El responsable de la Campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, afirmó que, a pesar de ser una multa récord en España, «es ridícula en comparación con la gravedad que tuvo el suceso».

«En lugar de ser ejemplarizante para evitar este tipo de conductas, al final la lección que aprenderán las compañías es que merece la pena el riesgo de funcionar violando la normativa y liberando radiactividad», añadió.

Bravo aseguró que, de haberse aplicado la máxima gravedad prevista en el régimen sancionador, la multa habría oscilado «entre los 150 y los 250 millones de euros».

Además, indicó que el expediente sancionador a Ascó «estaba viciado de origen, se inició en falso y fue un auténtico paripé», porque tuvo en cuenta los residuos de una pequeña cantidad de partículas encontradas sobre el terreno, no de «la cantidad total de residuos que debió salir» de la central.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Luis González, también calificó de «ridícula» la sanción de 15,4 millones de euros y resaltó que esta cantidad supone «tres días de beneficios de la central».

González destacó «la gravedad del incidente», en el sentido de que «se produjo una fuga radicativa, la central la ocultó, no tomó las medidas para paliarla y, además, hubo un problema de salud pública con escolares que estuvieron potencialmente expuestos a esa fuga».

Además de una sanción económica más elevada, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción comentó que debió abrirse diligencias a la dirección de Ascó para estudiar posibles responsabilidades penales.