Canarias ve un grave perjuicio para las islas la supresión de las primas a las energías renovables

Así lo indicó el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, que afirmó que el Consejo de Gobierno de Canarias adoptó un pronunciamiento en relación con esta decisión del Ejecutivo estatal con la convicción de que las islas creen «firmemente» en el desarrollo de las energías renovables.

Marrero manifestó que el Gobierno de Canarias mantiene el objetivo «irrenunciable» de reducir la dependencia económica de las islas del binomio turismo-construcción y por ello tiene el empeño de que en 2015 el 30% de la energía consumida en las islas sea «limpia».

«No se puede concebir el futuro de las islas sin este tipo de energía, sobre todo la eólica, la fotovoltaica o la hidroeólica, como la futura central que abastecerá en su conjunto a El Hierro y que es un ejemplo a escala internacional, y una aspiración para Canarias en su conjunto», dijo el portavoz.

Además este tipo de energías genera «empleo de calidad y estable» y en su implantación el Gobierno canario quiere contar con la iniciativa privada, por lo que este asunto se sitúa «en lo más alto de la agenda» del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno central, añadió el portavoz, no tuvo en cuenta las singularidades «incuestionables» de las islas en el terreno energético, puesto que no hay «una sobreoferta» de energías renovables y la continuidad de las primas a este tipo de fuentes energéticas «en absoluto va a desequilibrar las cuentas estatales».

Por ello, el Ejecutivo canario reclamó al central que «cuanto antes» aclare este desequilibrio hacia las islas, que según dijo el portavoz pone en peligro 5.000 empleos y 1.150 millones de euros en proyectos de energías renovables para Canarias, y recordó que el sector estudia la posibilidad de interponer una demanda judicial contra el acuerdo del Consejo de Ministros.

Para el Gobierno canario recurrir judicialmente esta cuestión es una posibilidad que no barajó porque confía en que el Ejecutivo central atienda «a las razones de peso» que esgrime el archipiélago, que debe tener «un trato diferenciado, que no de privilegio» en materia energética.

Agregó que el Ejecutivo canario «no personaliza» sus diferencias en el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ni se trata de «una batalla de Gobierno a Gobierno o discrepancias entre partidos», si no que se adoptan decisiones «que no sólo no tienen en cuenta a Canarias, sino que la perjudican gravemente».

Por su parte, el vicepresidente de Canarias, José Miguel Pérez (PSOE), exigió al Gobierno central que rectifique su decisión de suspender la concesión de primas a nuevas instalaciones de energía renovable, algo que, a su juicio, ha supuesto «un palo demoledor» para el sector.

Y es que, con esa medida, «el daño que se hace es formidable» en Canarias, donde la aportación de las renovables no llega al 6% del total de la energía consumida, frente al 20% del territorio peninsular, y además «había muchas expectativas» ante su futura ampliación, tras «fracasos manifiestos» como el del fallido concurso convocado en 2007 para implantar energía eólica, dijo.

El vicepresidente de la comunidad autónoma criticó especialmente que una medida así haya sido promovida desde un departamento encabezado por un canario, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

En su opinión, Soria «ha tomado una serie de decisiones, desde el punto de vista energético, que son altamente lesivas para los intereses generales» de España en materia de energías alternativas. «Y no digamos para Canarias», añadió.

Pérez sostuvo que «lo ocurrido con Soria, desde luego, tiene poca explicación», en especial porque tampoco ha defendido la necesidad de que el Archipiélago tenga un tratamiento especial en materia de energía porque su producción es más costosa en un territorio fragmentado como el canario que en el continente, algo que no es «privilegio alguno», según subrayó.

Porque al solicitar «medidas orientadas a igualar el punto de partida no estamos demandando ningún privilegio, es algo que está en el corazón fundacional de nuestra Constitución», apostilló.