ACS cifra en 800 millones de euros el impacto por no estar en el consejo de Iberdrola

Así lo indicó el abogado de Clifford Chance, José Antonio Caínzos, que representó al grupo presidido por Florentino Pérez en la vista celebrada en el Juzgado Mercantil de Bilbao dentro del proceso de cruce de impugnaciones que mantienen las dos empresas.

El representante de ACS indicó además que el hecho de no estar en el consejo de la eléctrica y, por tanto, no poder consolidar en sus cuentas su inversión en la compañía utilizando el sistema de puesta en equivalencia, supone también un impacto de al menos 97 millones en la cuenta de resultados de la constructora, de 1.130 millones en su capitalización y de 1.720 millones en su capacidad de endeudamiento.

Por tanto, en el transcurso de la vista, la defensa de ACS acusó a Iberdrola de causar un perjuicio «irreparable» a la compañía por no permitirle su entrada en su consejo de administración y afirmó que la eléctrica ha actuado de «mala fe» y con «incoherencia».

El abogado del grupo constructor ha insistido en que el conflicto de intereses con Iberdrola es puramente «accesorio y puntual», circunscrito al área de ingeniería y energías renovables. Ha defendido el «derecho» del principal accionista de la eléctrica vasca a estar presente en su consejo y ha denunciado que este derecho «está siendo cercenado» por el grupo vasco.

Ha asegurado que ambas compañías no son competencia directa, ya que sólo el 1% de la facturación del grupo constructor esta ligado a la energía, frente al 91% de la firma vasca, mientras que la ingeniería supone el 42% de la facturación de la primera y el 5% de la segunda. «Son dos negocios absolutamente independientes».

Además, ha rechazado que la entrada de ACS en el consejo pudiera poner en riesgo el futuro de la eléctrica. «Nadie invierte más de 5.000 millones de euros para perjudicar una empresa«.

Por ello, ha considerado que la actuación de Iberdrola «pretende perjudicar» la situación de ACS, «sembrar la duda sobre la compañía» e impedir que llegue a alcanzar una participación mayor.

Iberdrola considera a ACS «un auténtico caballo de Troya»

Por su parte, Iberdrola cree que la presencia de ACS en su consejo de administración supondría la entrada de una «auténtico caballo de Troya», con acceso a toda la «información sensible y estratégica» de una empresa con la que mantiene un conflicto de intereses «estructural, directo y permanente».

Los representantes de Iberdrola alegaron que la constructora es un «competidor directo», que existe una competencia «estructural y permanente» entre ambas compañías, principalmente, en el área de energías renovables e ingeniería.

Por ello, la eléctrica afirma que la entrada de ACS en su consejo le causaría «perjuicio» y el impacto podría ser de 1.400 millones de euros, importe equivalente al beneficio bruto de explotación (Ebitda) correspondiente a las divisiones de ingeniería y energía renovables.

Esta ha sido la base argumental empleada por la representación legal de la eléctrica vasca en la vista que ha celebrado en Bilbao, para atender la reclamación presentada por ACS de que se suspendan cautelarmente dos acuerdos adoptados en la última Junta de Accionistas de Iberdrola el pasado 26 de marzo.

Ese día, la mesa de la junta aceptó inicialmente la petición de ACS, propietario del 12% de la compañía entre participaciones directas e indirectas, de contar con un representante en el consejo en ejercicio de la representación proporcional. El elegido fue José María Loizaga.

Poco después, un accionista de la eléctrica solicitó el «cese» inmediato de Loizaga apelando a un conflicto de intereses entre las dos empresas por competir en sectores como el de la ingeniería o el de las energías renovables.

La junta votó la exclusión del representante de ACS del consejo y, acto seguido, acordó reducir de 15 a 14 el número máximo de consejeros de la eléctrica. Estos son los dos acuerdos cuya suspensión cautelar ha reclamado ACS.

La representación legal de Iberdrola ha rechazado la suspensión cautelar de los acuerdos y ha recalcado que lo que realmente estaba en debate no era la «facultad» del primer accionista de la compañía a estar representado en su consejo, sino la capacidad de la mayoría de la propiedad (más del 80% de capital) de rechazar a un consejero que considera competencia directa.

Ha insistido en que la junta está «obligada» a apartar a un consejero que suponga una competencia directa con la empresa en varios sectores «estratégicos para ambas compañías».

La abogada de la eléctrica ha señalado que la compañía demandante ha incumplido varios preceptos legales para reclamar: ha dejado pasar los plazos previstos y ha disuelto la agrupación de acciones que respaldó el nombramiento del consejero.

La representación legal de Iberdrola ha recordado también que «durante más de tres años» ACS «ha consentido» la situación y no ha tomado ninguna medida en contra de las actuaciones del consejo.

Ha insistido en que ambos grupos son competidores directos en los sectores de ingeniería y energías renovables, que suponen el mayor porcentaje de las inversiones de ambos en los últimos años, de 62% para ACS y del 44% para Iberdrola.

El Palacio de Justicia de Bilbao acogió la vista con la que el juez titular debe dirimir sobre la petición de ACS de que se suspendan cautelarmente los acuerdos de la junta de Iberdrola que impugnó, aquellos que le impidieron entrar en el consejo de esta compañía. La resolución se conocerá el próximo lunes.