Según lo público y lo publicado, el Gobierno (el ministro de Industria) pretende que el trámite en la Cámara Alta deje inalterada esta Ley en las condiciones que llegue del Congreso, donde ha ejercido un control férreo a través de la correspondiente Comisión y de la «coalición canaria» (en minúscula, sin que nos refiramos a esta formación política, sino a la pinza existente en la comisión, de su presidente, el ponente y el propio representante principal del primer partido de la oposición).

El proyecto de Ley contiene muchos y formidables «desahucios» para la propuesta que los diputados tendrán que votar hoy, mientras vuelven a ser cercados por el movimiento 25S. El desahucio previo o básico es una cuestión de desmemoria: la naturaleza del déficit tarifario como una acumulación de deuda surgida de decisiones políticas. Control de precios y de la tarifa, mientras se deciden generosamente costes regulados y primas a troche y moche. Todo lo demás son estratagemas de negación de la realidad, intentos de transferencia de ingresos y ocultación de los responsables sucesivos en las distintas administraciones y gobiernos. Un problema político muy ramificado y con raíces profundas.

El siguiente, casi por el contenido nominativo de su enunciado, es su supuesto carácter medioambiental procedente del abuso de los eufemismos, que ha sido cuestionado por una interpretación muy torcida de esta cuestión por parte del Ejecutivo, impelido por una búsqueda recaudatoria de efectos incalculables, poco tenidos en cuenta o poco pensados. De hecho, se grava doblemente en el Proyecto en el régimen general, a las tecnologías no emisoras nuclear e hidráulica, o a los ciclos combinados, como el gas. Las centrales térmicas, sujetas a la nueva directiva de emisiones industriales, también sufrirán. Y, la posición competitiva de las empresas energéticas españolas en el mercado ibérico de la energía también se verá perjudicada.

Por su parte, también se ven afectadas en diferente medida las diferentes las tecnologías de régimen especial, aunque de forma diversa según sus modelos retributivos. La tecnología eólica, la más cercana al mercado en su modelo retributivo, es la más afectada. Y, por otra parte, dados sus estrechos márgenes por el apalancamiento, está la fotovoltaica, víctima del modelo burbuja sin empresas, formato promoción, financiación y distribución de la plusvalía. Quien más a salvo se mantiene es la termosolar, con una irrupción masiva, repentina y altamente retribuida en el mix de generación renovable español.

En lo que se refiere a lo más relevante del trámite de enmiendas, son las siguientes: enmienda transaccional del PSOE referida a la exención de la cogeneración de las nuevas figuras fiscales. Del mismo modo, se excluyen de tributación las exportaciones de energía (aunque siguen existiendo efectos en términos conjuntos en el equilibrio de mercado ibéricos para las empresas españolas perjudicadas por los efectos discriminatorios de la fiscalidad). Y, finalmente, se detrae el 38,2% de la primas de régimen especial hacia los Presupuestos Generales del Estado 2013, mientras los beneficiarios de las primas más voluminosas por unidad de generación, aprecian mejor el sistema anterior: crecimiento de primas, tarifa regulada insuficiente y que lo financie el «sistema» a partir del imperativo categórico de que las primas son buenas porque sí, sin matiz, ni medida. Percepción de riesgo de que estar a la vista en los presupuestos implica llamar la atención y, lo que estaba pasando (crecimientos del 25% anual en este estado de maduración) necesitaba mucho más disimulo.

Por su parte, los problemas para grandes consumidores y empresas, con amenaza de deslocalización (otra forma de desahucio) se tratan de paliar de forma laboriosa e insuficiente por la vía de la promesa de mejorar la retribución por interrumpibilidad a tres empresas concretas según lo acordado por el propio José Manuel Soria: garantía de potencia, sin tener en cuenta la posible consideración como ayuda de estado en la Unión Europea de la medida y el engrosamiento de las propias tarifas de acceso. El ministro coge la directa, lo dice, lo explicita, lo pone negro sobre blanco, y reivindica el carácter político de la garantía de potencia para hacer lo que imagine. Zapatero, otra vez.

Un desahucio que tiene enormemente preocupado al Gobierno y a la Abogacía del Estado son las posibilidades de que la nueva ley suponga una batalla legal con las propias empresas, conscientes en el Ejecutivo de los graves defectos y grietas que tendrá la norma, si finalmente se aprueba. El recuerdo y los resultados de estas batallas legales en la Unión Europea con el sector eléctrico son francamente desalentadores para los esforzados servicios jurídicos del Estado español en su empeño de defender las trapisondas y chapuzas de origen político frente a la economía de mercado, la liberalización y las Directivas Europeas.

Además, desde los retroprogresivos, de izquierdas y de derechas, que también los hay, como masa filiforme, se atribuye, en un ejercicio anacrónico de rancio intervencionismo, el poder y la primacía a la política, frente a la sociedad civil, los mercados y las empresas. Y más en sectores como el energético y, en concreto, el eléctrico. En el fondo, son aquellos que defienden la puesta al servicio de la política y de forma obligatoria del conjunto de la economía, los sectores y los mercados. La judicialización y el respeto a la legalidad, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho se ven como un desafío intolerable en su pretensión de perpetuar un modelo de organización político-económica viciada impropio de países y sociedades occidentales.

Desahucio del Proyecto de Ley, desahucio del objetivo de déficit tarifario para 2012

Quizá el mayor desahucio es que, de antemano, se declara ya la incapacidad de la norma para resolver el problema del déficit tarifario. El propio ministro reconoce en una intervención esta misma semana, que es insuficiente su contenido y que será necesario revisar el modelo retributivo de todo el sistema y los costes del suministro. Con 1.500 millones de euros previstos para 2012, ya se produce el desahucio del objetivo de déficit para 2012, fruto, entre otras cosas, de las decisiones de actualización tarifaria del ministro, que ahora, sin ninguna reflexión autocrítica, de forma audaz y adanista se irresponsabiliza.

Como fue insuficiente la medida de congelar la entrada en el registro de preasignación de nueva potencia en régimen especial. No hay que ser un lince para darse cuenta de que esa medida tendría un efecto en los costes únicamente a largo plazo, una vez que entrase en funcionamiento todo lo ya autorizado y en marcha, con sus primas, y el ritmo de entrada bajase.

Pero para eso hace falta entendimiento y comprender el problema fuera de los términos de dinámica política y del envite. Entre otras cosas, porque falla el diagnóstico, falla el conocimiento, fallan las medidas que la ley incorpora y porque el Gobierno y el ministro no tienen en cuenta las consecuencias y efectos de la ley. Es un ejercicio de política politizada, donde se requieren gestores de mayor altura a nivel económico y político, por partes iguales.

El siguiente desahucio es el que se corresponde con la inexistencia de modelo energético, de sector eléctrico en términos de liberalización y mercado, con una visión de política energética, así como de disposición de una hoja de ruta para resolver el déficit tarifario no voluntarista, basada en la permanente improvisación, la ausencia de interlocución, la profanación de los principios de mercado en contraposición al cálculo de rédito político.

Por cierto, a lo mejor habría que desahuciar al equipo energético. Es una propuesta.