El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, advirtió de que la medida equivale a efectos prácticos a la «eliminación de la TUR» y de que tras su aplicación «prácticamente nadie» tendrá tarifa regulada, ya que las potencias inferiores a 3 kW son «anecdóticas» en un hogar convencional y son en realidad propias de comunidades de vecinos sin ascensor o de viviendas vacías.

Si bien las cifras de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) indicaron que esta liberalización dejaría sin tarifa regulada al 80% de los consumidores, Facua afirmó que el porcentaje real es prácticamente el cien por cien cuando se habla de consumidores domésticos.

La organización de defensa de los consumidores estimó además que «no hay ningún motivo» para «tocar» el actual umbral de 10 kW y que la medida que prepara el Gobierno es «desproporcionada» y supone «un nuevo regalo al sector».

«Las eléctricas no están captando en la actualidad clientes para el mercado libre y no quieren ser competitivas. No están ofreciendo tarifas que compitan, y cuando se elimine la TUR reaccionarán con subidas en el mercado libre», pronosticó Sánchez.

Facua aseguró que el recorte del umbral con derecho a TUR a 3 kW es la opción más probable de las que maneja el Gobierno, si bien también existe la posibilidad de que la medida afecte a las potencias inferiores a 5 kW. En este caso, la «expulsión» de consumidores sería menor, si bien afectaría a «un gran número» de familias, señaló.

Según datos de la CNE, el plan del Gobierno de reducir el número de consumidores con derecho a TUR dejará sin este precio regulado a entre 5 millones y 16,2 millones de usuarios, en función de si el umbral de corte es 5 kW de potencia o 3 kW.

En la actualidad hay 26,6 millones de usuarios con potencias inferiores a 10 kW y, por ello, con derecho a TUR, si bien de esta cifra 5,5 millones, o cerca del 25%, ya contrata el suministro en el mercado libre, mientras que 20,1 millones de usuarios tienen una tarifa regulada.

Facua reclama volver a un sistema de precios máximos de los carburantes

La Federación de Consumidores y Usuarios (Facua) ha reclamado que el mercado de los carburantes vuelva al sistema de precios máximos fijados por el Gobierno, como el que existía en España hasta finales de la década de los noventa, con el fin de fomentar la competencia.

«Ello garantizaría una mayor competencia en el sector, dado que los operadores podrían competir por debajo de dicho precio máximo», según indicó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

La organización de defensa del consumidor reitera esta petición tras conocer el último pronunciamiento de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre este mercado, en el que el organismo indica que «no puede concluirse que existan prácticas colusorias por parte de los operadores que justifiquen la apertura de un expediente sancionador».

En este sentido, Facua argumenta que lo que plantea para los combustibles es un sistema similar al puesto en marcha para el sector de las telecomunicaciones móviles, donde la Comisión Europea se han establecido tarifas máximas.

La organización considera que «volver a la regulación que existía en España hasta finales de los noventa» es la única solución para un mercado en el que la propia CNC asume que no existe competencia pero en el que también se puede demostrar la existencia de un pacto.