Jorge Fabra y Megaupload

Los científicos dicen que este año habrá una tormenta solar que podría cambiar las polaridades de la Tierra durante unos días y que, incluso, puede que no funcionen los aparatos electrónicos o los suministros. No sabemos si es un anticipo, pero debe funcionar muy mal este Gobierno y el Partido Popular por extensión, para que el ex Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Jorge Fabra Utray, aplauda los propósitos del nuevo Ejecutivo en lo que se refiere al sector eléctrico. La unión ideológica entre Jorge Fabra, uno de los máximos representantes de la corriente retroprogresiva de la energía y de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica del Presidente, es quizá la finta más extravagante que le puede pasar este nuevo Ejecutivo y sería aconsejable que Mariano Rajoy se lo haga mirar bien.

Jorge Fabra ha logrado rescatar sus archivos con sus teorías (metidas a calzador en varios Informes de la CNE cuando fue consejero) de Megaupload y entregárselos, aunque sea virtualmente, al Partido Popular a través del artículo que publicó ayer el ex consejero en El País en el suplemento de Negocios titulado “En la electricidad, los números se imponen”. Se trata de una versión de regulación energética ‘pirata’, nunca mejor dicho, y económicamente tramposa. Pirata en la medida de que sus propuestas suponen, nuevamente, una expropiación de la retribución por tecnologías. Tramposa, por la utilización manipulada del término retribución a cambio del concepto de precio. No son nuevas, de todas formas. Son las mismas de siempre: una defensa de la intervención, de la abolición del libre mercado y de la imposición a los agentes económicos de la realidad decidida administrativamente.

Economistas frente a la crisis, Fabra contra el mercado

Como hemos ido recogiendo en Energía Diario, Fabra viene haciendo públicos escritos y opúsculos en los que reclama la laminación de la “retribución” de las tecnologías nuclear e hidráulica, de forma que no cobren el precio del mercado mayorista que surge del equilibrio entre oferta y demanda. Con esa medida, además de vaciar el mercado de la electricidad y hacerlo irrelevante, Fabra reclama que la diferencia entre esa “retribución” y los costes teóricos (abstrayéndose, incluso, de la contabilidad financiera real de las empresas, es decir, partiendo de supuestos académicos) vaya a parar a la financiación de más primas y más desarrollo renovable. Eso sí, tras aumentar los impuestos a las tecnologías hidráulicas, aumentarles exigencias de inversión y reducir el tiempo de autorización a las instalaciones nucleares. ¿A que parece Bambi?

Inciso número uno: el colectivo retroprogresivo de la energía nunca ha sido ni muy prorrenovables, ni muy proenergía limpia. Su travestismo de lobo con piel de cordero es reciente e interesado. Su objetivo fundamental es que la regulación de los ingresos de las tecnologías se efectúe por vía discrecional. Pero ha encontrado una coartada ideológica perfecta y ‘buenista’ y políticamente correcta. Algo fetén.

Su enunciado, de forma algo más elaborada, consiste en “Expropiemos al régimen general para conseguir redistribuir las rentas de cada tecnología a las renovables y financiamos el desarrollo limpio”. Por eso los números, los precios, las tarifas, la retribución se imponen, como propugna Fabra. Eso sí, por ejemplo, sin aplicar la detracción de derechos de emisión para las tecnologías amigas de nuestros postulados ideológicos. Así lo decía en su artículo en la revista del Colegio de Economistas de Madrid hace unos meses y así se contenía en el propio programa con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones y en el que influyó decisivamente a través de Cristina Narbona (cuestión que también anticipó Energía Diario en el análisis de los programas políticos en la campaña electoral).

La teoría es la siguiente. Como no cree en el mercado marginalista de la electricidad (donde todas las tecnologías de régimen general compiten por un precio único de mercado para un bien indiferenciado como el kilowatio), dado que unos, supuestamente, ganan mucho y otros ganan poco, expropiemos a los que “supuestamente ganan mucho” para otorgarle retribución a aquellas tecnologías que nos parezca bien según criterio de la Autoridad. Es decir, de forma autoritaria. Se trata de imponer la retribución. ¿Qué más da que las directivas europeas vayan en sentido contrario? Se trata de, inexplicablemente, hacer justicia redistributiva por tecnologías. Algo del franquismo, como fue el marco legal estable o como fijar el coste del alquiler (el beneficio regulado) de los teléfonos góndola a los antiguos abonados de Telefónica.

Recordemos la teoría del precio del taxi. Imaginemos que fijamos un precio que tenga en cuenta el modelo de vehículo, su antigüedad, incluso el salario del conductor y le aplicamos un supuesto beneficio teórico. Convertiríamos ese precio en una retribución regulada o en un beneficio ‘otorgado’, impuesto. El objetivo sería hacer justicia redistributiva por modelo de vehículo, para que cada taxista gane lo que la autoridad competente dictamine, con independencia del número de carreras que haga el taxista en cuestión.

Jorge Fabra, que se presentó al Colegio de Economistas de Madrid con escaso éxito al frente de una candidatura denominada «Economistas frente a la crisis», realmente es un economista frente a los mercados, la ortodoxia y los movimientos liberalizadores y, por tanto, desprecia los efectos de los mismos y sus dinámicas. Los retroprogresivos y Fabra al frente confunden, interesadamente, retribución (que se impone) con precio (que se negocia en un mercado) en el kilowatio. De hecho, aunque los números mandan, Fabra no reconoce que los mercados de generación españoles son hoy muy eficientes y obtienen los precios más baratos de la energía de Europa y que la elevación de las tarifas tiene orígenes regulados. Un precio se fija en mercado de oferentes y demandantes, que debe funcionar con transparencia y debe reflejar las condiciones de oferta y demanda del mismo (como ahora refleja el exceso de capacidad). La retribución por kilowatio es la determinación de los ingresos de las tecnologías por vía administrativa y para eso habría un Politburó que gobernaría el sector y los precios serían sin competencia, impuestos. Y, finalmente, los beneficios que tienen una empresa o las distintas empresas de este sector, utilizando distintas tecnologías (según su propio mix), realmente están sujetos al Impuesto sobre Sociedades de forma global y, por tanto, la justicia intertecnológica es un camelo.

En todo caso, hoy el problema mayor es que el propio Partido Popular tenga escasa convicción liberalizadora (de su propio modelo) y le haga caso a Jorge Fabra, con las declaraciones que hace el Ministro de Industria cuando habla de sacar a la nuclear y a la hidráulica del mercado y fijar un precio tasado para su producción, para estropearlo todo. Menos competencia y menos competitividad, a cambio del cortoplacismo de suponer que se tienen bajo control los ‘costes’. ¿Sería la contrarreforma? Verán ustedes cómo ya crecerán cuando se sepa qué es la base para aumentar la retribución. Verán cómo los números se imponen.

¿Cuáles son los problemas de esta teoría?

Lógicamente, esta teoría se beneficia, demagógicamente, de las actuales coyunturas energéticas, de la falta de cultura económica, de la tradición de los mercados, de la presentación interesada de los datos y de la tendencia intervencionista en lo que se refiere a la electricidad en nuestro país. Y también, del pánico de los responsables políticos, de su impericia económica y su visión atormentada. De lo poco pensado que tienen una solución y de la velocidad con la que están abordando los problemas, sin profundidad. Y, obviamente, del oportunismo del grave problema del déficit tarifario que puede propiciar soluciones extravagantes (como la versión edulcorada de la palabra quita: descuento que emplea en su artículo). Y, a su vez, también se aprovecha de la opinión pública antinuclear española fuertemente polarizada. Además se beneficia también de otra coartada que es la demanda de que la energía sea ‘barata’ para fomentar la competitividad (y de paso no hacer ajustes productivos). Eso sí, de forma fantasiosa. Un día habría que debatir qué ‘inputs’ deben ser baratos en una economía, si la energía, el transporte, la alimentación de los trabajadores españoles, las telecomunicaciones, el acero o los alquileres.

Pero el problema más grave de esta propuesta es que aleja el foco del problema que es el crecimiento de los costes regulados, equivocando el diagnóstico del nuevo Ejecutivo e introduciendo niebla. Incluso le insufla más viento en las velas. En realidad, se trata de una estrategia para cebar la bomba de los costes regulados y de la factura eléctrica.

En segundo lugar, con la propuesta se hace ineficiente el mercado de generación, mediante un sistema de costes reconocidos en el que los agentes económicos tienen incentivos para engordar los mismos, incluyendo comprar tapices indios para sus compañías o piscinas con peces exóticos. Y, tercero, esto puede ser un juego de suma cero, de muy corto recorrido, porque comerse las diferencias retributivas con los costes regulados se hace en un plis plas, imponiendo números. Es más, el consumidor no lo puede ni notar y la tendencia futura pueda ser al crecimiento sostenido y constante, sin mucha más remisión.

El Partido Popular ya tiene sustituto (si quiere) de Alberto Lafuente al frente de la CNE. Alguien que le permitirá incluso ofrecer una imagen retroprogresiva e izquierdista, recogiendo lo que establecía el programa de PSOE en esta materia (algo semejante a la subida del IRPF). Jorge Fabra puede recuperar el Marco Legal Estable, el falangismo energético, el franquismo sociológico de izquierdas para imponer la retribución que debe percibir cada unidad productiva del país. Y bajárselo de Megaupload.