Parafraseamos aquí a Woody Allen con el título de uno de sus libros de relatos, Cómo acabar de una vez por todas con la cultura (el déficit tarifario era ya una cultura). Ayer realizábamos una semblanza general del Real Decreto Ley 6/2009 y nos referíamos al certero enfoque que hacía de la figura del déficit tarifario y cómo establece una fórmula para financiar la deuda contraída con las eléctricas y fija un “crédito” de déficit ex ante, que se extingue en el año 2012, en un calendario progresivo para conseguir de forma escalonada la liberalización completa de las tarifas.

Junto a eso, Industria hace en esa exposición de motivos una declaración de intenciones clara a favor de la aditividad real de las tarifas en cumplimiento del calendario y fases del proceso de liberalización. Se trata, por tanto, de la pieza maestra, del nudo gordiano del Real Decreto Ley. Por ello hoy vamos a pasar a analizar con mayor precisión el proceso de financiación del déficit tarifario que en el mismo se contempla y sus antecedentes. De hecho, en parte, podemos decir que esta cuestión da sentido al resto de asuntos que aborda esta normativa y empieza a perfilar de forma más o menos esférica el cierre del modelo de liberalización, tantas veces cuestionado sin sentido, lo que además da garantías de que no hay vuelta atrás.

En este sentido, hay que señalar que la financiación del déficit tarifario era uno de los problemas cuya solución era muy necesaria y esperada. Esta deuda se había convertido ya en una pesadilla, en primer lugar, para el sector y, en segundo lugar, para la administración pública, por el volumen alcanzado y por las estrambóticas soluciones intentadas en el pasado, tanto para su desaparición mediante ejercicios de prestidigitación regulatoria (que acaban jurídicamente desastrosamente mal), como para su financiación, donde se vivieron algunos episodios en la CNE, que el Ministerio de Industria en la exposición de motivos soluciona elegantemente, refiriéndose a la cierta crisis financiera internacional, de las que hace responsable de que estas intentonas (las subastas de déficit tarifario de la CNE) hayan sido insuficientes. En todo caso, si hacemos ‘zoom’, podemos y podremos encontrar en esas intentonas momentos episódicos en los que este organismo, sin funciones financieras claras, se mete en la camisa de once varas de subastar la financiación del déficit, algo que ha sido responsable del fracaso que traía, de los muy altos precios de su financiación, en procesos anteriores a que se declarase la crisis financiera internacional actual. El desencadenante más claro es la falta de conocimiento de los mercados financieros, de los procesos de titulación y de la forma en que se articulan estos procedimientos en coordinación con las instancias económico-financieras del Estado. Su exponente más claro fue la intentona fallida, promovida desde la presidencia de la CNE de conseguir avales del Banco de España y del Ministerio de Economía para estas subastas, incluyendo en el delirio inexplicables llamadas del anterior Director de Regulación de la CNE al actual Gobernador del Banco de España. La situación era tal, que el fracaso en este proceso de financiación y subastas, venía a confirmar la deriva del organismo, a la vez que daba alas a los sectores más involucionistas del mismo, para instar medidas intervencionistas y que volvían a cuestionar la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica del sector.

Por ello, ante ese deterioro, Industria aborda el proceso de negociación con las empresas desde otra perspectiva y, así, reconoce en la exposición de motivos del Real Decreto Ley que el déficit “está produciendo graves problemas que, en el contexto actual de crisis financiera internacional, están afectando profundamente al sistema y ponen en riesgo, no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema. Este desajuste resulta insostenible y tiene graves consecuencias, al deteriorar la seguridad y capacidad de financiación de las inversiones necesarias para el suministro de electricidad en los niveles de calidad y seguridad que demanda la sociedad española.”

En este sentido, el R.D.-Ley 6/2009 ordena y regula, de la única forma posible en estos momentos, la financiación de este déficit procedente de la diferencia entre la tarifa cobrada y la tarifa fijada políticamente. Así, con el fin de financiar los déficits tarifarios, en el RD-Ley 6/2009 se regula la cesión de los correspondientes derechos de cobro a un fondo de titulización, el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, que contará con la garantía y aval del Estado y que recogerá el déficit acumulado (hasta un máximo de 10.000 millones, que parece que no se va a alcanzar) y el que se genere a hasta 2012 (unos 9.500 millones más como máximo, distribuido en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, en el que déficit no será superior a 3.500 millones de euros, 3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros y 1.000 millones de euros, respectivamente). En la organización de este Fondo y en el proceso de titulización están involucrados directamente Economía e Industria.

Para ello, se establecerá una forma de recuperación mediante pagos mensuales de los derechos de cobro del mismo, cuyas liquidaciones realizará la CNE en las funciones que este organismo tiene. Este Fondo deberá ser titulizado/suscrito por instituciones y agentes que tendrán condición de accionistas y gestores del mismo. La cantidad que conforma este déficit total es de mareo (al final de todo el proceso puede ir casi hasta los 20.000 millones de euros, 3,5 billones de las antiguas pesetas) y va a suponer una operación muy compleja de captación de recursos, en la que van a ser preciso obtenerlos en el mercado de capitales tanto en España como en el exterior. En este sentido, lo más probable es que los accionistas de este Fondo puedan acabar siendo un Consorcio, que tendrá la forma de Sociedad gestora del Fondo de Titulización del Déficit Tarifario, con participaciones diferentes en el mismo, como ya ha se ha producido en otras ocasiones en que se ha apelado a soluciones semejantes. En todo caso, parece que la solución definitiva no procederá de un procedimiento de subasta, sino de la conformación de una oferta global de las condiciones del mismo que realicen las entidades financieras.

En estos momentos, sería previsible que estuviesen ya en marcha, preparadas en los prolegómenos de la constitución de la Comisión que va a definir la oferta del proceso de titulación, las entidades financieras más importantes, entre ellas, los dos principales bancos españoles, Santander y BBVA, las dos principales Cajas de Ahorro, así como entidades de primer nivel internacional como Morgan Stanley, Credit Suisse, JP Morgan, Citibank, UBS, etc…. Lo que sí parece evidente es que será clave el perfil internacional en los agentes que participan en la operación, dado el montante de la operación.

Por tanto, en este sentido, empieza una segunda fase en el proceso de financiación del déficit que permitirá abordarlo de manera más eficiente y menos costosa dada la importante prima de riesgo que se había alcanzado y el montante acumulado. La titulización del déficit a través de este Fondo con aval del Estado configura un instrumento que, gestionado con eficiencia y transparencia, puede resolver el problema y garantizar el proceso de tránsito al mercado y a la liberalización definitiva del sector eléctrico.

Por lo tanto, sí hay respuesta a la pregunta, cómo acabar de una vez por todas con el déficit tarifario. Y con plazo.