Las cinco plantas de consumo intensivo de electricidad del país, pertenecientes a Asturiana de Zinc, Alcoa y ArcelorMittal, ya han comenzado a firmar con las compañías eléctricas los contratos bilaterales de suministro que sustituirán a la tarifa G.4.

Hasta el momento, la primera compañía en anunciar oficialmente la firma de nuevos contratos en el mercado liberalizado ha sido ArcelorMittal. Su director general, Gonzalo Urquijo, anunció en Oviedo que se acababa de cerrar la negociación sobre la tarifa G.4, sin dar más detalles, y se limitó a decir que la solución alcanzada será «competitiva«. Fuentes de esta compañía indicaron que se han firmado acuerdos con cuatro compañías eléctricas y que el resultado ha sido «satisfactorio para ambas partes«.

Estos acuerdos se producen apenas dos meses antes de la liberalización de la tarifa G.4, la última de las vigentes para los consumidores industriales, que a partir del 1 de julio pasarán a contratar la electricidad en el mercado. En julio de 2008 ya se liberalizaron las tarifas de más de 15 kilovatios (kW) de potencia.

Los grandes consumidores y los sindicatos llevan meses denunciando el fuerte incremento de los costes energéticos de las empresas y exigiendo unos contratos bilaterales con periodos de compra más amplios y flexibles.

Los sindicatos han puesto énfasis en la necesidad de un marco tarifario estable para las grandes industrias que garantice las inversiones a largo plazo y que permita mantener el empleo. Esta posición fue transmitida al Ministerio de Industria en la reunión de esta semana acerca de la solución del déficit tarifario.

De hecho, la búsqueda de una solución a la salida al mercado de la G.4 sin que se produzca una pérdida de competitividad de las eléctricas ha formado parte de las negociaciones entre el Ministerio de Industria y las compañías eléctricas para poner fin al déficit de tarifa.

Las fuentes consultadas señalaron que el acuerdo del déficit se producirá en breve, como muy tarde antes del 1 de julio, y que se ultima detalles sobre los avales del Estado a la titulización de deuda, el bono social y las partidas de la tarifa que se trasladarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).