremente, la mayoría (20,8 millones de 27,7 millones) todavía se acogen a la tarifa de último recurso a precios regulados. Endesa e Iberdrola cubren al 80% de estos clientes, según la Comisión.

Además de suprimir las tarifas reguladas, el Ejecutivo comunitario recomendó incentivar la generación descentralizada y adaptar el sistema de apoyo a las renovables «de forma predecible, con el fin de reflejar los decrecientes costes de producción». «El plan de inversiones en infraestructuras debe revisarse para reflejar las previsiones actualizadas de oferta y demanda con el fin de evitar la infrautilización de activos», afirmó el informe.

El informe de Bruselas denunció que «España tiene uno de los niveles de interconexión más bajos de la Unión Europea» en materia de electricidad. «Aunque la capacidad de interconexión ha aumentado significativamente a través de los Pirineos (del 3% al 6%), la capacidad de interconexión entre España y Francia es todavía escasa, limitando el comercio transfronterizo y poniendo en riesgo la seguridad de suministro», alertó. Por ello reclamó al Gobierno que dé prioridad al aumento de las interconexiones, no sólo con Francia sino también con Portugal.

Con respecto al gas, el Ejecutivo comunitario ve prioritario el desarrollo del corredor de gas África-España-Francia y el establecimiento de un hub de gas ibérico que funcione correctamente.

Finalmente, la Comisión se hizo eco del proyecto del Gobierno de fusionar los diferentes reguladores nacionales en una única autoridad y le pidió que, por lo que se refiere a la energía, respete las normas de la Unión Europea y garantice su plena independencia.

La OCU pide que se mantenga la TUR mientras no se corrijan los «graves desequilibrios» del mercado eléctrico

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró necesario, «más que nunca», que se mantenga la Tarifa regulada (TUR) mientras no se corrijan «los graves desequilibrios» del mercado eléctrico en España que señaló en su informe la Comisión Europea.

La OCU comparte en gran medida el diagnóstico de la Comisión Europea sobre nuestro mercado energético y más en concreto el de la electricidad, pero denunció que se apunta en una dirección equivocada al reclamar la desaparición de la TUR.

Para la OCU, el fin de la TUR no haría más que empeorar los problemas de los consumidores. La Comisión Europea señaló que España es uno de los países donde más alta es la factura eléctrica y al mismo tiempo donde más subió el coste de la electricidad.

«Es cierto. Pero hoy por hoy la TUR es lo único que impide que esos incrementos de precio, muy por encima de los de nuestro entorno europeo, sean aún mayores. Una vez eliminada la TUR -o reducida solo a un grupo limitado de consumidores (los llamados vulnerables)- no habrá freno alguno para impedir que las empresas impongan las subidas que consideren oportunas», advirtió.

La OCU sostuvo que en un mercado sin competencia, como es el de la electricidad en España, todos los consumidores son vulnerables frente al poder que tienen las tres compañías que «controlan» el mercado (Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa). «Estas ya han reiterado su petición de subir la electricidad en un 30%. Si la TUR desaparece, nada impedirá que esa subida se aplique a todos los consumidores», alertó la organización.

Ante esta situación, la OCU pidió de forma reiterada que, antes de acometer una «falsa liberalización total» del mercado, se revise profundamente el sistema con el que se fijan los precios del sector, tanto en lo que afecta al precio de la energía como en lo que afecta a las tarifas de acceso.

La OCU también denunció el escaso nivel de satisfacción de los clientes en relación con la calidad de servicio, así como la existencia de prácticas de «venta agresiva y fraudulenta» de las eléctricas. Según la OCU, estas prácticas afectan en estos momentos sólo a los clientes que no tienen derecho a TUR o a los que acuden al mercado liberalizado por propia voluntad, por lo que consideró que la desaparición de la TUR facilitaría la extensión de esas prácticas a la mayoría del mercado.