La sentencia responde al recurso presentado por la Plataforma para la defensa de la Terra Alta y varios particulares que cuestionaban la legalidad de la autorización para modificar la localización de 13 de los 17 aereogeneradores del parque.

La parte demandante alegaba falta de estudio ambiental y del paisaje, de licencia, además de subrayar el riesgo forestal que representaba y el peligro que podía suponer para águilas que sobrevuelan la zona y para la cría de murciélagos.

El TSJC rechazó el recurso de la Plataforma y de un particular por no agotar la vía administrativa antes de acceder a la judicial, pero admitió parte del recurso presentado por el resto de demandantes.

De todas las cuestiones alegadas, el tribunal sólo estimó «suficientemente» la falta de declaración de impacto ambiental anterior a la modificación y la afectación que ello podría tener en las águilas, si bien no tuvo en cuenta las demás alegaciones de los demandantes.