La iniciativa exige al Gobierno la obligatoriedad del uso de biocombustibles hasta el 2020 y el control de las importaciones de Estados Unidos, informó CiU, que aseguró que el objetivo es asegurar «en el plazo de seis meses» la supervivencia del sector.

Durante la defensa de la moción, la portavoz adjunta de CiU en el Senado, Montserrat Candini, exigió «la definición del horizonte de uso obligatorio de los biocarburantes hasta el 2020» y señaló que la mitad de las plantas de biodiesel «se encuentran paradas y las restantes funcionan al ralentí».

Añadió que en 2008 el sector sólo produjo al 9 por ciento de su capacidad debido a la importación de biodiesel subvencionado y con dumping -a precios por debajo de costes- de los Estados Unidos y de otros países extra comunitarios.

En la moción se insta a adoptar medidas para aumentar la demanda de biocarburantes en mezclas etiquetadas, así como a apoyar la adopción de medidas antidumping y antisubvención definitivas frente a las importaciones de biodiesel de los Estados Unidos, «realizando cuantas gestiones sean necesarias a nivel comunitario para que prosperen dichas medidas».

Los productores esperan que Gobierno actúe pronto

La asociación de productores de energías renovables (APPA) espera que el Gobierno modifique «cuanto antes» los reglamentos necesarios para asegurar que la obligación de consumo de biocarburantes sólo pueda cumplirse con producción comunitaria, informó hoy en un comunicado.

Según la APPA, el sector del biodiésel en España se encuentra actualmente en una situación «crítica» ya que la gran mayoría de las plantas abiertas en los últimos años están prácticamente paradas o funcionando muy por debajo de su capacidad como consecuencia de la entrada masiva de biodiésel subvencionado procedente de EEUU.

Asimismo, la Asociación se felicita de la decisión unánime adoptada por el Senado y espera que el Gobierno cumpla «cuanto antes» el compromiso legal para situar la obligación de biocarburantes en el 7 por ciento para 2011.

Además, pide al Ejecutivo que obligue a las gasolineras a poner a disposición de los consumidores mezclas de combustibles fósiles con un alto porcentaje de biocarburantes, como ha hecho Suecia.