En este artículo pedimos la retirada completa y total del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética. Luego no digan que no se lo advertimos antes. En todo caso, evidentemente este artículo es una enmienda a la totalidad extraparlamentaria, pero consideramos que es lo más patriótico que se puede hacer a la vista de los hechos y de las consecuencias que dicha normativa acarrea al sector, a la industria, a nuestra economía y a nuestro país. Son aclaraciones también relevantes para nuestros parlamentarios, que tienen derecho a su dignificación en este momento de efervescencia de la antipolítica.

Ayer conocíamos que se amplía el plazo de enmiendas al 13 de octubre para el trámite del Anteproyecto de Ley en el Congreso. Haciendo abstracción de la naturaleza nominal de la ley, en realidad, esta es una Ley de Imposición de la Generación de Electricidad y de otras fuentes de energía. Entre otras cosas, porque la fiscalidad que fija va directamente dirigida a la generación de electricidad y al consumo de determinados combustibles. No es una imposición medioambiental (dado que las sucesivas figuras impositivas que se crean atacan más a las tecnologías menos contaminantes del régimen general), ni tampoco consigue la sostenibilidad energética dada la insostenibilidad del modelo de primas a cualquier precio que vienen manteniendo los gobiernos españoles y que este anteproyecto pretende perpetuar.

Además, supuestamente, estos impuestos irían dirigidos a intentar absorber el problema del déficit tarifario, pero dado que los Presupuestos 2013 no hacen mención a las partidas que pasarían a las cuentas públicas y que se mantiene el tratamiento de los sistemas extra peninsulares dentro de la tarifa, las suspicacias son máximas alrededor del objetivo final de la norma: más voracidad fiscal y, luego, si te he visto, no me acuerdo. Y, todo a un coste excesivamente alto para nuestra economía, para la industria y para un sector muy intensivo en inversión a largo plazo como es el energético.

En todo caso, los días pasados han sido días duros para este Anteproyecto de Ley. Se han desvelado y comprobado graves defectos evidentes que, por otra parte eran completamente previsibles, para cualquier gobierno documentado. Y son defectos que provienen del mecanismo político que ha presidido su elaboración: la preponderancia de la gestión de los daños y los efectos, conforme a criterios ideológicos y a las afinidades electivas de las élites extractivas políticas españolas ahora en el Gobierno, que quieren salvaguardar el fenómeno renovables a cualquier precio, a costa de desmontar el modelo de sector y del suministro eléctrico.

Además el Ejecutivo, a la hora de la elaboración de la misma, partía de varios supuestos muy arriesgados y peligrosos: desconfiar del sector eléctrico, inducción desde los nuevos entrantes termosolares, negar la información contable y económica de la actividad, posiciones ideológicas retroprogresivas no contratadas sobre ciertas tecnologías y sobrevalorar la sobrecapacidad de generación despreciando las normativas europeas que impactan sobre ella. Por tanto, de estos prejuicios se llega a un diagnóstico erróneo, resultando una propuesta también errónea y fatal que provoca daños sistémicos en el sector eléctrico español, con derivaciones hacia la industria y la seguridad de suministro.

Así, día a día, los problemas se conocen y se suceden. El proyecto se desmorona hasta tornarse en un disparate colosal, ejemplo de desgobierno económico. Estos son sus efectos, que hemos ido explicando en Energía Diario:

– Primero, la advertencia de la Comisión Europea de que va a enviar a sus hombres de negro para investigar la naturaleza del déficit tarifario español y de la insuficiencia de la tarifa para cubrir el coste del suministro. Los responsables económicos y energéticos del Gobierno se tendrán que esmerar y verán cómo explican con unos precios bajos en el mercado de generación, el desmadre de costes regulados y primas o la vulneración de los Planes de Energías Renovables con efectos devastadores sobre los costes. Las teorías retroprogresivas no servirán a los economistas internacionales como ejercicio de comunión con ruedas de molino.

– Segundo, el efecto previsto que la normativa propuesta tendrá sobre la industria y los grandes consumidores, todos ellos ya liberalizados y cuyos contratos se extinguen en el peor momento para la visión política de José Manuel Soria al frente del Ministerio. La amenaza de deslocalización y la hiperactividad del ministro para sedar estas reclamaciones son, en realidad, un tiro en el pie. El ministro tiene doble personalidad y doble riesgo: dinamita el sector energético y dinamita el de la industria. Le queda el turismo.

– Tercero, y muy importante, problemas en el seno de la Unión Europea, de los estados miembros y del mercado ibérico de la electricidad (y filosóficamente avanzando hacia un mercado único de la electricidad). El efecto del incremento de precios en el MIBEL con traslación al consumidor de Portugal, con consecuencias valorables incluso desde el punto de vista de la imposición internacional. Un conjunto de daños muy relevantes: elevación de precios en el mercado ibérico, traslación a los consumidores portugueses, sabotaje a las empresas del régimen general español y menos exportaciones a Francia.

– Finalmente, el efecto desdeñado de la Directiva de Emisiones Industriales. Los impuestos propuestos afectarán a las instalaciones térmicas de carbón nacional, importado y gas. La inestabilidad regulatoria hace inviable la decisión sobre las inversiones a medio plazo. Es un problema a largo plazo, para el sector de generación eléctrica térmico, del que Industria tiene conocimiento, pero por su plazo, no le preocupa. Puede ser un severo problema de seguridad de suministro además de abocar al sector carbonífero al cierre antes de lo previsto y al achatarramiento de las instalaciones de generación.

Las primeras consecuencias del mero anuncio de la norma no se han hecho esperar. En el caso nuclear, Garoña no solicita su ampliación debido a su inviabilidad por las inversiones a realizar y los nuevos impuestos a esta tecnología. Las cifras no salen, aunque el ministro ve este anuncio como un desafío. Pero, es más: han llegado nuevas noticias sobre el posible cierre de plantas de generación y la venta de instalaciones de ciclo combinado en España como las de GDF Suez. El Gobierno ya no puede achacar estas noticias al hecho de que le reten o a la perfidia de las empresas, coartada inaudita hasta el momento también del colectivo retroprogresivo y de los sectores interesados en reducir el hueco térmico para entrar a suministrar, aunque suponga decisiones costosas como el cierre de actividad y la entrada en operación de tecnologías más caras y más generosamente pagadas. Es un tema económico.

Y, es más, a la vista de todos estos efectos es necesario concluir que los problemas de este anteproyecto, dado su alcance y gravedad, no se salvan con correcciones, enmiendas o matices. No se puede alegar ignorancia, inobservancia a las recomendaciones e indolencia ante cuestiones graves, relevantes y medulares del proyecto.

Curiosamente este disparate es uno de los primeros que el Gobierno tramitará por vía parlamentaria, dado que para la mayor parte de lo aprobado en la legislatura se ha utilizado la fórmula del Real Decreto Ley. Industria ha conseguido además una tramitación rocosa en una Comisión, la de Industria, controlada casi en exclusiva por canarios y cercanos al ministro Soria. Por tanto, en estas condiciones se entrega al Parlamento una norma muy peligrosa e imposible de arreglar, para ejercer el rodillo mediante la disciplina de partido.

En todo caso, seamos constructivos: retiren totalmente la norma. Siéntense, estudien, hablen, escuchen, negocien, hagan números, gestionen, sean responsables… Todavía es posible.

A todo esto, una pregunta, ¿podrán enmendar los portugueses?