El sector industrial asegura que el consumidor será quien pague la eliminación del déficit de tarifa

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró en el Congreso que las empresas eléctricas asumirán la mitad del ajuste necesario para cumplir los objetivos de déficit tarifario en el periodo 2012-2013, en tanto que el 50% restante se repartirá entre los consumidores y el Estado.

«Todos sabemos como funciona el mercado eléctrico, e incluso algún tipo de generación eléctrica va a mantener importantes subvenciones a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Así que de forma directa o indirecta, lo pagaremos los consumidores de energía«, aseguraron las 17 organizaciones en una la quinta carta publicada en varios medios de comunicación, bajo el título «La Industria en Riesgo (V). Lección de indolencia«.

En la carta, lamentaron que el Ejecutivo no mostró «un mínimo de voluntad de escuchar» sus propuestas, ni las consecuencias que tendrá para la industria las nuevas tasas energéticas diseñadas para acabar con el déficit de tarifa eléctrica en la reforma energética planteada.

«Esta vez, a los que pagamos, nos van a expoliar. Y cuando se inicie el cierre de empresas, cuando los trabajadores lleguen a la calle, a ver quien los calla. Luego habrá quien se lamente, siempre lo hay, seguro que el que se mostró mas indolente ante esta flagrante extorsión fiscal que va a llevarse al tejido industrial de este país por delante. Al final sol y playa», concluyó el escrito.

En la quinta entrega de su carta abierta al Gobierno, las asociaciones industriales denunciaron la pretensión del Ejecutivo de paliar el déficit tarifario «caiga quien caiga» y reiteraron que las medidas sobre fiscalidad energética propuestas por el Ejecutivo generarán una pérdida de competitividad inmediata en múltiples sectores y podrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial español y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el empleo.

Estos colectivos sostuvieron que los impuestos que impondrá la reforma son una «flagrante extorsión fiscal que va a llevarse al tejido industrial de este país por delante».

Los firmantes representan a los sectores de cogeneración (Acogen), azulejo (Ascer), papel (Aspapel), fundición (Feaf), yeso (Atedy), ladrillo (Hispalyt), madera (Confemadera), metal (Confemetal), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen), textil (Consejo Intertextil Español), siderurgia (Unesid), cobre (Unicobre), vidrio (Vidrio España), material de construcción (Cepco) y grandes consumidores (Aege).