Entre las medidas que contiene este decreto se encuentra la congelación hasta el año 2012 del recibo de la luz para los consumidores cuya potencia contratada sea de hasta 3 kilovatios (KW), así como para familias numerosas, personas que perciban pensiones mínimas o familias cuyos miembros estén todos en paro.

Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta tarifa reducida o “bono social” (que cubrirá la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso (TUR) y una tarifa de referencia) pretende “que haya un coste cero de la factura de la luz para cinco millones de hogares durante los próximos cuatro años”, algo que afectará a más de 14,5 millones de personas. “No se trata de dar un cheque, sino de proteger a los consumidores más vulnerables” afirmó de la Vega.

En cualquier caso, el coste de estas ayudas será asumido por las compañías eléctricas como parte del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Industria y con el que se pone fin a meses de largas negociaciones entre ambas partes.

El déficit de tarifa, que alcanza una cifra cercana a los 14.000 millones de euros, es la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes de generación de las compañías eléctricas.

La vicepresidenta primera del Gobierno aseguró que «vamos a acabar con una deuda tarifaria que estaba poniendo en riesgo la seguridad de suministro» y que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Por su parte, el Ministerio de Industria destacó en un comunicado que este decreto definirá «un mecanismo de financiación robusto» que asegurará que el sistema eléctrico afrontará todos los pagos con la garantía del Estado, que avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit pendiente de titulizar.

Según Industria, la situación actual «impide la competencia en el mercado eléctrico, dificulta las inversiones en el sector e impide a los ciudadanos recibir señales adecuadas de precios para adaptar su patrón de consumo al coste de la energía eléctrica».

Junto al aval del Estado, los Presupuestos Generales del Estado absorberán de forma gradual hasta el años 2012 los costes de producción eléctrica de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, valorados en 1.300 millones de euros.

Las compañías eléctricas, además de asumir el coste del “bono social” también se encargarán de la gestión de residuos radioactivos, cuyo coste ronda los 2.700 millones de euros.

En cuanto al sector del gas, se modifica la Ley de Hidrocarburos y se designa a Enagás, transportista único de una parte de la red primaria de transporte.

De la Vega, que aseguró desconocer «los interiores de la negociación», valoró de forma «muy positiva» esta medida «pendiente desde hace tiempo».

Financiación de la deuda

Ante la necesidad de liquidez del sector eléctrico para financiar la deuda acumulada, los derechos de cobro se cederán a un fondo de titulización de nueva creación. Este fondo emitirá un máximo de 10.000 millones de euros durante 2009 relativos a los déficits tarifarios reconocidos y pendientes de cesión a terceros.

Asimismo, el Estado avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 que se cedan al fondo y la CNE designará al gestor del mencionado fondo de titulización, que permitirá una gestión eficiente de la deuda del sistema eléctrico, acotará el déficit que puedan surgir hasta 2013 y garantizará que a partir de ese ejercicio no se producirán más déficits.